Una investigación de ProPublica documentó que Bill Gates posee el 38% de Republic Services, una de las mayores operadoras de vertederos de Estados Unidos, con una participación valuada en 29.000 millones de dólares. Mientras el empresario promueve inversiones para combatir el cambio climático, la compañía ha sido señalada por deficiencias en el control de emisiones de metano y por oponerse a regulaciones ambientales que podrían reducir la contaminación del sector.
Bill Gates ha convertido la lucha contra el cambio climático en uno de los ejes de su discurso público y de sus inversiones tecnológicas. Sin embargo, una investigación de ProPublica revela una contradicción en el origen de una parte importante de su fortuna: el cofundador de Microsoft mantiene una participación dominante en Republic Services, una empresa dedicada a la recolección y disposición de residuos que opera cientos de instalaciones en Estados Unidos y cuyos vertederos han sido objeto de observaciones por parte de autoridades ambientales.
De acuerdo con el análisis de documentos financieros realizado por ProPublica, Gates posee aproximadamente el 38% de Republic Services, participación cuyo valor se estima en 29.000 millones de dólares. Su relación con la compañía comenzó en 1999, cuando se dio a conocer que tenía alrededor del 5% de sus acciones. Desde entonces, la inversión se ha multiplicado y le ha generado aproximadamente 2.600 millones de dólares en dividendos.
La magnitud de esa participación adquiere relevancia porque Republic no es una empresa ajena a los problemas ambientales que Gates ha señalado en sus intervenciones públicas. La investigación documenta que inspectores federales han encontrado reiteradamente emisiones de metano por encima de los límites permitidos en instalaciones de la compañía, además de deficiencias en los sistemas destinados a capturar y controlar ese gas.
El metano, una amenaza climática que también se origina en la basura
Los vertederos representan una fuente importante de emisiones de metano. Este gas se produce cuando los residuos orgánicos, como alimentos y restos vegetales, se descomponen bajo tierra en condiciones de escasez de oxígeno. Aunque permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, su capacidad para retener calor es considerablemente mayor en el corto plazo: durante un periodo de 20 años, su potencial de calentamiento es aproximadamente 80 veces superior.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) identifica a los vertederos de residuos sólidos municipales como la tercera fuente más importante de emisiones de metano en el país. En septiembre de 2024, la dependencia publicó una alerta de cumplimiento después de detectar deficiencias recurrentes en los sistemas de monitoreo y mantenimiento de instalaciones de disposición de residuos. La investigación de ProPublica obtuvo los registros asociados a esa revisión y encontró que aproximadamente una quinta parte de los vertederos señalados pertenecía a Republic Services.
Uno de los casos más preocupantes es el vertedero McCarty Road, ubicado en Houston, Texas. Según los documentos revisados por ProPublica, la EPA detectó problemas relacionados con pozos inundados, erosión, residuos expuestos y deficiencias en el funcionamiento del sistema de captación de gas. La empresa recibió una determinación formal de infracción por presuntamente no identificar durante años emisiones superiores a los límites federales.
Los problemas no se limitarían a esa instalación. A partir de inspecciones realizadas desde 2020 en al menos 39 de los aproximadamente 200 vertederos de Republic, los registros examinados por ProPublica identificaron más de 1.400 puntos con emisiones excesivas de metano. En algunos sitios, las concentraciones detectadas alcanzaron entre 100 y 300 veces los límites federales, con condiciones que incluso podían representar riesgos de explosión.
La empresa rechazó las conclusiones que cuestionan sus resultados ambientales. Su portavoz, Rob Litt, declaró que Republic cuenta con cientos de especialistas e ingenieros ambientales y que trabaja para resolver los problemas cuando son identificados. También sostuvo que la protección del medioambiente forma parte de sus operaciones.
Las promesas climáticas frente a los intereses económicos
Republic ha construido parte de su imagen corporativa alrededor de la sostenibilidad. En 2019 se incorporó a la iniciativa Science Based Targets, mediante la cual asumió el compromiso de reducir 35% sus emisiones operativas de gases de efecto invernadero para 2030, tomando como referencia los niveles de 2017.
Sin embargo, la investigación señala que la iniciativa elevó posteriormente sus criterios de ambición climática y que Republic no adoptó el objetivo más exigente. De acuerdo con un exempleado citado por ProPublica, el personal de la compañía calculó que cumplir con ese estándar podría requerir más de 1.000 millones de dólares adicionales en inversiones para mejorar los pozos de captación de gas y otros sistemas de control.
El reportaje también cuestiona la metodología con la que Republic calcula sus emisiones. La empresa informa una reducción de 20% en las emisiones de sus vertederos desde 2017, pero sus estimaciones se basan principalmente en la cantidad de gas capturado y en modelos sobre las características de cada instalación, no en mediciones directas de todo el metano que escapa a la atmósfera.
