Salarios, alquileres y obligaciones sin pagar quedaron bajo investigación tras casi dos años de preparativos de una sede que nunca abrió
Notipress.- Una factura por el alquiler de una oficina desconocida para la Embajada de Colombia en México encendió las alertas sobre el Consulado de Tijuana. La representación había sido creada en noviembre de 2024, pero nunca abrió sus puertas, pese a los desembolsos realizados durante sus preparativos.
Ante las presuntas irregularidades, la Procuraduría General de la Nación decidió incorporar la investigación disciplinaria interna de la Cancillería a una indagación más amplia. El procedimiento busca concentrar las actuaciones relacionadas con posibles fallas administrativas y financieras en la apertura de representaciones consulares.
Entre los aspectos examinados figuran pagos superiores a 153.000 dólares, contratos de arrendamiento sin respaldo presupuestal y obligaciones pendientes con proveedores. También se investigan las condiciones de habilitación financiera y la falta de funcionamiento efectivo de la sede diplomática.
Pagos y contratos bajo investigación
Maryory Ecinedth Pabón Gavilán fue nombrada cónsul provisional en enero de 2026, con una remuneración mensual de 14.700 dólares. Hasta su renuncia, presentada el 30 de octubre, recibió más de 153.000 dólares, incluidos 20.338 dólares destinados a viáticos y transporte de bienes domésticos.
Otro elemento investigado corresponde a la autorización mexicana para ejercer el cargo, concedida el 27 de marzo, después del inicio de los pagos. Sin embargo, la entonces canciller Rosa Villavicencio defendió el nombramiento anticipado porque consideraba necesario preparar la apertura de la representación.
Las dudas financieras aumentaron cuando la Embajada recibió, el 30 de septiembre, un requerimiento de pago por una oficina del edificio Torela Corporativo. Posteriormente, la Dirección Administrativa y Financiera confirmó la existencia del arrendamiento, aunque no había una asignación presupuestal destinada a cubrirlo.
También quedaron compromisos económicos relacionados con adecuaciones del inmueble, servicios arquitectónicos y trabajos de diseño de la imagen institucional. El 6 de octubre, la Embajada solicitó a Pabón documentación contractual y explicaciones sobre las gestiones realizadas, pero no obtuvo respuesta.
La exfuncionaria sostuvo que conservaba registros de su gestión, incluidos documentos sobre actividades consulares desarrolladas durante su permanencia en México. Su informe mencionó visitas a colombianos encarcelados y una jornada móvil de tres días durante la cual se realizaron 211 trámites.
Posibles responsabilidades y consecuencias para Colombia
Dicha investigación también examina la planificación original del consulado, establecido mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024. La Cancillería manifestó que no encontró evidencia de estudios previos que justificaran su apertura, mientras el excanciller Luis Gilberto Murillo defendió los procedimientos habituales.
Por otra parte, la Procuraduría solicitó información sobre representaciones en Monterrey, México, y Estambul, Turquía, mencionadas en una denuncia administrativa. Las respuestas indicaron que no existían actuaciones disciplinarias sobre esas sedes, mientras el caso de Tijuana ya estaba siendo investigado internamente.
La Cancillería trasladó las actuaciones relacionadas con Tijuana a la Fiscalía y la Procuraduría para examinar posibles responsabilidades penales y disciplinarias. Las autoridades deberán determinar quién autorizó los compromisos económicos y si existieron incumplimientos relacionados con la administración de recursos públicos.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió cancelar definitivamente el proyecto, aunque permanecen pendientes las obligaciones derivadas de los contratos celebrados. Mientras se esclarecen las responsabilidades, los colombianos residentes en Baja California continúan realizando sus trámites mediante el consulado ubicado en Ciudad de México.
