El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno estudia un programa de liberación anticipada que podría beneficiar a cerca del 50% de las personas encarceladas por colaborar con pandillas. La propuesta contempla supervisión y una evaluación individual de los casos, pero todavía no tiene fecha de aplicación ni criterios definitivos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su Administración analiza la posibilidad de conceder libertad anticipada y condicional a una parte de los reclusos acusados de colaborar con las pandillas que durante años ejercieron control territorial en el país.
Durante una sesión de preguntas y respuestas realizada el martes 13 de octubre, después de anunciar un acuerdo de inversión energética con la empresa española Cox, el mandatario estimó que la medida podría alcanzar aproximadamente a la mitad de los presos señalados como colaboradores de estas organizaciones criminales.
«Una liberación anticipada, o sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente. Liberarlo con monitoreo», explicó Bukele al describir la iniciativa.
El presidente no anunció excarcelaciones inmediatas. Aclaró que los casos están bajo evaluación y que la eventual salida de prisión estaría sujeta a condiciones, aunque no detalló qué mecanismos de vigilancia se utilizarían ni cuáles serían los requisitos para obtener el beneficio.
Evaluar el grado de participación en las pandillas
Bukele argumentó que la revisión tendría en cuenta las circunstancias particulares en las que las personas se relacionaron con las pandillas, especialmente en comunidades donde estas estructuras imponían amenazas, extorsiones y otras formas de control social.
El mandatario sostuvo que debe distinguirse entre quienes ejercían directamente la violencia y quienes colaboraban en determinadas actividades mientras vivían bajo la influencia de esos grupos.
«No es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad», señaló, en referencia al dominio que las pandillas mantuvieron durante años en distintos sectores del territorio salvadoreño.
El planteamiento busca establecer diferencias entre los niveles de responsabilidad de los detenidos. Sin embargo, Bukele no presentó una lista definitiva de delitos, condiciones jurídicas o circunstancias que permitirían acceder a la libertad condicional.
Tampoco precisó si el programa se aplicaría exclusivamente a personas con sentencia firme o si podría incluir a detenidos cuyos procesos judiciales continúan abiertos. Esta distinción será relevante para determinar el alcance legal de la iniciativa.
Más de 93.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción
El anuncio se produce en el contexto del régimen de excepción que El Salvador mantiene desde marzo de 2022, cuando el Gobierno intensificó su ofensiva contra las pandillas. Desde entonces, las autoridades han detenido a más de 93.000 personas acusadas de pertenecer a esas organizaciones o colaborar con ellas, de acuerdo con cifras divulgadas por medios que reportan sobre la medida.
La estrategia de seguridad ha coincidido con una marcada reducción de los homicidios reportados oficialmente. El Gobierno presenta estos resultados como uno de los principales logros de su política contra las estructuras criminales.
No obstante, la política de detenciones masivas también ha recibido fuertes cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Las denuncias incluyen arrestos arbitrarios, restricciones al debido proceso, presuntos malos tratos y muertes bajo custodia estatal.
El anuncio de una posible liberación condicional abre interrogantes sobre la revisión de los expedientes y los criterios utilizados para determinar la responsabilidad de cada persona. Organizaciones y defensores de derechos humanos han advertido que la existencia de detenciones injustificadas requiere mecanismos eficaces para identificar a quienes fueron encarcelados sin pruebas suficientes y garantizarles una reparación adecuada.
La propuesta, sin embargo, no equivale por sí misma a reconocer que las detenciones anteriores fueron ilegales. Su alcance dependerá de los procedimientos que finalmente establezca el Gobierno y de las garantías jurídicas aplicables a cada caso.
Sin fecha ni criterios definitivos para las excarcelaciones
Bukele no especificó cuándo podría comenzar el programa, cuántas personas integrarían el grupo de posibles beneficiarios ni qué autoridad tendría la decisión final sobre las liberaciones.
Por ahora, el porcentaje mencionado representa una estimación presidencial sobre el posible alcance de la iniciativa, no una cifra confirmada de personas que ya tengan autorizada su salida de prisión.
La propuesta tampoco supone el fin del régimen de excepción. El Gobierno ha defendido la continuidad de esta medida como parte de su estrategia para impedir que las pandillas recuperen el control de las comunidades donde operaban.
Cooperación con Estados Unidos
El anuncio coincidió con una conversación entre Bukele y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ambos abordaron la protección de la infraestructura crítica y de los puertos salvadoreños frente a lo que Washington describió como influencias extranjeras consideradas perjudiciales.
El Salvador y Estados Unidos mantienen una estrecha cooperación en materia de seguridad e inmigración. En ese marco, el Gobierno salvadoreño aceptó recibir a personas deportadas desde territorio estadounidense, incluidos cientos de hombres enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), muchos de ellos venezolanos señalados por las autoridades estadounidenses como presuntos integrantes de organizaciones criminales.
La iniciativa de libertad condicional se encuentra todavía en fase de evaluación. Su puesta en marcha dependerá de los criterios que definan las autoridades y de las condiciones legales que rijan cada caso. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para las primeras liberaciones.