Esta diferencia es relevante porque una menor cantidad de gas recolectado no necesariamente significa que se haya reducido la contaminación. Puede indicar, por el contrario, que los sistemas de captación funcionan deficientemente y permiten que una mayor cantidad de metano se libere sin ser registrada adecuadamente.
Investigaciones académicas que utilizaron observaciones satelitales han encontrado discrepancias importantes entre las emisiones estimadas por los operadores y las detectadas desde el espacio. Un estudio dirigido por investigadores de Harvard, la NASA y otras instituciones encontró que, en uno de los vertederos analizados, las emisiones reportadas habían disminuido mientras las mediciones satelitales mostraban un incremento. Otro trabajo, encabezado por Hannah Nesser, identificó instalaciones de Republic entre las mayores emisoras de metano de una muestra de vertederos estadounidenses.
Una influencia empresarial que plantea preguntas sobre Gates
La investigación también examina la capacidad de Gates para influir en las decisiones de Republic. Su gestor de inversiones, Michael Larson, forma parte del consejo de administración desde 2009. Además, el órgano directivo ha contado con otras personas vinculadas comercialmente con el empresario. Aunque esos integrantes no constituyen una mayoría del consejo, la participación accionaria de Gates le concede un peso determinante en la estructura corporativa.
Ann Lipton, especialista en gobierno corporativo de la Universidad de Colorado en Boulder, señaló a ProPublica que Gates probablemente tiene capacidad para impulsar cambios en la empresa, incluso si algunas medidas redujeran sus ganancias. La cuestión, por tanto, no se limita a determinar si el empresario conoce cada problema operativo de Republic, sino a examinar qué responsabilidad corresponde a un accionista dominante que ha construido una parte de su prestigio público alrededor de la acción climática.
ProPublica informó que Gates no respondió a las solicitudes de entrevista ni a las preguntas sobre sus inversiones en vertederos. Tampoco encontró declaraciones públicas suyas sobre el desempeño ambiental de Republic. Algunos exempleados de Breakthrough Energy, su iniciativa de inversión en tecnologías limpias, afirmaron que desconocían la magnitud de esa participación.
El reportaje también documenta que Republic y organizaciones del sector han presionado contra determinadas propuestas regulatorias, entre ellas el uso obligatorio de tecnologías de monitoreo más avanzadas y políticas para evitar que los residuos orgánicos terminen en los vertederos. Esta última medida es especialmente importante porque reducir la cantidad de materia orgánica enterrada permite atacar el problema desde su origen, en lugar de limitarse a controlar el gas después de que se produce.
La experiencia de Alemania ofrece un contraste: desde 1993 comenzó a restringir progresivamente el depósito de residuos biodegradables en vertederos y sus emisiones de metano procedentes de estas instalaciones disminuyeron más de 90%, según los datos citados por ProPublica. En Estados Unidos, California también ha establecido obligaciones para separar y aprovechar restos de alimentos y residuos vegetales.
La contradicción de fondo es difícil de ignorar. Gates ha pedido a las empresas que no obstaculicen las políticas climáticas, incluso cuando su cumplimiento implique costos y menores beneficios. Sin embargo, su inversión más importante en el sector de los residuos está vinculada a una compañía que, según la investigación, no ha adoptado los objetivos climáticos más exigentes y ha cuestionado medidas regulatorias para reducir las emisiones.
Esto no demuestra que Gates haya ordenado las prácticas cuestionadas ni que sea responsable directo de cada incumplimiento detectado en los vertederos. Sí plantea una exigencia legítima de transparencia y responsabilidad: cuando una persona concentra una participación económica capaz de influir en una empresa, su compromiso público con el medioambiente no puede evaluarse únicamente por las iniciativas que financia, sino también por las decisiones corporativas que está en condiciones de promover.
La crisis climática no se resuelve solamente con reactores avanzados, energías limpias o tecnologías capaces de extraer carbono de la atmósfera. También exige modificar actividades económicas cotidianas, reducir los residuos orgánicos y hacer cumplir las normas ambientales. La sostenibilidad pierde credibilidad cuando se convierte en un discurso para atraer inversiones, mientras los costos de la contaminación recaen sobre las comunidades y el patrimonio ambiental colectivo.
En última instancia, el caso de Republic Services expone una pregunta que va más allá de Bill Gates: ¿puede considerarse genuino el compromiso climático de una empresa o de un inversionista si las medidas necesarias para reducir la contaminación se posponen cuando amenazan sus ganancias? La respuesta debe buscarse en los resultados, en la transparencia de las operaciones y en la disposición real de asumir los costos de proteger el planeta.
