La Habana, 29 mar (EFE).- El colectivo disidente Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) presentó este martes una propuesta de ley de amnistía que favorecería tanto a los detenidos por las protestas del 11 de julio como a cargos públicos y funcionarios cubanos.
La organización difundió su propuesta con el ánimo de que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) la asuma como una iniciativa legislativa popular, algo contemplado en la Constitución de 2019, y la apruebe.
Ni el Legislativo cubano ni los medios oficiales se han pronunciado hasta el momento al respecto. En el exilio y la oposición la iniciativa ha suscitado controversia.
El “Proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso en Cuba”, facilitado por la CTDC a los medios, busca una “amnistía general y plena” para todo investigado o acusado por una actividad “contrarrevolucionaria”, contra la seguridad del estado o el sistema socialista.
La propuesta se refiere expresamente a las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado, pero pide esta medida de gracia para todos aquellos procesados como contrarrevolucionarios desde que triunfó la revolución en Cuba en 1959.
También ofrece la amnistía a “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” que participaron en la persecución de actividades calificadas como contrarrevolucionarias, siempre que no hubiesen cometido “crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de los derechos humanos”.
Quedarían asimismo cubiertos funcionarios y cargos públicos y del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) que no puedan ser imputados por crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos.
El objetivo del CTDC, según la argumentación inicial de su propuesta, es que esta ley sea “un primer paso hacia la reconciliación nacional y política de todos los cubanos”.
La propuesta difiere de forma sustancial de la difundida el pasado viernes en Telegram por el jurista Sergio Osmín Fernández en nombre de la plataforma Amnistía en Cuba.
La de Osmín Fernández pide la amnistía para los manifestantes del 11 de julio y para todos los encarcelados por “ejercer las libertades fundamentales del ser humano en oposición al totalitarismo” o por actividades políticas desde 1959.
“Esta ley no concede amnistía” a quienes “perpetraron violaciones de derechos humanos e infligieron graves daños y perjuicios”, dice el artículo 2.2 de esta propuesta.
Además, la argumentación de Osmín, donde se habla de “represión” y “régimen totalitario”, condena que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, diese el 11 de julio la “orden de combate” en televisión para confrontar las protestas.
Las dos iniciativas han suscitado debate entre disidentes y opositores, centrados en las diferencias entre las dos propuestas y sus repercusiones
