A 205 años de su firma, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano representa mucho más que la declaración formal de la ruptura con España: fue el primer documento político que proclamó la soberanía de México, aunque dejó sin resolver cuestiones fundamentales sobre la organización y el ejercicio del poder.
El 28 de septiembre de 1821, un día después de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, quedó formalmente constituida la Soberana Junta Provisional Gubernativa. Esa misma jornada, durante su primera sesión en el Palacio Nacional, fue redactada y firmada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
El acontecimiento debe entenderse como parte de una transición política acelerada. La guerra iniciada en 1810 había llegado a su desenlace militar, pero la desaparición del orden virreinal no significaba que existiera todavía un Estado mexicano plenamente organizado. Había que determinar quién gobernaría, bajo qué instituciones, con qué normas y, sobre todo, qué forma adoptaría la nueva nación.
El Acta declaró solemnemente que la nación mexicana era soberana e independiente de la antigua España. También estableció que el nuevo país se constituiría conforme a las bases previstas en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. En consecuencia, el documento proclamaba la independencia, pero no funcionaba como una Constitución ni establecía por sí mismo una estructura definitiva de gobierno.
La Junta Provisional Gubernativa asumió temporalmente funciones legislativas y quedó encargada de preparar la transición institucional. De manera paralela se estableció una Regencia para ejercer el Poder Ejecutivo mientras se reunía el Congreso que debía determinar la organización política del nuevo Estado. El esquema revela una característica esencial del momento: México había alcanzado la soberanía antes de haber definido constitucionalmente la forma en que la ejercería.
La composición de la Junta también resulta significativa. El Archivo General de la Nación señala que estuvo integrada por 38 personas seleccionadas por Agustín de Iturbide. Entre sus integrantes había representantes de sectores de la élite política, económica y eclesiástica de la antigua Nueva España. La insurgencia tradicional tuvo una presencia mucho menor en esa estructura institucional, a pesar de que la lucha armada iniciada en 1810 había sido fundamental para mantener durante una década la cuestión de la independencia.
Esta circunstancia permite comprender el peso político de Iturbide en la consumación. A diferencia de los primeros movimientos insurgentes, el proyecto que finalmente consiguió la independencia reunió a antiguos insurgentes y sectores realistas alrededor del Plan de Iguala. Vicente Guerrero, uno de los principales jefes insurgentes que permanecían en armas, aceptó la alianza con Iturbide y ambos quedaron vinculados al proceso que condujo a la entrada del Ejército Trigarante en la capital el 27 de septiembre.
Iturbide, sin embargo, no llegó al momento de la consumación como un dirigente insurgente tradicional. Había combatido originalmente del lado realista y posteriormente construyó una coalición política y militar que hizo posible la ruptura con España. El Plan de Iguala planteó tres garantías: religión, independencia y unión. Su propuesta contemplaba una monarquía constitucional y buscaba integrar a sectores que habían estado enfrentados durante la guerra.
El Acta de Independencia reflejó esa concepción. No proclamó inicialmente una república, sino el nacimiento del Imperio Mexicano. Su texto remitía al Plan de Iguala y al Tratado de Córdoba como bases de la futura organización política. Sin embargo, la situación internacional modificó rápidamente el escenario: España no reconoció la independencia mexicana ni aceptó que un miembro de la casa de Borbón ocupara el trono previsto en el proyecto original.
La ausencia de una solución monárquica aceptada abrió uno de los primeros grandes vacíos políticos del México independiente. El Congreso Constituyente comenzó sus trabajos el 24 de febrero de 1822, pero pronto surgieron conflictos entre los representantes y el poder encabezado por Iturbide. En mayo de ese año, Iturbide fue proclamado emperador y posteriormente coronado como Agustín I.
El experimento imperial tuvo una duración breve. Las diferencias entre el emperador y el Congreso se profundizaron hasta que Iturbide decidió disolverlo en octubre de 1822. La oposición política y militar aumentó y, en diciembre de ese año, Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Veracruz, al que posteriormente se incorporaron otros dirigentes. La presión terminó con la abdicación de Iturbide en marzo de 1823.
La caída del Imperio mostró que la declaración de independencia no había resuelto el problema fundamental de la construcción del Estado. El país tenía soberanía, pero todavía carecía de un acuerdo político estable sobre la distribución del poder. La solución republicana comenzó entonces a adquirir forma y condujo al Congreso Constituyente que elaboró el nuevo orden federal.
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en 1824 y estableció una república representativa, popular y federal. De esta manera, entre el Acta de 1821 y la Constitución de 1824 se produjo una transformación profunda: México pasó de proclamarse un imperio independiente a organizarse como una república federal.
Por ello, los llamados vacíos del Acta no deben interpretarse necesariamente como errores de redacción. El documento cumplió una función concreta: afirmar la independencia y la soberanía de la nueva nación. Lo que quedó pendiente fue precisamente aquello que las instituciones posteriores tendrían que resolver: la forma de gobierno, la distribución territorial del poder, las atribuciones de las autoridades y los mecanismos para representar políticamente a la población.
El propio recorrido material del documento refleja la importancia que adquirió. Se elaboraron dos ejemplares originales. Uno quedó vinculado al Poder Legislativo y terminó destruido en el incendio que afectó el recinto legislativo de Palacio Nacional en 1909. El otro tuvo diversos episodios posteriores y finalmente fue recuperado en el siglo XX; actualmente se encuentra bajo resguardo del Archivo General de la Nación.
A 205 años de aquel 28 de septiembre, el Acta de Independencia puede leerse como el punto de partida jurídico de un Estado que todavía estaba en construcción. La guerra había terminado y la soberanía había sido proclamada, pero la arquitectura institucional de México apenas comenzaba a definirse.
La paradoja de 1821 es, precisamente, que la independencia política no produjo de inmediato estabilidad institucional. El nuevo país tuvo que atravesar el Imperio de Iturbide, su caída y la construcción de la República antes de establecer, en 1824, un marco constitucional propio. El Acta abrió la puerta a la nación independiente; las décadas posteriores serían las encargadas de intentar definir qué significaba realmente gobernarla.