Tegucigalpa, 17 jun (EFE).- El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) condenó este sábado el asesinato del defensor del agua Oquelí Domínguez y pidió al Estado adoptar “medidas de protección” para su hermano, el ambientalista Reynaldo Domínguez.
El organismo de derechos humanos expresó en un comunicado “muestras de condolencia y solidaridad” con la familia Domínguez y la comunidad de Guapinol, en el Caribe hondureño.
Oquelí fue asesinado este jueves en la comunidad de Guapinol, departamento caribeño de Colón, cinco meses después del asesinato de su hermano Aly Domínguez, una de “las personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal”, según organizaciones de derechos humanos.
La madre de Oquelí, Catalina Ramos, resultó herida en el ataque armado, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada.
Ante el contexto de violencia, el Conadeh solicitó al Estado de Honduras “adoptar medidas de protección a favor de Reynaldo Domínguez, en virtud de la labor de defensor de derechos humanos que realiza a favor del río Guapinol”.
“Este contexto obliga al Estado de Honduras a adoptar medidas de protección integrales y reforzadas a favor de las personas defensoras en Guapinol en el marco de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, señaló el Conadeh.
El organismo considera que las autoridades hondureñas debieron “identificar y concertar con las potenciales personas beneficiarias, todas las medidas necesarias e idóneas para proteger su vida e integridad”.
El conflicto en Guapinol se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Colón, por “la ilegalidad” de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares (antes Emco Mining Company), lo que la compañía ha rechazado en varias ocasiones.
Este proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
Alrededor de 137 defensores de derechos humanos han muerto de manera violenta en Honduras, muchos de ellos en circunstancias aún no esclarecidas, desde 2014, según cifras del Conadeh.
