También se avaló incluir el concepto de cultura de paz en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), aprobó con 25 votos el dictamen que establece la responsabilidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno de adoptar medidas para prevenir los matrimonios infantiles.
El documento adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Herrera Anzaldo subrayó que la reforma señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad o en exclusión social, añadió.
El documento menciona que se incluyó el término “prácticas nocivas” establecido en la Recomendación número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas adoptadas de manera conjunta.
Lo anterior, por considerar que esta problemática es transversal y debe ser atendida por las autoridades del Gobierno Federal, estatal y municipal, quienes en sus ámbitos de competencia requieren realizar acciones para garantizar el interés superior de la niñez por encima de cualquier uso o costumbre que tenga como finalidad atentar contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La Comisión dictaminadora advierte que las propuestas de las y los promoventes buscan incorporar los términos de matrimonio forzado, infantil o temprano; sin embargo, se considera que las inquietudes vertidas por los promoventes pueden ser recogidas por el término de “prácticas nocivas” derivado de la recomendación antes citada.
La diputada Herrera Anzaldo señaló que el dictamen se deriva de iniciativas de todos los grupos parlamentarios y fue un esfuerzo importante realizado de forma coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, el DIF y los asesores de la junta directiva de la Comisión.
En su intervención, la diputada Norma Aceves García (PRI) destacó que para atender y hacer frente al matrimonio infantil a nivel legislativo se cuenta con una serie de herramientas que tienen la finalidad de erradicar su incidencia, como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece que las leyes federales y las entidades federativas fijen como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, sin excepción.
Sin embargo, dijo, hay prácticas que bajo el argumento de ser usos y costumbres se siguen presentando y violentando los derechos humanos de los menores, como cuando los padres de familia venden o intercambian a sus hijas, lo que obliga a que desde el Poder Legislativo se dote del marco jurídico para enfrentarlas.
Apuntó que en México el matrimonio infantil afecta al 4.45 por ciento de las adolescentes entre los doce y 17 años. Inmujeres ha detectado que el 42.4 por ciento de mujeres en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años, el 43.3 por ciento de las jóvenes en esta situación no asisten a la escuela o porque se embarazaron.
Del PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo reconoció el trabajo de la Comisión por conjuntar todas las propuestas relativas a este tema en un solo dictamen, integrado por iniciativas presentadas por legisladoras del PRI, PAN y Morena.
Incorporan el concepto de la cultura de la paz
En modalidad virtual, la instancia legislativa también avaló con 25 votos el dictamen con proyecto de decreto a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Herrera Anzaldo explicó que el documento tiene la finalidad de incorporar el concepto de la cultura de la paz, entendido como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechacen la violencia y prevengan los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas.
Asimismo, incorpora el impulso de la educación cívica básica para fomentar este tipo de cultura.
El dictamen ratifica, dijo, el decreto enviado por el Senado de la República y se incorporaron dos iniciativas turnadas a la Comisión sobre el mismo tema, presentadas por las diputadas Dulce María Silva Hernández y Flora Tania Cruz Santos, ambas de Morena, mismas que se consideraron sin alterar el contenido del decreto, con lo cual se abona a seguir construyendo en torno al concepto de la paz.
Por otra parte, la Comisión avaló tres dictámenes a puntos de acuerdo y seis opiniones a diversos ordenamientos jurídicos en favor de las niñas, niños y adolescentes.
La diputada presidenta Herrera Anzaldo resaltó que la agenda de la Comisión es producto del trabajo plural y colegiado que se ha hecho en pro de la niñez mexicana.
Los tres puntos de acuerdo se aprobaron en bloque con 25 votos, uno para que la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, coordinada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, continúen incorporando a sus programas mesas de diálogo con representantes de municipios fronterizos y de la sociedad civil, a fin de escuchar sus opiniones y demandas sobre el estado que guarda la protección de los derechos de los menores migrantes.
El segundo, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de Consejo Nacional de Población, de manera conjunta con las secretarías de Educación Pública y de Salud continúen fortaleciendo en los distintos centros e instituciones educativas del nivel básico y medio superior, las campañas y acciones para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes.
El tercer exhorto se aprobó con 23 votos a favor y dos en contra, con el objetivo de que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes continúe las investigaciones y resuelva de manera pronta y expedita el caso relacionado con el Centro de Asistencia Social “Capullos”.
Además, para que los titulares de las 32 entidades federativas, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, revisen los procedimientos y protocolos vigentes respecto a medios alternativos de cuidado familiar, con la finalidad de homologarlos en congruencia con las disposiciones del propio Sistema y, con ello, erradicar prácticas que resultan contrarias a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al interés superior de la niñez.
Respecto a las seis opiniones emitidas por la Comisión, la primera se validó con 24 votos, relativa a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre la necesidad de contar con espacios dignos para la lactancia materna.
La segunda opinión sobre la propuesta para modificar el artículo 61 de la Ley General de Salud en materia de enfermedades raras, la Comisión la aprobó en sentido positivo con 26 votos.
La tercera opinión se aprobó con 25 votos con modificaciones a la iniciativa que adiciona el artículo cuarto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde plantea la relevancia de que la Comisión dictaminadora considere realizar adecuaciones a la propuesta que permitan diferenciar entre la comisión de delitos de menores de edad, de aquellos que son consecuencia del crimen organizado, partiendo del hecho de que en este último caso los menores de edad deben ser considerados también como víctimas y no como delincuentes.
La cuarta opinión se avaló con 25 votos respecto a las iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Penal Federal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de reclutamiento ilícito de menores.
La quinta opinión, con modificaciones, se aprobó con 25 votos en torno a la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La sexta opinión favorable se avaló con 26 votos, respecto de la iniciativa para reformar el artículo segundo de la Constitución Política en materia de matrimonio infantil, a fin de establecer la prohibición de esta unión para eliminar cualquier justificación que genere la venta de menores de edad o el matrimonio infantil, particularmente en las comunidades y pueblos indígenas en función de sus usos y costumbres.
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