La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que cinco personas privadas de libertad en Venezuela enfrentan una situación de gravedad y urgencia, por lo que pidió al Estado adoptar medidas para proteger su vida, integridad personal y salud.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó la presión sobre el Gobierno de Venezuela al otorgar medidas cautelares a cinco personas que permanecen privadas de libertad y cuyos derechos, según el organismo, se encuentran expuestos a un riesgo de daño irreparable.
La decisión fue adoptada el 26 de agosto mediante la Resolución 67/2026 y divulgada este 1 de septiembre. Los beneficiarios son Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Maurimal Carolina Solórzano Armas, Freddy Manuel Alvarado Castillo, Pedro Rolando Maldonado Marín y Felipe Santiago Contreras Caldera.
La CIDH llegó a esta conclusión después de revisar las solicitudes presentadas por organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Según la información entregada al organismo, los cinco permanecen en condiciones inadecuadas de detención, tienen restricciones para comunicarse con familiares y abogados y no estarían recibiendo atención médica oportuna para diversos problemas físicos y psicológicos.
Un elemento que la Comisión consideró especialmente relevante fue la falta de respuesta del Estado venezolano. El organismo informó que solicitó información oficial en varias ocasiones durante julio, pero que el plazo concedido venció sin que Venezuela respondiera. Esta ausencia impidió a la CIDH valorar qué medidas estaba tomando el Estado para reducir los riesgos denunciados.
En consecuencia, la Comisión solicitó a Venezuela adoptar acciones inmediatas para proteger la vida, la integridad personal y la salud de los cinco beneficiarios. También pidió que sus condiciones de reclusión sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Entre las medidas requeridas se encuentra una valoración médica inmediata para cada persona y la garantía de tratamiento especializado cuando sea necesario. La CIDH pidió además que los resultados sean comunicados a familiares y representantes, una medida que busca reducir la incertidumbre sobre el estado de salud de los detenidos.
El organismo también exigió que se facilite la comunicación regular con familiares, abogados y representantes; que se garantice el acceso a agua potable y alimentación adecuada, y que los detenidos sean protegidos frente a amenazas, intimidaciones o agresiones dentro de los centros penitenciarios.
En el caso de Maurimal Carolina Solórzano Armas, la resolución establece una exigencia adicional: Venezuela deberá adoptar medidas con perspectiva de género para garantizar que reciba atención adecuada y oportuna a sus necesidades de salud.
La situación de Wilder Anderson Vásquez Velásquez merece una consideración particular. La CIDH solicitó al Estado confirmar oficialmente cuándo cumplió su condena y, si existe una razón legal para mantenerlo encarcelado, explicar cuál es. En caso contrario, Venezuela deberá precisar la fecha prevista para su excarcelación.
Según la información recogida por la propia Comisión, Vásquez fue detenido en octubre de 2018 y en agosto de 2022 recibió una condena de cinco años de prisión por encubrimiento en un delito de terrorismo. Los solicitantes sostienen que cumplió esa pena en octubre de 2023, pero que continuaría privado de libertad sin que se le haya entregado una boleta de excarcelación.
La CIDH también recibió denuncias sobre las condiciones de reclusión de Vásquez en El Rodeo I, entre ellas restricciones de agua y alimentos, problemas de higiene, aislamiento y falta de atención médica. El organismo presentó estos hechos como alegaciones de la parte solicitante, no como hechos judicialmente establecidos, una distinción importante en una resolución de medidas cautelares.
El centro penitenciario El Rodeo I aparece nuevamente en la resolución por las condiciones de seguridad y las restricciones de comunicación denunciadas. La Comisión pidió reforzar las acciones de protección para los beneficiarios que se encuentran en instalaciones que ya están bajo medidas de protección interamericanas.
El expediente también recoge denuncias relacionadas con las protestas ocurridas después de los terremotos del 24 de junio de 2026. Según los solicitantes, las condiciones de detención y los daños ocasionados por los movimientos sísmicos provocaron manifestaciones en El Rodeo I y una posterior respuesta de las autoridades que habría incluido golpes y el uso de gases lacrimógenos en espacios cerrados.
La CIDH no limitó sus exigencias a la atención inmediata. También pidió al Estado venezolano investigar los presuntos hechos que dieron origen a la resolución y adoptar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Asimismo, solicitó que las medidas sean acordadas con los propios beneficiarios, sus representantes o sus familiares.
El caso tiene además un antecedente relevante. La Comisión recibió cuatro solicitudes entre marzo y junio de este año. Una de ellas incluía inicialmente a una sexta persona, Yorman José Solórzano Armas, pero la CIDH decidió concentrarse en los cinco casos restantes después de que fuera excarcelado el 14 de agosto mediante una medida cautelar sustitutiva.
La decisión de la CIDH no significa que el organismo haya determinado de manera definitiva que Venezuela violó los derechos de las cinco personas. La propia resolución aclara que el otorgamiento de las medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano.
Se trata, en esencia, de una medida preventiva. La Comisión considera que existen elementos suficientes para estimar que el riesgo puede materializarse en cualquier momento y que, debido a la naturaleza de los derechos amenazados, una eventual afectación podría ser irreparable.
La resolución vuelve a poner el foco internacional sobre las condiciones de las personas privadas de libertad en Venezuela. Ahora corresponde al Estado informar sobre las acciones adoptadas y demostrar que las medidas solicitadas están siendo implementadas. Mientras tanto, la CIDH mantendrá bajo seguimiento la situación de los cinco beneficiarios.
