El gobernador de Tamaulipas rechazó que autoridades mexicanas o estadounidenses le hayan notificado una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de un reportaje de N+ que lo relacionó con pesquisas derivadas del caso de Rubén Rocha Moya.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó categóricamente que exista una investigación formal en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico o por financiamiento de campañas con recursos de organizaciones criminales. Su respuesta llegó después de que un reportaje de N+ señalara que agencias estadounidenses estarían revisando posibles conexiones entre el mandatario tamaulipeco y el caso que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Villarreal afirmó que nunca ha recibido una notificación, citatorio o comunicación oficial de autoridades de México o Estados Unidos relacionada con algún delito. Además, calificó como falsos los señalamientos y acusó al medio de presentar lo que consideró “propaganda política disfrazada de noticia”.
La controversia, sin embargo, no surgió de la nada. N+ publicó el 27 de agosto un reportaje en el que sostuvo que agencias estadounidenses, entre ellas la CIA, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, habían abierto expedientes relacionados con presuntos esquemas de lavado de dinero y financiamiento de campañas electorales vinculados con Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal.
El propio reporte periodístico reconoce un elemento importante que obliga a tomar los señalamientos con cautela: parte de la información procede de testimonios y grabaciones cuya autenticidad e interpretación han sido cuestionadas por una de las personas involucradas.
Entre los testimonios mencionados aparece Jocelyn Hernández Jiménez, quien posteriormente sostuvo que una entrevista utilizada para sustentar los señalamientos había sido manipulada. Otros medios que retomaron la información, como Publimetro y Noroeste, también han señalado esta controversia alrededor de las declaraciones atribuidas a Hernández.
Por ahora, la información pública disponible permite confirmar que existe una disputa periodística y política alrededor de los presuntos expedientes estadounidenses, pero no una confirmación pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos que identifique a Villarreal como acusado formalmente en el proceso penal abierto contra funcionarios de Sinaloa.
El contraste resulta relevante. El Departamento de Justicia estadounidense sí hizo pública en abril de 2026 una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. En ese documento oficial, Rocha aparece como uno de los acusados, mientras que Américo Villarreal no figura entre los imputados.
El caso de Rocha Moya ha adquirido una dimensión política considerable. El gobernador sinaloense se separó temporalmente del cargo mientras avanzaban las investigaciones y posteriormente intentó regresar a la gubernatura, decisión que generó críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de integrantes de Morena. Después de una breve reincorporación, volvió a solicitar licencia.
La situación de Villarreal es distinta y, hasta este momento, debe separarse de la acusación formal presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya. Lo que existe respecto del gobernador tamaulipeco son señalamientos difundidos por N+ y su posterior negativa pública, además de la exigencia de que se presenten documentos que respalden las afirmaciones difundidas.
El mandatario tamaulipeco anunció precisamente que solicitó a N+ ejercer su derecho de réplica. De acuerdo con la información difundida por el propio medio, Villarreal pidió que se le proporcione la documentación que sustenta el contenido del reportaje y que su respuesta sea difundida.
El episodio ocurre en un momento especialmente delicado para la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Washington ha intensificado las acciones contra organizaciones criminales mexicanas y, en abril, el Departamento de Justicia presentó públicamente cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, a quienes acusó de colaborar presuntamente con integrantes del Cártel de Sinaloa. El documento estadounidense aclara, no obstante, que las acusaciones son solamente alegaciones y que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Por ello, conviene distinguir entre una investigación periodística, una pesquisa gubernamental y una acusación judicial. Son etapas diferentes y no deben presentarse como equivalentes. En el caso de Américo Villarreal, no se ha localizado una acusación pública del Departamento de Justicia estadounidense que lo incluya entre los procesados.
La polémica, no obstante, difícilmente desaparecerá con una sola declaración. Villarreal enfrenta ahora el reto de aclarar públicamente los señalamientos mientras exige que quienes los difundieron presenten las pruebas correspondientes. La respuesta definitiva dependerá de si aparecen documentos oficiales que confirmen o descarten la existencia de una investigación en su contra.
