El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido el 17 de octubre por presuntas irregularidades en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en el que habrían participado agentes estadounidenses. El caso también derivó en una investigación federal por la posible intervención no autorizada de personal extranjero en territorio mexicano.
La detención de Jáuregui Moreno está relacionada con el operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Tras la operación, cuatro personas murieron en un accidente de tránsito: dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía estatal.
De acuerdo con las investigaciones, los dos estadounidenses habrían pertenecido a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no ha confirmado públicamente esa afiliación, mientras que las autoridades mexicanas investigan las condiciones en las que los extranjeros participaron en las actividades de seguridad.
Los cargos contra el exfiscal
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que Jáuregui fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La investigación busca determinar si durante el operativo se incumplieron las disposiciones legales y los procedimientos de mando correspondientes.
Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía estatal, señaló que el desmantelamiento del laboratorio representó un resultado relevante en el combate al crimen organizado, pero subrayó que el propósito de la investigación es esclarecer cómo se organizó la operación, si se omitieron responsabilidades dentro de la cadena de mando y si se respetaron los protocolos aplicables.
La Fiscalía estatal sostuvo que investigar las posibles irregularidades no significa desconocer el trabajo de los agentes mexicanos ni los resultados obtenidos contra las organizaciones criminales. La institución afirmó que las acciones de seguridad deben realizarse dentro del marco legal.
Versiones contradictorias sobre la presencia de estadounidenses
El caso adquirió relevancia pública después de que, en abril, Jáuregui ofreciera explicaciones diferentes sobre la presencia de los dos ciudadanos estadounidenses. En una primera versión, indicó que regresaban de una operación relacionada con un laboratorio clandestino. Posteriormente, afirmó ante medios de comunicación que agentes estadounidenses no habían participado directamente en el operativo.
Las declaraciones generaron cuestionamientos sobre el conocimiento que tenían las autoridades estatales acerca de la presencia y las actividades de los extranjeros. Jáuregui renunció a la titularidad de la Fiscalía de Chihuahua a finales de abril, en medio de la controversia.
La investigación federal y la soberanía nacional
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la administración federal no recibió una notificación previa sobre la operación. La participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro de México abrió interrogantes sobre las competencias de las autoridades estatales y federales, así como sobre los mecanismos de coordinación con Estados Unidos.
Además de la causa penal estatal, la Fiscalía General de la República informó sobre una orden de aprehensión contra Jáuregui por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La imputación federal se relaciona con la presunta autorización de la participación de agentes extranjeros sin el permiso correspondiente y con posibles omisiones en la comunicación de los hechos a las autoridades federales.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que la investigación incluyó más de cien actos de investigación. Según la versión de la Fiscalía, las autoridades buscan determinar si se realizaron funciones reservadas a instancias federales sin las atribuciones legales necesarias y si se omitió informar oportunamente sobre la operación.
Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán ser examinados dentro del procedimiento judicial. La detención y las imputaciones no equivalen, por sí mismas, a una declaración de culpabilidad.
