El 27 de septiembre de 1996 los talibanes entraron en Kabul y transformaron el equilibrio político de Afganistán; tres décadas después, la historia del país sigue marcada por la guerra, la intervención internacional y una de las restricciones más severas de los derechos de mujeres y niñas.
Hay fechas que parecen pertenecer exclusivamente a los libros de historia, pero cuyos efectos continúan presentes. El 27 de septiembre de 1996 es una de ellas. Ese día, las fuerzas talibanes entraron en Kabul y tomaron el control de la capital afgana después de años de guerra civil.
La caída de Kabul no puso fin al conflicto. Por el contrario, abrió una nueva etapa en la historia contemporánea de Afganistán y permitió que los talibanes consolidaran progresivamente su dominio sobre buena parte del territorio.
Un informe de Naciones Unidas de aquellos días documentó que las fuerzas talibanes ingresaron a Kabul durante las primeras horas del 27 de septiembre y asumieron rápidamente el control de la ciudad. La organización también registró la imposición de su interpretación de la ley islámica y las primeras restricciones sobre la población.
La entrada a Kabul estuvo acompañada, además, por un episodio que conmocionó a la comunidad internacional. El expresidente Mohammad Najibullah, quien se encontraba refugiado en instalaciones de Naciones Unidas desde 1992, fue sacado por la fuerza del recinto junto con su hermano y posteriormente ejecutado. El Consejo de Seguridad condenó la violación de las instalaciones de Naciones Unidas y la ejecución.
Un país agotado por décadas de guerra
Para comprender el ascenso talibán es necesario retroceder más allá de 1996. Afganistán había atravesado el golpe de Estado de 1978, la intervención militar soviética iniciada en 1979, la guerra contra las fuerzas muyahidines y, posteriormente, una nueva etapa de enfrentamientos entre distintos grupos armados.
Después de la retirada soviética en 1989 y del colapso del gobierno de Najibullah en 1992, las distintas facciones muyahidines comenzaron a enfrentarse entre sí. Kabul quedó atrapada en una guerra que destruyó infraestructura, desplazó a miles de personas y debilitó todavía más las instituciones estatales.
En ese escenario surgió el movimiento talibán, formado principalmente por estudiantes de escuelas religiosas y apoyado inicialmente por sectores vinculados con las redes de refugiados y combatientes de la región. El grupo tomó Kandahar en 1994 y posteriormente avanzó hacia otras zonas del país.
Para septiembre de 1996 ya controlaba Kabul. Naciones Unidas describía entonces un país fragmentado y sometido a una prolongada crisis humanitaria.
El contexto internacional tampoco era sencillo. Afganistán se había convertido en un espacio donde distintos actores regionales tenían intereses y vínculos con las diferentes facciones. En abril de 1996, representantes afganos denunciaban ante el Consejo de Seguridad la interferencia extranjera y reclamaban una mayor intervención diplomática para detener el flujo de armas y favorecer las negociaciones.
Por ello, reducir el ascenso talibán a una explicación exclusivamente interna dejaría fuera una parte importante del contexto geopolítico de la región.
El primer borramiento de las mujeres
Una de las primeras señales del nuevo orden fue la transformación radical de la vida cotidiana de las mujeres.
Tras la toma de Kabul, las autoridades talibanes impusieron restricciones severas al empleo femenino y al acceso de las niñas y mujeres a la educación. Naciones Unidas documentó desde finales de 1996 que en las zonas bajo control talibán las niñas tenían generalmente prohibido asistir a la escuela y las mujeres tenían prohibido trabajar.
La situación no se limitó a esos ámbitos. Las restricciones afectaron también la movilidad, la participación pública, la vestimenta y el acceso a determinados servicios.
El problema adquirió una dimensión particularmente grave porque las restricciones laborales también afectaban la asistencia humanitaria. En una sociedad donde muchas mujeres y niñas solo podían ser atendidas por personal femenino, impedir que las mujeres trabajaran dificultaba directamente la distribución de ayuda y la prestación de servicios básicos.
En 1997, un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalaba que las mujeres habían sido prohibidas de trabajar y que las niñas no podían asistir a escuelas y otros centros educativos. También documentaba la imposición de códigos estrictos de vestimenta y castigos contra quienes no los cumplían.
La exclusión no fue, por tanto, un efecto secundario del nuevo régimen. Se convirtió en una política estructural.
