Las delegaciones del Gobierno venezolano y de un sector opositor iniciaron en Caracas la cuarta ronda de negociaciones impulsadas por Estados Unidos. La agenda contempla reformas legales, renovación de instituciones y garantías políticas, aunque todavía no existe un acuerdo sobre la fecha de las próximas elecciones presidenciales.
El chavismo y una representación de la oposición venezolana comenzaron el viernes 13 de noviembre una nueva etapa de negociaciones con el propósito de modificar disposiciones legales y avanzar en la renovación de las instituciones del país. Se trata del cuarto ciclo de conversaciones respaldado por Estados Unidos, un proceso que busca establecer condiciones para una futura convocatoria electoral y recuperar la credibilidad del sistema político.
Las delegaciones se reunieron a puerta cerrada en el Hotel Gran Meliá de Caracas. Por el oficialismo participa un equipo encabezado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mientras que la representación opositora está liderada por Dinorah Figuera, vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015. En esta mesa no participa el partido de María Corina Machado, pese a que la dirigente regresó a Venezuela el pasado 25 de octubre.
Al término del encuentro inicial, Figuera manifestó su disposición a trabajar para que el país alcance una democracia plena y señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe formar parte de las discusiones. Jorge Millán, integrante de su equipo negociador, planteó además como objetivo la liberación de todos los presos políticos.
La exigencia adquiere especial relevancia ante el registro de Foro Penal, organización no gubernamental que contabilizó 321 personas detenidas por razones políticas al 9 de noviembre. La cifra incluye 181 civiles y 140 militares. La situación de estas personas constituye uno de los asuntos más sensibles de la negociación, aunque las excarcelaciones todavía no figuraban formalmente como un punto acordado de la agenda.
Reformas legales e inhabilitaciones políticas
Uno de los ejes centrales de esta cuarta ronda es revisar disposiciones jurídicas que han sido utilizadas para restringir la participación política y procesar a opositores. Entre los instrumentos señalados se encuentran la Ley de Partidos Políticos, la legislación relacionada con el financiamiento al terrorismo y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
La discusión sobre esta última norma tiene una dimensión política directa: sus disposiciones han servido de fundamento para inhabilitar a dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, quien no pudo competir como candidata en las elecciones presidenciales de 2024. Para los sectores críticos del Gobierno, las inhabilitaciones administrativas se han convertido en un mecanismo que limita la competencia electoral sin ofrecer suficientes garantías de independencia y debido proceso.
También se contempla revisar la definición y aplicación del delito de terrorismo, cuya utilización contra manifestantes y personas críticas del chavismo ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos. El desafío no consiste únicamente en modificar el lenguaje de las leyes, sino en establecer límites efectivos al uso político del sistema penal.
La situación de los opositores que permanecen en el exilio y la liberación de personas detenidas por motivos políticos también forman parte de las expectativas de la delegación opositora. Sin embargo, conviene distinguir entre las demandas planteadas por sus representantes y los compromisos formalmente incorporados a la mesa: hasta el inicio de esta ronda, no existía un acuerdo específico sobre excarcelaciones.
La renovación del Poder Judicial y el árbitro electoral
Otro asunto fundamental es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso de selección de nuevos magistrados ya se encuentra en la fase de recepción de postulaciones. De acuerdo con los compromisos alcanzados en los ciclos anteriores, la renovación debería avanzar durante las próximas semanas. La designación de integrantes independientes y con legitimidad institucional será determinante para evaluar si el proceso representa una transformación real o solamente un cambio de nombres.
La renovación del Consejo Nacional Electoral constituye, por su parte, una condición indispensable para avanzar hacia nuevos comicios. El organismo fue cuestionado después de las elecciones presidenciales de 2024, cuando proclamó ganador a Nicolás Maduro sin que se publicaran las actas electorales completas que permitieran verificar de manera independiente los resultados.
Hasta ahora, las delegaciones no han alcanzado un acuerdo concreto sobre la celebración de elecciones ni sobre el calendario para renovar el CNE. Dinorah Figuera ha señalado que el país necesita condiciones que garanticen la credibilidad del voto y ha mencionado la posibilidad de que los comicios se celebren a finales de 2027 o principios de 2028. Se trata de una expectativa expresada por la dirigente, no de una fecha acordada por las partes.
Estados Unidos mantiene una hoja de ruta sobre la transición
El Gobierno de Donald Trump ha asumido un papel central en el impulso de estas negociaciones. La administración estadounidense respalda una hoja de ruta que contempla la renovación de las instituciones judiciales y electorales como pasos previos a una convocatoria presidencial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló el 9 de noviembre que el nuevo Tribunal Supremo debería quedar constituido a mediados de diciembre y que la renovación del Consejo Nacional Electoral tendría que avanzar poco después. Según la propuesta estadounidense, una vez designadas las nuevas autoridades electorales, Delcy Rodríguez —quien ejerce la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero— declararía vacante la Presidencia y comenzaría un plazo de seis meses para convocar elecciones.
La hoja de ruta también contempla resolver la participación de los más de siete millones de venezolanos que viven fuera del país. Su inclusión en el padrón y la posibilidad efectiva de ejercer el voto son cuestiones esenciales para que cualquier elección pueda considerarse representativa.
Mientras tanto, el oficialismo mantiene entre sus prioridades el levantamiento de sanciones internacionales y el desbloqueo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Este último asunto ya había sido incluido en los compromisos de los primeros ciclos de diálogo, pero continúa sin concretarse.
Un diálogo que todavía debe demostrar resultados
La cuarta ronda se desarrolla en un escenario político distinto al de los primeros encuentros. La captura de Maduro, el regreso de Machado y la intervención diplomática de Washington han modificado el equilibrio de los actores involucrados. Sin embargo, la ausencia de la principal fuerza política vinculada a Machado en la mesa negociadora plantea interrogantes sobre la representatividad de los acuerdos que puedan alcanzarse.
El diálogo puede abrir una oportunidad para reconstruir instituciones, reducir la persecución política y recuperar mecanismos democráticos. Pero su legitimidad no dependerá de la cantidad de reuniones celebradas ni de los anuncios oficiales, sino de resultados verificables: liberación de personas detenidas arbitrariamente, garantías para la oposición, independencia de los poderes públicos, libertad de participación política y un árbitro electoral confiable.
Venezuela necesita algo más que una nueva negociación entre dirigentes. Necesita que las reglas de la competencia política dejen de estar sujetas a los intereses de quienes ejercen el poder. Mientras no existan garantías para que cualquier fuerza pueda participar, competir y aceptar o impugnar resultados con certeza jurídica, la promesa de elecciones transparentes seguirá siendo una aspiración y no una realidad democrática.
