Por Gram Slattery
RÍO DE JANEIRO, 28 mar (Reuters) – El año pasado, mientras los habitantes de Río de Janeiro se refugiaban en sus casas durante la fase más mortífera del brote de COVID-19 en Brasil, el detective de la policía Gabriel Ferrando dijo que recibió un aviso de que algo sospechoso estaba afectando al servicio de internet local.
El acceso había desaparecido en amplias franjas del Morro da Formiga, un barrio de la zona norte de la ciudad. Cuando Ferrando interrogó a un técnico del proveedor de banda ancha TIM SA encargado de arreglar el corte, el trabajador, cuyo nombre no quiso revelar, dijo que unos hombres armados lo habían echado con la advertencia de que no volviera.
Resulta que un nuevo proveedor de internet había reclamado este territorio: una empresa entre cuyos inversores se encontraba un acusado de tráfico de drogas y armas con presuntos vínculos con el conocido sindicato criminal Comando Rojo de Brasil, según Ferrando, documentos judiciales presentados por las autoridades y registros de empresas vistos por Reuters.
Utilizando equipos robados, algunos de ellos sustraídos de TIM, los recién llegados pronto tuvieron su propio servicio de internet en funcionamiento, dijo Ferrando. Los residentes podían contratar a la nueva empresa.
TIM, una filial de Telecom Italia SpA, declinó hacer comentarios y remitió todas las preguntas a la asociación brasileña de la industria de las telecomunicaciones Conexis. En un comunicado, el grupo pidió a las fuerzas del orden del país que actuaran para proteger a los operadores legítimos.
Ferrando, un veterano de la filial de crimen organizado más importante de Río, está intentando hacer precisamente eso. En un artículo sellado que documenta meses de análisis, pidió en febrero a los fiscales estatales que presentaran cargos contra los supuestos piratas.
La fiscalía no respondió a una solicitud de comentarios. No se han presentado cargos.
Morro da Formiga no es la única comunidad que reporta problemas. Reuters entrevistó a casi dos docenas de ejecutivos de la industria de las telecomunicaciones, representantes de las fuerzas del orden, técnicos, académicos y clientes de internet en Brasil, y revisó miles de páginas de expedientes judiciales presentados por la policía.
Las personas y los documentos describieron una audaz toma del servicio de internet en decenas de barrios de las principales ciudades de Brasil por parte de empresas asociadas a presuntos delincuentes que no temen utilizar la fuerza y la intimidación para expulsar a sus competidoras.
El resultado, según estas fuentes, es que decenas de miles de brasileños dependen ahora de redes de banda ancha poco fiables y de segunda categoría que, según las estimaciones de la industria y las fuerzas del orden, generan millones de dólares anuales para los supuestos delincuentes.
Los proveedores piratas pueden ser insensibles cuando el servicio se bloquea e impacientes cuando no se paga una factura, dijeron algunos clientes a Reuters. En el barrio de clase trabajadora de Campo Grande, un residente describió cómo alguien llama a su puerta mensualmente para cobrar 35 reales (6,80 dólares), en efectivo.
Hay “presión para pagar el día que ellos eligen sin demora”, dijo el cliente, que pidió el anonimato por temor a represalias.
Se trata de una fuente de ingresos fiable que se ha hecho aún más lucrativa por la pandemia del COVID-19, que obligó a las familias a conectarse a internet para estudiar, trabajar y comprar.
Solo en 2020, la proporción de hogares brasileños con conexión a internet creció más de 12 puntos porcentuales, al 83%, según los datos más recientes disponibles de Cetic.br, una organización de tecnología de la información.
Los piratas también están saqueando equipos e infraestructuras, muchos de ellos reutilizados para sus redes improvisadas, según las autoridades y los ejecutivos de telecomunicaciones.
El robo y la destrucción de equipos de telecomunicaciones aumentaron un 34% en 2020 frente al año previo, lo que representa unos 1.000 millones de reales (194 millones de dólares) en pérdidas anuales directas, según Feninfra, un grupo de la industria que destacó que esa cifra aumentó otro 16% en el primer semestre de 2021.
LA SUPUESTA TRAMA
La industria brasileña de las telecomunicaciones no está sola en su lucha. Los grupos criminales han controlado durante años la distribución de gas de cocina, bidones de agua potable y otros productos básicos en muchos barrios urbanos de bajos ingresos.
Sin embargo, al construir sus propias redes de banda ancha, los delincuentes están aumentando su sofisticación, según más de 20 técnicos, representantes de la industria y de las fuerzas del orden entrevistados por Reuters.
El esquema suele funcionar así: los ladrones roban o vandalizan los equipos de los operadores de banda ancha tradicionales y cuando los equipos de reparación llegan, son amenazados por hombres armados que les advierten que no vuelvan.
