Amnistía Internacional documenta casos de extranjeros atraídos hacia el Ejército ruso mediante falsas ofertas de empleo, presiones y amenazas, mientras organismos internacionales y varios gobiernos han denunciado redes de reclutamiento vinculadas con la guerra en Ucrania.
Amnistía Internacional acusó a Rusia de utilizar prácticas engañosas, coercitivas y abusivas para incorporar a ciudadanos extranjeros a sus fuerzas armadas y enviarlos a combatir en Ucrania. La organización sostiene que, en numerosos casos documentados, esas prácticas pueden constituir trata de personas.
La denuncia aparece en un informe publicado el 10 de septiembre, elaborado a partir de entrevistas con prisioneros de guerra y otras personas vinculadas con ciudadanos extranjeros reclutados por las fuerzas rusas. La organización también examinó información procedente de familiares, abogados, periodistas y activistas.
Según Amnistía, los testimonios describen un patrón que comienza, en algunos casos, con ofertas de empleo civil aparentemente normales. A ciudadanos de países con bajos ingresos se les prometen puestos en sectores como logística, construcción o almacenes, con salarios elevados. Una vez en Rusia, algunos aseguran haber descubierto que el contrato que debían firmar correspondía en realidad al Ministerio de Defensa.
Otros testimonios recopilados por la organización señalan la confiscación de pasaportes y teléfonos, restricciones a la libertad de movimiento, entrenamiento insuficiente y amenazas contra quienes intentaban abandonar el servicio militar.
La organización considera que estos elementos pueden encajar en la definición internacional de trata de personas cuando existe captación mediante engaño o coerción con el objetivo de explotar a las víctimas. El Protocolo de Palermo de Naciones Unidas establece precisamente que la trata puede producirse mediante engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
El informe se concentra especialmente en ciudadanos procedentes de países del llamado Sur Global. Amnistía señala que entre las personas entrevistadas había ciudadanos de Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Sierra Leona, Sri Lanka, Somalia y Sudáfrica, además de personas procedentes de otros países.
Uno de los casos documentados corresponde al atleta keniano Evans Kibet, quien, según su testimonio recogido por Amnistía, viajó a Rusia para participar en una competición deportiva y posteriormente recibió una oferta de trabajo civil. Kibet afirmó que terminó firmando un contrato militar, perdió el control de sus documentos y teléfono y fue enviado primero a entrenamiento y después al frente en Ucrania.
El caso keniano no es aislado dentro de las denuncias internacionales. En marzo de 2026, el ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, viajó a Moscú y anunció que Rusia había acordado detener el reclutamiento de ciudadanos kenianos para su Ejército. Reuters informó entonces que Nairobi había recibido información sobre más de mil kenianos incorporados a las fuerzas rusas, aunque las cifras exactas seguían siendo difíciles de determinar.
El Parlamento Europeo también abordó el asunto. En una resolución aprobada el 12 de marzo de 2026 por 479 votos a favor, 17 en contra y 43 abstenciones, la institución denunció el reclutamiento mediante engaños y coerción de ciudadanos de países africanos y de otras regiones para incorporarlos al servicio militar ruso. El texto pidió investigar las redes involucradas y facilitar la repatriación de personas reclutadas fraudulentamente.
La resolución europea citó específicamente ofertas falsas de empleo, educación, residencia o ciudadanía como algunos de los mecanismos utilizados para atraer a extranjeros hacia Rusia. También señaló que los reclutamientos se han dirigido a personas de zonas de bajos ingresos y que algunas redes utilizan plataformas digitales para localizar posibles candidatos.
La magnitud del fenómeno es uno de los aspectos más difíciles de determinar. El informe de Amnistía cita cifras proporcionadas por la Sede de Coordinación ucraniana para el Trato de los Prisioneros de Guerra, según la cual 28.391 ciudadanos extranjeros de 136 países habían sido identificados como participantes en las hostilidades dentro de las fuerzas rusas hasta abril de 2026. La propia organización advierte que las cifras disponibles dependen de registros y fuentes que no permiten establecer con precisión el número total de extranjeros actualmente integrados en las fuerzas rusas.
La cuestión tampoco se limita a ciudadanos africanos. El Parlamento Europeo ha mencionado también casos relacionados con personas procedentes de Cuba, Asia Central y Asia Meridional. De hecho, gobiernos de distintos países han expresado preocupación por ciudadanos que fueron incorporados a las fuerzas rusas y posteriormente enviados al frente.
India, Nepal, Sri Lanka, Kenia, Ghana, Jordania, Sudáfrica y Botsuana se encuentran entre los países que han denunciado públicamente casos de ciudadanos reclutados para combatir del lado ruso o han solicitado su regreso. En algunos lugares también se han abierto investigaciones contra intermediarios acusados de participar en las redes de captación.
La situación plantea un problema especialmente delicado para los migrantes que ya se encuentran en Rusia. Amnistía documenta casos en los que personas con problemas de residencia o documentación habrían quedado expuestas a presiones de las autoridades. Según los testimonios recopilados, algunos detenidos por infracciones migratorias habrían recibido como alternativa a la deportación la posibilidad de firmar un contrato militar.
Para los defensores de derechos humanos, la vulnerabilidad económica y administrativa es precisamente uno de los elementos que permite que estas redes funcionen. Una persona que viaja buscando un empleo mejor remunerado puede encontrarse, de acuerdo con los testimonios documentados, en una situación completamente distinta una vez que sus documentos son retenidos y queda limitada su capacidad para abandonar el país.
Amnistía Internacional solicitó al Gobierno ruso que ponga fin a estas prácticas y que investigue a quienes participen en ellas. La organización también pidió que las personas reclutadas mediante engaños puedan regresar a sus países de origen y que los Estados de procedencia refuercen las advertencias dirigidas a sus ciudadanos.
Rusia ha rechazado algunas de las acusaciones internacionales y ha sostenido que numerosos extranjeros incorporados a sus fuerzas armadas firmaron contratos voluntariamente. Esa posición contrasta con los testimonios citados por organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, que describen casos en los que la decisión de incorporarse al Ejército estuvo precedida por engaños o presiones.
La diferencia entre una incorporación voluntaria y un reclutamiento mediante trata resulta fundamental desde el punto de vista jurídico. No todo extranjero que firma un contrato con las fuerzas rusas es automáticamente víctima de trata; para establecerlo deben analizarse las circunstancias concretas de captación, consentimiento, coerción y explotación.
El caso adquiere además una dimensión internacional porque el reclutamiento de extranjeros se ha convertido en un asunto que trasciende la guerra y afecta directamente a las relaciones de Rusia con países de África, Asia y América Latina. Las denuncias de gobiernos, organismos europeos y organizaciones de derechos humanos han colocado bajo mayor escrutinio a las redes que ofrecen empleos o contratos a ciudadanos extranjeros.
Amnistía sostiene que las autoridades rusas deben garantizar que ningún extranjero sea trasladado al frente mediante engaños, amenazas o abuso de vulnerabilidad. Mientras tanto, los gobiernos de los países afectados enfrentan el desafío de identificar a sus ciudadanos, determinar las circunstancias en las que fueron reclutados y, cuando corresponda, gestionar su retorno.
El informe deja así una cuestión abierta que va más allá del número de combatientes extranjeros: hasta qué punto las dificultades económicas, migratorias y sociales de personas de otros países están siendo utilizadas para cubrir las necesidades de personal de una guerra que entra en su quinto año desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.