Con el propósito de analizar el Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República
Las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, reanudaron la comparecencia del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, en el marco del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), manifestó que las principales tentaciones de la corrupción están en los ámbitos de adquisiciones y obra pública, por lo que propuso instalar una mesa de colaboración para revisar los sistemas de anticorrupción, fiscalización, archivos y protección de datos personales.
A su vez, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), puntualizó que uno de los principales retos en México durante el último siglo ha sido la corrupción, por eso es necesario llevar a cabo los procedimientos y las sanciones a funcionarios que han faltado, sin importar el partido al que pertenezcan, porque se falta a la confianza de millones de mexicanas y mexicanos que proveen los recursos.
Morena
El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro aplaudió el esfuerzo de la SFP por redoblar las auditorías al gasto federalizado, pues es uno de los temas más relevantes para la Federación, estados y municipios, porque los recursos se deben administrar con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes reconoció las acciones que ha impulsado esta dependencia, toda vez que han contribuido a la prevención de delitos que anteriormente los funcionarios cometían. Añadió que en el caso de Segalmex hay 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
A su vez, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández relató que el gobierno ha demostrado que no tolera la corrupción ni el despilfarro, por lo que sigue trabajando para evitar las malas prácticas; pidió explicar cuáles son las acciones que implementa la SFP en las dependencias para evitar la impunidad y los actos de corrupción.
Por su parte, la legisladora Lidia Pérez Bárcenas enfatizó que la SFP trabaja con apego a la política del combate a la corrupción del gobierno de la Cuarta Transformación y rinde cuentas a la ciudadanía. “El combate a la corrupción debe enfrentarse de forma sistémica, por ello se trabaja para conectar los diversos sistemas que permitan erradicar la impunidad”.
PAN
La diputada Carmen Rocío González Alonso comentó que es apremiante generar instrumentos y mecanismos idóneos que garanticen la imparcialidad, el apego al derecho y generar confianza en la ciudadanía. “Se debe dar un paso más en el combate a la corrupción e impunidad, toda vez que la falta del mismo ha permitido el avance de diversos actos ilícitos que atraviesan todas las entidades federativas”.
En tanto, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que en nuestro país por lo menos el 68 por ciento de las personas deben recurrir a un soborno para tener acceso a un trámite de gobierno, además, según el reporte de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 124.
La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño cuestionó si de la auditoría al Insabi se mostró algún monto por aclarar y las acciones que se promovieron. En materia de obra pública, preguntó, cuántas irregularidades detectadas están ligadas con contratos o adquisiciones de manera directa, así como el monto.
A su vez, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba destacó la importancia de vigilar el desempeño de la gestión gubernamental en materia del gasto de medicamentos y vacunación, pues de acuerdo con los resultados de SFP, hay un control interno razonable en las etapas de diseño, administración, coordinación, operación y evaluación, que asegure los logros de los objetivos y metas.
La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra refirió que las acciones emprendidas distan mucho de los que se espera de una dependencia como la SFP, ya que la transparencia y la rendición de cuentas no son un acto de altruismo y bondad que tiene con la ciudadanía, sino una obligación constitucional.
PRI
La diputada Cristina Ruiz Sandoval expuso que la Secretaría, dentro de sus atribuciones, debe presionar para que caiga la red de personas involucradas en los daños al erario en Segalmex, Liconsa y Diconsa, los cuales, de acuerdo con esta dependencia ascienden a cerca de nueve mil 500 millones de pesos, mientras que la Auditoria Superior de la Federación 12 mil millones de pesos.
A su vez, el diputado Jaime Bueno Zertuche planteó la necesidad de que se conozca qué estatus guarda la investigación de la caída de CompraNet y qué responsabilidades y sanciones se han aplicado. Respecto a los programas sociales, recalcó que es fundamental que lleguen a los más necesitados y evitar la entrega de efectivo, ya que esto se presta a malos entendidos, al no comprobarse debidamente.
La diputada Karla Ayala Villalobos señaló que la corrupción no se acaba con discursos. Preguntó cuántas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la corrupción fueron por parte de la SFP y si del total hay alguna relacionada con la venta ilegal de citas en el portal del SAT.
PVEM
El diputado Jorge Luis Llaven Abarca expresó su respaldo para continuar con los esfuerzos a favor de la transformación del país, para lo cual, dijo, es indispensable un gobierno austero, honesto, transparente, íntegro, eficaz y eficiente.
A su vez, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo reconoció que las acciones llevadas a cabo por la SFP van en la dirección correcta y que en los años que le restan a la actual administración continuará la optimización de la función pública, para que las y los funcionarios se conduzcan con honradez, apego a la legalidad.
La diputada Valeria Santiago Barrientos consideró que la Secretaría ha definido estrategias para fortalecer la coordinación y la comunicación con todas las dependencias, a fin de promover la igualdad de oportunidades, la ética y la integridad en la profesionalización de los servidores públicos, para que ejerzan sus actividades con conocimiento, calidad y eficiencia.
PT
A su vez, el diputado Jesús Fernando García Hernández dijo que la prevalencia de la corrupción daña la capacidad para atender las necesidades de la población. Aseguró que gracias a la transparencia que hoy garantiza la ley salen a la luz informes con irregularidades y prácticas indebidas en el ejercicio público.
El diputado Victoriano Wences Real solicitó al secretario de la Función Pública qué áreas o dependencias de la Administración Pública Federal concentran los 697 expedientes por faltas administrativas graves, así como las sanciones aplicadas.
MC
El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro indicó que la adjudicación directa es el deporte favorito de la SFP, por lo que urgió a explicar si se entregaron 12 mil millones de pesos Mota-Engil, empresa señalada por irregularidades por parte de Banobras y revisar la tendencia al alza de la entrega de recursos públicos sin licitación.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo mencionó que, si bien es cierto la ley prevé ciertos momentos para las adjudicaciones directas, pidió que se informe a esta soberanía de los indicios de fragmentación en estos procedimientos, a fin de evitar el mal uso de los recursos públicos.
La diputada Amalia García Medina pidió conocer si de las acciones emprendidas por parte de la secretaría, alguna esté relacionada con la adquisición del software Pegasus, pues han pasado varios años desde que este malwere se contrató y continúa en la penumbra la información.
PRD
La diputada Olga Luz Espinosa Morales dijo que, de acuerdo con la OCDE, México ocupa el último lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción desde el 2021, por lo que consideró fundamental que la SFP revise los actos de corrupción que se han denunciado en Selgamex, para evitar que las compras y adquisiciones se otorguen vía de adjudicación directa.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete indicó que este gobierno ha buscado, a través de los institutos de vigilancia, ejercer presión a sus adversarios. Subrayó que es de vital importancia realizar acciones para erradicar los actos de corrupción en la administración pública federal y pidió garantizar que la información sea fácil de encontrar, pero “no de la manera que lo hizo Guacamaya Leaks”.
Han sido sancionados 2 mil 552 servidores públicos
En su intervención, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que al 30 de septiembre de 2022 se registraron en CompraNet 129 mil contratos por adquisiciones y obras públicas que ascendían a 425 mil millones de pesos.
Del total de registros, dijo, 101 mil por un monto de 143 mmdp, fueron en adjudicación directa, lo que equivale al 78 por ciento. Aseguró que la adjudicación directa no es arbitraria, pues hay una serie de mecanismos que permiten que se analice cada una de las decisiones.
Comentó que del 1º de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 han sido sancionados 2 mil 552 servidores públicos. Sobre el Guacamaya Leaks mencionó que en la Sedena hay un procedimiento administrativo contra 2 servidores públicos.
Boletín de prensa
