Una jueza federal ordenó mantener abierto al público el parque East Potomac y frenó temporalmente el cierre previsto para iniciar una remodelación impulsada por Donald Trump. La resolución estará vigente hasta el 28 de noviembre y cuestiona las razones de seguridad invocadas por el Gobierno, así como el incumplimiento de procedimientos ambientales y de consulta pública.
Una jueza federal de Estados Unidos detuvo temporalmente el plan del presidente Donald Trump para transformar el histórico campo de golf East Potomac Golf Links, ubicado en Washington, en una instalación de campeonato diseñada para albergar competencias de alto nivel. La decisión impide que el Gobierno cierre el parque y sus instalaciones durante los horarios habituales de acceso, justo cuando estaba previsto iniciar una intervención que mantendría el lugar cerrado durante aproximadamente 15 meses.
La resolución fue emitida el sábado 14 de noviembre por la jueza de distrito Ana C. Reyes, quien concedió una nueva orden de restricción temporal solicitada por organizaciones defensoras del patrimonio y dos usuarios del campo. La medida estará vigente hasta el 28 de noviembre, salvo que el tribunal determine extenderla o modificarla.
El fallo representa un revés para uno de los proyectos con los que Trump pretende modificar la imagen de la capital estadounidense. La iniciativa contempla sustituir el complejo público existente por un campo de campeonato diseñado por el arquitecto Tom Fazio, quien ha trabajado anteriormente en instalaciones vinculadas al presidente.
La jueza consideró que las razones de seguridad presentadas por el Departamento de Justicia para justificar el cierre inmediato eran un pretexto. También señaló que la administración probablemente había incumplido disposiciones ambientales y procedimientos administrativos que obligan a las autoridades a informar a la ciudadanía y permitir la presentación de comentarios cuando se adoptan decisiones que modifican sustancialmente el uso de un parque público.
Una orden que protege el acceso público, no necesariamente la operación del campo
La resolución establece que el Gobierno no puede cerrar East Potomac Park ni el campo de golf durante los horarios en que permanecían abiertos al público hasta el 14 de noviembre. Sin embargo, existe una distinción importante: la jueza no ordenó al Servicio de Parques Nacionales mantener necesariamente la operación deportiva, contratar a un nuevo administrador o garantizar que los usuarios puedan seguir jugando golf.
Lo que el tribunal protege es el acceso público al espacio. La administración tampoco puede utilizar la ausencia de actividades deportivas como argumento para excluir a la población del parque. Las restricciones por riesgos de seguridad o reparaciones deberán limitarse a las zonas donde exista una amenaza concreta e inminente, con las notificaciones y justificaciones correspondientes.
El Departamento de Justicia respondió que defenderá la agenda del Gobierno ante los tribunales y sostuvo que la resolución reconoce la facultad del Servicio de Parques Nacionales para restringir el acceso cuando exista un riesgo para la población. También afirmó que la decisión no impide continuar con la planificación de un campo de golf de categoría internacional.
El domingo 15 de noviembre, Trump calificó la decisión judicial como política y perjudicial para el proyecto. A través de sus redes sociales anunció que su administración presentaría una apelación inmediata y cuestionó el estado de las instalaciones, al insistir en que necesitan una intervención urgente. No obstante, la posibilidad de impugnar de inmediato una orden temporal de esta naturaleza enfrenta restricciones procesales, por lo que su revisión dependerá de los criterios del tribunal de apelaciones.
La disputa comenzó con la tala de cientos de árboles
El conflicto judicial no surgió únicamente por el anuncio del cierre. Desde octubre, la jueza Reyes había impuesto restricciones a los trabajos de remodelación después de que el Gobierno retirara más de 400 árboles del parque en un periodo breve y con avisos que el tribunal consideró insuficientes.
En una resolución anterior, la jueza cuestionó que el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales hubieran acelerado el retiro de árboles sin completar adecuadamente los procedimientos de evaluación ambiental. También prohibió nuevas talas o daños a la vegetación sin autorización judicial.
La administración argumentó que la remoción respondía a necesidades de mantenimiento y seguridad, y no a la intención de ejecutar el diseño promovido por Trump. Sin embargo, las declaraciones públicas del presidente sobre la construcción de un nuevo campo de campeonato y el inicio de las obras el 15 de noviembre fueron consideradas por la jueza al evaluar si existía un plan definitivo que el Gobierno intentaba llevar adelante antes de cumplir con las obligaciones legales.
El expediente también registra cuestionamientos sobre la conducta de funcionarios y abogados federales. Reyes anunció previamente una investigación para determinar si representantes del Gobierno habían proporcionado información engañosa al tribunal sobre los planes de remodelación y la tala de árboles. Esa investigación es independiente de la orden que ahora impide el cierre del parque.
El debate sobre los límites del poder presidencial
La controversia enfrenta dos cuestiones que no necesariamente son incompatibles: la facultad del Gobierno federal para administrar y mejorar instalaciones públicas, y la obligación de ejercer esa autoridad conforme a las leyes ambientales y los procedimientos administrativos vigentes.
Los demandantes sostienen que la remodelación alteraría el carácter histórico y accesible de East Potomac. El complejo cuenta con tres campos públicos y espacios utilizados por residentes para caminar, andar en bicicleta, pescar y realizar actividades recreativas. La sustitución por una instalación de campeonato podría modificar las condiciones de acceso y los costos para los usuarios habituales.
La administración, por su parte, defiende la posibilidad de modernizar el lugar y convertirlo en una instalación de mayor categoría. Sin embargo, el argumento de que una obra puede beneficiar a la ciudad no elimina la obligación de cumplir con las evaluaciones ambientales, los mecanismos de participación ciudadana y las disposiciones que regulan la administración de los parques federales.
El caso también se suma a otras controversias judiciales relacionadas con proyectos promovidos por Trump en Washington, entre ellos la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y un arco monumental. En todos estos casos, el debate trasciende la conveniencia de las obras y alcanza una cuestión institucional: hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo cuando sus decisiones afectan bienes públicos y deben sujetarse a controles legales.
La resolución de Ana C. Reyes no cancela definitivamente la remodelación ni resuelve el litigio principal. Tampoco impide que el Gobierno continúe los estudios y procedimientos necesarios para presentar una propuesta conforme a derecho. Lo que establece es un límite temporal frente al intento de cerrar el parque antes de cumplir con las exigencias legales.
La discusión de fondo es sencilla, aunque sus implicaciones institucionales son profundas: un presidente puede promover proyectos, modificar políticas públicas y ejercer sus atribuciones administrativas, pero no puede convertir sus preferencias personales en una autorización para ignorar la ley. En un Estado de derecho, la voluntad presidencial no sustituye los procedimientos ni anula el derecho de la ciudadanía a defender los espacios públicos.
