Managua, 4 ago (EFE).- El Ministerio Público de Nicaragua informó este miércoles que la candidata a vicepresidenta por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), la exreina de belleza Berenice Quezada, fue acusada por “incitar al odio y la violencia”, cuando faltan tres meses para las elecciones generales.
“El día de ayer, se presentó acusación en contra de Berenice Xuyamy Quezada Herrera por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Ayer mismo se realizó la audiencia preliminar y la autoridad judicial admitió la acusación”, detalló el Ministerio Público, en un comunicado.
La oficina estatal agregó que en dicha audiencia “solicitó que el proceso sea llevado en libertad”.
Según CxL, Quezada fue informada anoche que está bajo arresto domiciliario, y de su inhabilitación como candidata a la Vicepresidencia.
En el momento en que fue emitido el comunicado todavía no se sabía si Quezada podía salir de su casa, tener acceso a las telecomunicaciones, o si seguía en la contienda electoral.
La candidata fue acusada luego de que ayer un grupo de ciudadanos que se identificó como “víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018” solicitó inhabilitar su candidatura por supuesta apología del delito e incitación al odio, ante la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La joven dijo a los periodistas que quiere que “Nicaragua sea libre”, abogó por los denominados “presos políticos” y llamó a los nicaragüenses a votar y salir a las calles como en abril de 2018 -una revuelta popular que el Ejecutivo califica como un intento de golpe de Estado-, para demostrar que en Nicaragua no quieren “más dictaduras”, en alusión al Gobierno de Daniel Ortega, quien pretende ser reelegido para garantizar 20 años continuos en el poder.
La denuncia sobre el arresto y la inhibición de Quezada había provocado el rechazo de distintos sectores de la oposición, desde defensores de derechos humanos hasta disidentes que fueron excluidos del proceso electoral.
En medio de la carrera electoral el Gobierno de Ortega ha establecido leyes que restringen la participación de disidentes, cancelado la personalidad jurídica de dos partidos opositores, y enviado a prisión a 32 líderes o dirigentes políticos y profesionales independientes que rechazan a Ortega, incluyendo a siete aspirantes a la Presidencia, a falta de que se confirme la libertad de Quezada.
Entre los arrestados también están un excanciller, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, dos líderes campesinos, dos dirigentes estudiantiles, un dirigente empresarial, una defensora de derechos humanos, un banquero, una ex primera dama, un exdiputado, un periodista, un comentarista, tres trabajadores y cinco dirigentes opositores.
En las elecciones de noviembre Ortega se jugará 42 años de dominio casi absoluto sobre la política de Nicaragua.
