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Comisión aprobó opinión sobre primera entrega de informes individuales de fiscalización de la Cuenta Pública 2021

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La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la diputada Irma Juan Carlos (Morena), aprobó con 21 votos a favor y 2 en contra, la opinión respecto de la primera entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021.

 

En reunión telemática, las y los integrantes avalaron dicha opinión, donde se puntualiza que “esta entrega de informes no contempla, en esta ocasión, programas que integran el Anexo 10 “Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades indígenas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación, materia de estudio y análisis de esta Comisión.

 

“Es primordial que la fiscalización superior no se vea afectada por procesos políticos, como los electorales o los cambios de administración; cualquier consideración distinta a los procesos de auditoría es excluida de los procesos de fiscalización”, destaca.

 

Refiere que, en busca de un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la función de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es fundamental, a fin de evitar el ejercicio discrecional de los recursos públicos y proteger el interés de la ciudadanía.

 

En la ejecución de obra pública hay necesidad permanente de mecanismos más eficaces y eficientes que constaten la calidad de los trabajos, agrega.

 

Subraya que “para tener una fiscalización superior con efectos anticorrupción y una reducción significativa de la impunidad, debemos incorporar al trabajo del órgano de fiscalización en todas sus etapas el enfoque de investigación para la detección de redes de corrupción, transparentando la gestión de la unidad de investigación y substanciación de las faltas administrativas detectadas, informando detalladamente sobre la situación legal que guardan las denuncias que presenta ante las fiscalías General de la República o Generales en las entidades federativas”.

 

Es importante considerar las acciones legales que ha realizado la ASF, a fin de asegurar que los daños patrimoniales detectados estén sustentados, que tengan seguimiento efectivo y se informe al Congreso sobre la situación que guardan los créditos fiscales constituidos por dichos daños.

 

Por ello, señala, el trabajo de fiscalización debe estar estrechamente vinculado al de los órganos legislativos, tanto para corregir los problemas de política pública que las auditorías revelan, como para evitar destinar recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde sistemáticamente se detectan problemas de corrupción.

 

La opinión refiere que con la fiscalización superior se han identificado aspectos que mejorarán los proyectos ejecutivos, desde el análisis de impacto ambiental hasta los estudios de ingeniería, así como los procesos de licitación.

 

“Por ello, consideramos fundamental preservar y fortalecer la independencia política de los órganos de fiscalización superior y los mecanismos para la evaluación y el control de su trabajo, garantizando un estrecho seguimiento y vigilancia efectiva de los órganos de fiscalización superior desde la Cámara de Diputados, en donde se tenga una fiscalización transparente y efectiva, asegurando y ampliando la participación social, civil y comunitaria en la integración del programa anual de auditorías”, subraya.

 

Plantea que se debe buscar incorporar y aprovechar la figura de las auditorías especiales o en tiempo real, lo que dé cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que se suspenden los controles y mecanismos de fiscalización habituales, con una revisión independiente de los criterios, fórmulas y algoritmos para la definición del Programa Anual de Auditorías, a fin de mejorar y transparentar los criterios de selección del tipo de auditorías: financiera, de inversión física o forense.

 

A través de estas propuestas, añade el documento, podríamos garantizar la pertinencia y oportunidad de las auditorías, al considerar que el Programa Anual de Auditorías debe estar listo antes de que concluya el ejercicio de la Cuenta Pública a revisar.

 

El objetivo es incrementar la transparencia del proceso de fiscalización y no sólo de sus resultados, publicando expedientes electrónicos del Programa Anual de Auditorías que definan con precisión su alcance y universo a fiscalizar, así como el archivo documental de las diferentes etapas de la auditoría, precisa.

 

 

 

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