Entre la diplomacia y la guerra
La comunidad internacional intentó utilizar diferentes mecanismos para impulsar una solución política. Naciones Unidas promovió negociaciones entre las facciones, reclamó el cese de las hostilidades y llamó reiteradamente a construir un gobierno representativo.
Sin embargo, la diplomacia encontró obstáculos importantes: la fragmentación del país, la intervención de actores regionales, el flujo de armas y la falta de un acuerdo entre las principales fuerzas afganas dificultaron la construcción de una salida negociada.
En 1996, el Consejo de Seguridad insistía en que las partes debían abandonar el uso de la fuerza y participar en un proceso político de reconciliación nacional. También reclamaba respeto por la seguridad del personal internacional y de las instalaciones de Naciones Unidas.
La experiencia afgana mostró así uno de los límites recurrentes de la diplomacia internacional: la existencia de resoluciones y llamados al diálogo no garantiza por sí misma que los actores armados estén dispuestos a abandonar sus objetivos militares.
2001 y el regreso del conflicto internacional
Los talibanes permanecieron en el poder hasta 2001. Después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y de la negativa del régimen talibán a entregar a Osama bin Laden, una coalición encabezada por Estados Unidos intervino militarmente en Afganistán.
El régimen talibán cayó rápidamente, pero la guerra no terminó.
Durante los siguientes veinte años se desarrolló un nuevo proyecto de reconstrucción estatal respaldado internacionalmente. En 2004 Afganistán adoptó una nueva Constitución que reconocía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Durante ese periodo aumentó considerablemente la participación femenina en la educación, el empleo y la vida pública.
La historia posterior, sin embargo, volvió a dar un giro radical.
El retorno talibán en 2021
El 15 de agosto de 2021, después de la retirada de las fuerzas internacionales y del colapso del gobierno afgano, los talibanes volvieron a tomar Kabul.
La segunda etapa de gobierno talibán recuperó varias de las restricciones que habían caracterizado al régimen de los años noventa, aunque el contexto internacional y las instituciones afganas eran diferentes.
Un informe reciente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas describe desde 2021 un amplio proceso de desmantelamiento de las garantías institucionales de igualdad y documenta numerosas medidas que restringen los derechos de mujeres y niñas, particularmente en educación, empleo, movilidad y participación pública.
La diferencia histórica es importante. En 1996 el mundo observaba el surgimiento de un régimen cuya permanencia todavía estaba por definirse. En 2026, las restricciones forman parte de un sistema de gobierno que lleva cinco años nuevamente en el poder.
Tres décadas después, la historia sigue abierta
Hablar de treinta años de “retroceso” requiere una precisión histórica. Afganistán no ha vivido tres décadas continuas bajo gobierno talibán. El primer periodo se extendió de 1996 a 2001 y fue seguido por dos décadas de gobierno respaldado internacionalmente, hasta el regreso talibán en 2021.
Lo que sí puede observarse a lo largo de estas tres décadas es una enorme discontinuidad política: guerra civil, régimen talibán, intervención internacional, construcción institucional, retirada extranjera y regreso de los talibanes.
En medio de esos cambios existe una constante dolorosa: la población civil ha soportado buena parte de los costos del conflicto.
Y las mujeres han quedado particularmente expuestas a los cambios de régimen. Sus derechos han avanzado y retrocedido en función del proyecto político dominante, demostrando hasta qué punto la construcción institucional y la igualdad jurídica dependen también de la capacidad efectiva de un Estado para proteger esos derechos.
La caída de Kabul en 1996 no explica por sí sola la historia reciente de Afganistán. Pero sí representa un momento decisivo para entender el surgimiento del primer Emirato Islámico talibán y el comienzo de una política sistemática de exclusión de las mujeres de amplios espacios de la vida pública.
Treinta años después, Kabul continúa siendo un símbolo de esa historia. No solamente por lo ocurrido aquel septiembre de 1996, sino porque la ciudad volvió a caer en manos talibanes en 2021.
La lección histórica quizá no esté en buscar una explicación única para tres décadas de conflicto. Está en comprender cómo la debilidad institucional, las guerras internas, las rivalidades regionales, las intervenciones externas y la exclusión de sectores enteros de la sociedad pueden combinarse para impedir la construcción de una paz duradera.
Afganistán demuestra que terminar una guerra y construir una sociedad estable son problemas diferentes. Y que, cuando los derechos humanos quedan subordinados a la lucha por el poder, quienes tienen menos capacidad para defenderse suelen ser los primeros en perderlos.