El ministro confirmó en su documento, que sí se cometieron violaciones graves de garantías, tal como lo asentaron en su informe preliminar los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, encargados de la Comisión Investigadora que indagó el caso.
El debate del caso del incendio, ocurrido el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 niños de entre once meses y cuatro años de edad, y 75 resultaron lesionados, iniciará el 14 de junio. La Corte no sesionará la próxima semana, con la finalidad de que los ministros puedan dedicarse al estudio del documento presentado por Zaldívar.
A pesar de que en su resolución final la SCJN podría declarar responsables a los funcionarios, el fallo no tendrá carácter vinculante, sino sólo de pronunciamiento que recomienda e informa, en este caso al presidente Felipe Calderón, los gobernadores y la Procuraduría General de la República.
Molinar Horcasitas fue director general del IMSS de diciembre de 2006 a marzo de 2009, por lo que “le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC”, señala el informe.
Sobre Daniel Karam, el documento indica que el actual director general del IMSS es alcanzado por “las fallas del sistema”, debido a que asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección de dicho Instituto.
“Este funcionario también es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se ha brindado a las víctimas”.
Respecto a Bours Castelo, indica que como gobernador era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia. Asimismo, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la
infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos.
Y en tal medida —prosigue— a Bours le son atribuibles las omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban a la guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente de la Secretaría de Hacienda.
El dictamen avala señalamientos de la comisión investigadora integrada por dos magistrados, Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla, respecto a responsabilidades que conciernen a Ernesto Gándara, presidente municipal de Hermosillo, Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de Guarderías, deben enfrentar responsabilidades.
Y menciona igualmente entre los responsables del siniestro a Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado estatal en Sonora, y Noemí López Sánchez, ex titular del Departamento Delegacional de Guarderías, servidores públicos del IMSS
En su informe, Zaldívar Lelo de Larrea destaca que determinada la suficiencia de la investigación, los derechos violados y las autoridades responsables, la Corte debe ordenar a las autoridades del IMSS, estatales y municipales, que cumplan con sus deberes en el marco de sus competencias para restablecer el orden constitucional.
“Así, cuando las instituciones se ven rebasadas por la dimensión de los hechos o cuando las condiciones no les permiten actuar con libertad en el sistema democrático, se requiere de esta facultad extraordinaria que le garantice a la sociedad que se actuará con objetividad e imparcialidad y que permita establecer el orden constitucional vulnerado” precisó Zaldívar.
Asimismo, estableció que las instituciones deben cumplir con dichas obligaciones, una vez comprobado el desorden generalizado en que se encuentra el sistema de guarderías.
El dictamen enlista 27 puntos de obligaciones que deberán cumplir el IMSS, el gobierno de Sonora y el municipio de Hermosillo.
En la lista se indica que las autoridades federales, estatales y municipales deben “redimensionar la acción pública para que en toda política legislativa, administrativa o judicial, donde se vean involucrados los derechos de los infantes, se atienda al interés superior del niño”.
Ordena revisar la normatividad referente a la seguridad de los menores en los centros a los que eventualmente acceden, tales como hospitales, escuelas, centros de recreación y guarderías.
“Normatividad que debe atender a las más altas exigencias que demanda la protección de la integridad física de los menores”, recalcó.
Al IMSS le ordena revisar las condiciones en que se presta el servicio de guardería bajo el régimen de subrogación, a efecto de que se corrijan, con suficiencia y de manera expedita, las fallas estructurales que presenta dicho sistema.
Por su parte, el gobierno de Sonora deberá “aumentar los esfuerzos para asegurar que se repare el daño ponderando el nivel de afectación de las víctimas, con el objetivo de asegurar, en la medida de lo posible, que las familias afectadas recuperen el nivel de vida que tenían antes de la tragedia”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede permanecer al margen de los acontecimientos públicos ni de las demandas de la sociedad, máxime en aquellos casos en los que las autoridades, lejos de obedecer siempre al bienestar social y al bien público, debido a omisiones o negligencias, ponen en riesgo los valores que precisamente intenta proteger la Constitución”, asentó el ministro Zaldívar.
