La Confederación Patronal reconoce mejoras en salarios, comercio y diálogo con el Gobierno federal, pero advierte que la inseguridad, la baja inversión y el débil crecimiento del empleo formal siguen frenando el potencial de la economía mexicana.
El balance empresarial sobre los dos primeros años del Gobierno de Claudia Sheinbaum no es de blanco o negro. La Confederación Patronal de la República Mexicana reconoce avances concretos, particularmente en materia salarial, integración comercial y diálogo con el sector privado, pero considera que todavía existen obstáculos importantes para convertir esos resultados en mayor inversión, empleo y bienestar para las familias.
En el contexto del Segundo Informe de Gobierno, Coparmex sostuvo que el principal desafío consiste precisamente en cerrar esa brecha entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los mexicanos. La economía puede mostrar señales de estabilidad, pero si una empresa no se siente segura para invertir o si un trabajador no encuentra un empleo formal, el crecimiento termina percibiéndose como algo distante.
Uno de los reconocimientos más claros del organismo empresarial corresponde al aumento del salario mínimo. Para 2026, el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, un incremento de 13 por ciento acordado en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con participación de trabajadores, empresas y Gobierno.
La propia Coparmex calificó el acuerdo como un resultado relevante del diálogo social. Según la organización, el nuevo salario permite cubrir por primera vez el 100 por ciento de la llamada línea de bienestar familiar. El Gobierno federal, por su parte, señala que el aumento beneficia directamente a alrededor de 8.5 millones de trabajadores y representa una recuperación importante del poder adquisitivo acumulado desde 2018.
El reconocimiento empresarial también alcanza al frente comercial. Coparmex valoró que México mantenga abierto el diálogo con Estados Unidos y Canadá ante la revisión del T-MEC, al considerar que la integración regional representa una de las principales oportunidades para fortalecer las cadenas de suministro y atraer nuevos proyectos productivos.
La posición resulta especialmente relevante en un momento en que la relación comercial con Estados Unidos se ha convertido en una pieza central de la estrategia económica mexicana. La organización considera que preservar el acceso preferencial a los mercados norteamericanos puede ayudar a consolidar el fenómeno de relocalización de empresas, siempre que México consiga ofrecer infraestructura, energía, agua y seguridad suficientes.
También destacó los avances en política exterior, entre ellos el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú, el acercamiento con España y la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.
Otro de los elementos señalados como oportunidad es el Plan México, estrategia mediante la cual el Gobierno busca impulsar inversiones y polos de desarrollo regional. Para Coparmex, el planteamiento tiene potencial, pero ahora debe pasar de los anuncios y proyectos a la ejecución. Eso significa infraestructura, certidumbre y condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan incorporarse a las nuevas cadenas productivas.
Ahí comienza la parte menos optimista del diagnóstico.
La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector privado. De acuerdo con la encuesta más reciente de DataCoparmex, correspondiente al periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026, una de cada dos empresas reportó haber sido víctima de algún delito. La extorsión aparece como uno de los problemas centrales.
La organización empresarial sostiene que esta situación tiene consecuencias que van mucho más allá de las pérdidas directas. Cuando una empresa debe destinar recursos para proteger instalaciones, mercancías o trabajadores, ese dinero deja de estar disponible para contratar personal, ampliar operaciones o comprar maquinaria.
Coparmex también puso sobre la mesa el problema de las personas desaparecidas, cuyo registro nacional supera las 132 mil 800 personas. Para el organismo, seguridad y actividad económica están estrechamente relacionadas: sin condiciones mínimas de protección no puede existir plena confianza para invertir.
La segunda gran preocupación es la inversión productiva. Coparmex reportó que la inversión fija bruta representó 21.2 por ciento del PIB durante el primer trimestre de 2026, por debajo del 22.7 por ciento registrado un año antes y todavía lejos del objetivo de 25 por ciento planteado en el Plan México.
La inversión privada, además, se ubicó en 17.9 por ciento del PIB, su nivel más bajo desde 2020, según el balance empresarial. El dato adquiere mayor significado cuando se combina con otra medición: solamente 23 por ciento de los socios de Coparmex considera que actualmente es un buen momento para invertir.
