El organismo internacional estima que la pobreza monetaria en México disminuyó de 35.3 a 20 por ciento entre 2018 y 2026. Sin embargo, el cálculo incorpora proyecciones para los dos últimos años y utiliza una metodología distinta a la medición multidimensional del INEGI, una diferencia que resulta indispensable para interpretar el alcance de los resultados.
La reducción de la pobreza en México volvió al centro del debate público después de que el Gobierno federal presentó los resultados del informe “Perspectivas macroeconómicas sobre la pobreza” del Banco Mundial. De acuerdo con las estimaciones del organismo, entre 2018 y 2026 alrededor de 17.3 millones de personas habrían dejado de vivir por debajo de la línea internacional de pobreza monetaria utilizada para países de ingreso mediano alto.
La cifra fue difundida durante la conferencia matutina del 16 de noviembre, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según los datos presentados, la población situada por debajo de ese umbral pasó de aproximadamente 43.9 millones de personas en 2018 a 26.6 millones en 2026.
El Gobierno atribuyó este resultado a la política social iniciada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuada por Sheinbaum, particularmente al incremento de los ingresos laborales, la recuperación del poder adquisitivo y la expansión de los programas sociales. No obstante, para comprender correctamente el dato es necesario distinguir entre una estimación internacional y la medición oficial de pobreza que se utiliza en México.
Una estimación que combina datos observados y proyecciones
El informe del Banco Mundial utiliza una línea de pobreza de 8.30 dólares diarios por persona, calculada con base en la paridad de poder adquisitivo de 2021. Este indicador permite comparar las condiciones monetarias de distintos países y clasifica como pobres a quienes disponen de recursos inferiores a ese umbral.
De acuerdo con las estimaciones difundidas, la proporción de población mexicana por debajo de esa línea disminuyó de 35.3 por ciento en 2018 a 20 por ciento en 2026, una reducción de 15.3 puntos porcentuales. Sin embargo, el resultado no corresponde exclusivamente a mediciones concluidas: incorpora información observada hasta 2024 y estimaciones para 2025 y 2026.
Esta precisión importa porque presentar los 17.3 millones como un resultado estadístico completamente observado puede generar una interpretación equivocada. El dato de 2026 es una estimación del organismo internacional, no un registro definitivo de personas cuya situación económica ya fue comprobada mediante una encuesta nacional.
También debe evitarse confundir esta medición con la pobreza multidimensional del INEGI, que considera tanto el ingreso como las carencias en derechos sociales, entre ellos educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.
En su medición más reciente, publicada en agosto de 2025, el INEGI reportó que la pobreza multidimensional pasó de 51.9 millones de personas en 2018 a 38.5 millones en 2024. Esto representa una disminución de 13.4 millones de personas durante ese periodo. En términos porcentuales, la incidencia bajó de 41.9 a 29.6 por ciento.
La diferencia entre ambas cifras no significa necesariamente que una sea incorrecta. Se trata de indicadores construidos con metodologías y periodos distintos. La medición del Banco Mundial se concentra en un umbral internacional de ingreso, mientras que la mexicana incorpora las condiciones de bienestar económico y el ejercicio de derechos sociales.
Salarios y transferencias sociales entre los factores de reducción
El Banco Mundial identifica el crecimiento de los ingresos laborales reales y las transferencias públicas como factores relevantes para explicar la disminución de la pobreza. En su análisis regional de octubre de 2026, el organismo señala que el ingreso laboral representó, en promedio, 69.4 por ciento del crecimiento del ingreso per cápita de los hogares latinoamericanos entre 2022 y 2025. El resto correspondió a transferencias, pensiones y otros ingresos no laborales.
El mismo informe destaca que, entre 2022 y 2025, las mejoras en el mercado laboral explicaron alrededor del 76 por ciento de la reducción de la pobreza en América Latina. También reconoce que las transferencias públicas continúan desempeñando un papel importante para elevar los ingresos de los hogares más pobres.
