En agosto de 1928, las principales potencias de la época intentaron convertir la guerra en una conducta ilegal. El experimento fracasó ante el avance del militarismo, pero dejó una huella profunda en el derecho internacional y todavía ofrece una advertencia incómoda sobre los límites de la diplomacia.
El 27 de agosto de 1928, en París, representantes de 15 países firmaron un acuerdo que, visto desde nuestro tiempo, parece casi demasiado ambicioso para ser real. El llamado Pacto Kellogg-Briand, también conocido como Pacto de París, buscaba que los Estados renunciaran a la guerra como instrumento de política nacional y resolvieran sus controversias por medios pacíficos. Con el tiempo, otros 47 países se adhirieron al tratado. La apuesta era enorme: después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, las potencias pretendían cambiar no solamente la diplomacia, sino la propia consideración jurídica de la guerra.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la iniciativa surgió inicialmente de una propuesta del canciller francés Aristide Briand para establecer un compromiso de paz entre Francia y Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Frank Kellogg amplió posteriormente la idea para convertirla en un pacto abierto a otras naciones. El resultado fue un documento breve, solemne y cargado de esperanza.
La verdad es que aquella esperanza tenía fundamentos. Europa todavía vivía bajo la sombra de millones de muertos y de una destrucción que había demostrado hasta dónde podía llegar la guerra industrial. Para muchos gobiernos y ciudadanos, prohibir jurídicamente la guerra parecía una respuesta lógica a una experiencia que había dejado cicatrices demasiado recientes.
El problema apareció cuando llegó la hora de hacer cumplir el compromiso. El pacto no creó un mecanismo eficaz para castigar a los Estados que lo violaran. Tampoco resolvió con precisión cuestiones como el alcance de la legítima defensa. Según el National Museum of American Diplomacy, estas ambigüedades permitieron interpretaciones que terminaron debilitando el acuerdo. El primer gran golpe llegó en 1931, cuando Japón ocupó Manchuria pese a ser uno de los países firmantes.
La respuesta internacional fue insuficiente. La Sociedad de Naciones no consiguió detener la expansión japonesa y, durante los años siguientes, otras potencias también recurrieron a la fuerza. Alemania, Italia y Japón avanzarían por caminos que terminarían conduciendo al desastre de la Segunda Guerra Mundial. El pacto había conseguido convertir la guerra de agresión en una conducta condenable, pero no había construido los instrumentos necesarios para impedirla.
Ahí reside una de las grandes lecciones del episodio. Una norma internacional puede tener un enorme valor político y moral y, al mismo tiempo, resultar vulnerable cuando carece de mecanismos capaces de hacerla respetar. Es parecido a colocar una señal de alto en una carretera sin policía, sin barreras y sin consecuencias para quien decide ignorarla. La señal existe; el problema es quién consigue detener al conductor.
Sin embargo, reducir el Pacto Kellogg-Briand a un fracaso sería quedarse solamente con una parte de la historia. Investigaciones jurídicas y académicas posteriores han destacado que el tratado contribuyó a transformar la manera en que la comunidad internacional entendía la guerra de agresión. Durante los juicios de Núremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Militar Internacional consideró relevante la renuncia a la guerra contenida en el pacto al analizar la responsabilidad de los dirigentes nazis por la planificación y ejecución de guerras de agresión.
Además, la experiencia ayudó a preparar el terreno para una arquitectura internacional más compleja. Como explica Naciones Unidas, la Carta de 1945 incorporó la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, aunque dentro de un sistema institucional que contempla mecanismos colectivos y la legítima defensa. El salto entre 1928 y 1945 fue, por tanto, mucho más que cronológico: fue el reconocimiento de que declarar ilegal una conducta no basta si no existen instituciones capaces de responder ante su violación.
Casi un siglo después, esa enseñanza conserva una vigencia incómoda. Las crisis internacionales siguen poniendo a prueba la capacidad de las normas para contener los intereses de las grandes potencias. El Pacto Kellogg-Briand recuerda que la diplomacia puede formular ideales extraordinariamente poderosos, pero también que los ideales necesitan instituciones, voluntad política y consecuencias concretas para sobrevivir.
El tratado no evitó la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, fracasó en su objetivo más inmediato. Pero tampoco desapareció sin dejar rastro. Su legado está en la lenta transformación de la guerra: de una herramienta considerada durante siglos parte normal de la política estatal a una conducta que el derecho internacional moderno intenta prohibir y sancionar. Tal vez esa sea la paradoja más importante de aquel experimento: la utopía no consiguió impedir la catástrofe, pero ayudó a cambiar las reglas con las que el mundo aprendió a juzgarla.