En otras palabras, existe una diferencia importante entre la oportunidad que representa México y la disposición real de las empresas para comprometer capital en nuevos proyectos.
Algo similar ocurre con la inversión extranjera directa. Las cifras han alcanzado niveles históricos, pero Coparmex pide mirar con cuidado qué hay detrás de esos números. En el primer semestre de 2026, sólo 7.8 por ciento de los flujos registrados correspondió a nuevas inversiones; el resto estuvo relacionado principalmente con reinversiones y cuentas entre compañías.
La distinción es fundamental. Una reinversión puede ser una señal positiva de confianza de una empresa que ya opera en México, pero no necesariamente significa que se esté construyendo una nueva fábrica, abriendo una planta o creando una cantidad significativa de empleos adicionales.
Por eso, el organismo empresarial insiste en que el reto consiste en convertir los flujos financieros en capacidad productiva. La relocalización de empresas puede representar una oportunidad histórica para México, pero requiere algo más que una ubicación geográfica privilegiada: necesita electricidad confiable, disponibilidad de agua, infraestructura logística, seguridad y reglas claras.
El empleo formal es otro foco amarillo. Coparmex señaló que entre enero y julio se generaron 243 mil 78 puestos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, una cifra que, según su estimación, representa menos de la mitad de los empleos que deberían haberse creado durante ese periodo.
La organización coloca a las MiPymes en el centro de esta discusión. Son una pieza esencial para generar empleo, pero enfrentan barreras relacionadas con financiamiento, formalización, productividad, digitalización y apertura de negocios. A ello se suma la extorsión, que puede convertirse en un obstáculo especialmente severo para los establecimientos pequeños.
El diagnóstico empresarial también incluye pendientes en servicios públicos. Coparmex advierte que México necesita fortalecer el acceso a salud y educación y mejorar el uso de los recursos públicos. En su documento de balance señala que 34.2 por ciento de la población carece de acceso a servicios de salud y que 18.6 por ciento se encuentra en situación de rezago educativo.
La organización considera que estos problemas terminan teniendo una dimensión económica. Una población con menor acceso a servicios médicos y educación enfrenta mayores dificultades para incorporarse a empleos productivos y mejor remunerados. De ahí que el crecimiento económico y la política social no puedan caminar por separado.
En materia de finanzas públicas, Coparmex pidió también mantener una administración responsable del endeudamiento y mejorar la eficiencia del gasto. El objetivo, sostiene, debe ser que los recursos públicos se traduzcan en seguridad, infraestructura, salud, educación e inversión productiva.
El mensaje del sector empresarial, por tanto, no es un rechazo general al rumbo del Gobierno federal. Es más matizado. Reconoce que existen avances que pueden fortalecer la posición de México, pero considera que todavía falta convertirlos en resultados visibles y sostenibles.
El contraste con el propio discurso presidencial resulta evidente. Durante su Segundo Informe, Sheinbaum destacó la reducción de los homicidios, el aumento del salario mínimo, la estabilidad económica y la estrategia del Plan México como parte de los principales resultados de su administración. Coparmex, sin desconocer esos avances, pone el foco en los indicadores que todavía no terminan de responder.
La discusión de fondo está justamente ahí. Un salario mínimo más alto mejora el ingreso de quienes reciben ese piso salarial; una relación comercial estable abre oportunidades para las empresas; y un plan de industrialización puede atraer capital. Pero ninguno de esos elementos funciona plenamente si persisten la extorsión, la incertidumbre jurídica o la falta de infraestructura.
Por ello, Coparmex plantea que el Segundo Informe no debe ser solamente un balance de lo realizado, sino un punto de partida para acelerar las decisiones pendientes. El organismo reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno, el Congreso, los trabajadores y otros sectores de la sociedad.
La oportunidad para México es considerable. Su cercanía con Estados Unidos, la integración productiva de América del Norte y la posibilidad de atraer nuevas cadenas industriales colocan al país ante un escenario favorable. Pero aprovecharlo exige resolver los obstáculos que las empresas señalan desde hace tiempo.
La conclusión empresarial es sencilla, aunque el desafío no lo sea: México puede tener mejores salarios y una posición comercial privilegiada, pero necesita seguridad, inversión y empleo formal para que esos avances terminen sintiéndose en la vida diaria.