En el caso mexicano, la política de incrementos al salario mínimo y la ampliación de los programas sociales forman parte de los elementos que han contribuido a mejorar los ingresos de numerosos hogares. Sin embargo, el propio Banco Mundial advierte que el crecimiento económico, por sí solo, no determina los resultados de reducción de la pobreza: también importan la calidad del empleo, la productividad, la educación y la distribución de los ingresos.
Durante la presentación gubernamental, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado señaló que el poder adquisitivo del ingreso laboral real habría aumentado 154 por ciento respecto de 2018. Esa cifra fue expuesta como parte de la explicación oficial de los avances, aunque debe distinguirse de los indicadores específicos del informe internacional y de los resultados de la medición multidimensional del INEGI.
Menor desigualdad, pero persisten carencias sociales
Otro indicador destacado es la evolución del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. De acuerdo con los datos del Banco Mundial presentados por el Gobierno, el indicador pasó de 46 puntos en 2018 a 42.6 en 2024, una reducción de 3.4 puntos. En esta escala, un valor menor representa una distribución del ingreso menos desigual.
También se informó de un incremento en la esperanza de vida al nacer, que pasó de 74.3 años en 2017 a 75.3 años en 2024. Aunque ambos indicadores ofrecen elementos para evaluar las condiciones generales de bienestar, no deben interpretarse de manera aislada ni atribuirse automáticamente a una sola política pública.
La medición multidimensional del INEGI muestra, además, que los avances en materia de ingreso no han eliminado las dificultades relacionadas con el acceso a servicios básicos. En 2024, alrededor de 44.5 millones de personas presentaban carencia por acceso a los servicios de salud, equivalente al 34.2 por ciento de la población. Asimismo, 62.7 millones carecían de acceso a la seguridad social.
Estos datos permiten observar una realidad más compleja: una reducción de la pobreza puede coexistir con problemas importantes en el ejercicio de derechos sociales. Mejorar los ingresos familiares es indispensable, pero no sustituye la obligación del Estado de garantizar servicios de salud, educación, seguridad social y condiciones dignas de vivienda.
La comparación entre gobiernos exige utilizar la misma metodología
Durante la conferencia también se comparó la reducción de la pobreza de los gobiernos anteriores con los resultados atribuidos a la Cuarta Transformación. La presentación sostuvo que, durante 14 años de gobiernos considerados neoliberales, la pobreza disminuyó 8.5 puntos porcentuales, mientras que desde 2018 habría descendido 15.3 puntos en ocho años.
Sin embargo, esa comparación debe analizarse con cautela. El descenso de 15.3 puntos corresponde a la línea internacional de pobreza monetaria del Banco Mundial, mientras que la comparación histórica presentada por el Gobierno utiliza cifras y periodos de referencia diferentes. Para establecer una evaluación rigurosa entre administraciones sería necesario emplear una misma metodología, una serie estadística homogénea y periodos equivalentes.
El propio informe del Banco Mundial proyecta que la pobreza monetaria continuará disminuyendo y podría ubicarse en 18.7 por ciento en 2028. Esa previsión depende de factores como la recuperación de la actividad económica, el crecimiento de los ingresos laborales y la continuidad de las transferencias sociales. No constituye una garantía de que el resultado se alcanzará automáticamente.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene como meta reducir la pobreza extrema de 5.3 a 3 por ciento al finalizar su administración. El punto de partida corresponde a la medición multidimensional del INEGI para 2024, que identificó a siete millones de personas en pobreza extrema.
La reducción de la pobreza representa un avance social relevante y merece ser reconocida cuando los indicadores muestran mejoras. Pero la responsabilidad pública también exige explicar qué se está midiendo, cuáles son los límites de las estimaciones y qué problemas continúan sin resolverse. No basta con presentar cifras favorables ni con atribuirlas exclusivamente a una administración: el desafío consiste en transformar la mejoría de los ingresos en bienestar sostenible, empleos formales y acceso efectivo a los derechos sociales.