El año pasado, solo en Río, las zonas prohibidas aumentaron a 105 lugares para Oi SA, uno de los mayores proveedores de internet de Brasil. Esa cifra se ha cuadruplicado desde 2019, según datos facilitados por la empresa.
Poco después de la interrupción del servicio, las empresas de telecomunicaciones asociadas a los grupos del crimen organizado establecen sus propias redes, aprovechando la infraestructura existente.
En algunos casos, estos grupos están dirigidos directamente por miembros de bandas de narcotraficantes, incluyendo el Comando Rojo o el Tercer Comando Puro, uno de sus principales competidores. Otros son dirigidas por milicias, un grupo criminal compuesto por policías retirados y fuera de servicio, o por empresarios que pagan sobornos para eliminar la competencia.
A menudo, los intrusos reciben la ayuda de empleados corruptos de los principales proveedores que les venden conocimientos y equipos robados, según el fiscal del estado de Río Antonio Pessanha, quien dijo a Reuters que está investigando la actividad delictiva en el sector de las telecomunicaciones en la ciudad de Río y sus alrededores.
En un caso reciente, un empleado de Claro, la filial local de la mexicana América Móvil SAB de CV, se ofreció a vender equipos de la empresa a socios del crimen organizado, según una llamada grabada que, según Pessanha, su oficina obtuvo mediante una intervención telefónica aprobada por el tribunal.
No especificó a qué organización criminal estaban supuestamente afiliadas las personas de la llamada, ni identificó al empleado de Claro o a los otros participantes. El análisis está en curso y Reuters no tuvo acceso a la grabación.
Claro declinó hacer comentarios sobre el supuesto incidente.
NUEVO ACTOR
En Morro da Formiga, el detective Ferrando dijo que comenzó a recibir denuncias anónimas de algunos de sus aproximadamente 5.000 residentes en la primera mitad de 2021 que decían que los servicios de banda ancha proporcionados por los principales operadores habían dejado de funcionar.
La empresa que domina el sector ahora, dijo Ferrando, se llama JPConnect Servicos de Telecomunicacoes. Se estableció en 2019, según los documentos de registro corporativo presentados ante el Gobierno de Río y vistos por Reuters.
Esos registros muestran que a finales del año pasado JPConnect era en parte propiedad de un individuo llamado Paulo Cesar Souza dos Santos Jr, quien las autoridades dicen es un miembro del Comando Vermelho, o Comando Rojo, el mayor grupo criminal organizado de Río.
En 2011, los fiscales del estado de Río acusaron a Dos Santos de tráfico de drogas y armas, según registros judiciales consultados por Reuters. Posteriormente fue absuelto.
En enero, los agentes de policía registraron la sede de JPConnect en Morro da Formiga, según Ferrando, quien dijo que se encontraron equipos pertenecientes a TIM, Oi, Claro y Telefónica Brasil SA, la filial local de la española Telefónica SA. Todas estas empresas se negaron a comentar.
Las autoridades no han presentado cargos en el caso. Reuters no pudo contactar con representantes de JPConnect y el número de teléfono registrado de la empresa no funciona.
Dos Santos y Almeida declinaron hacer comentarios a través de su abogado, Eberthe Vieira de Souza Gomes, que dijo que JPConnect opera legalmente y ha ganado cuota de mercado ofreciendo un producto de calidad.
Agregó que Dos Santos no tiene conexión con ninguna organización criminal, señalando que su cliente fue absuelto de todos los cargos relacionados con su acusación de 2011. Reuters confirmó la absolución a través de documentos del tribunal estatal de Río. Esos documentos no especifican el año de su absolución.
TIM, Oi, Claro y Telefónica Brasil remitieron las preguntas a Conexis, la asociación comercial de telecomunicaciones.
En una entrevista, Marcos Ferrari, presidente del grupo, describió una letanía de problemas a los que se enfrenta la industria, incluyendo vandalismo, robos, amenazas a los empleados y la toma de áreas de servicio por parte de actores con presuntos vínculos con el hampa.
En la ciudad de Río de Janeiro hay otros operadores de banda ancha que están siendo investigados por presuntos vínculos con supuestos delincuentes, según las autoridades.
Entre ellos se encuentra Net&Com, que saltó a las noticias en marzo de 2021 cuando la policía de Río allanó su sede en el centro de la ciudad en el marco de una investigación sobre una supuesta red de tráfico de drogas.
La policía ha declarado públicamente que está investigando a la empresa por haber pagado supuestamente a delincuentes asociados al Comando Vermelho para que les ayudaran a hacerse con el mercado de las telecomunicaciones en los barrios pobres de la zona metropolitana de Río.
Más de tres docenas de personas, entre ellas supuestos miembros del Comando Vermelho, fueron acusadas el año pasado de tráfico de drogas y armas y de conspiración, según documentos judiciales presentados por la fiscalía de Río y vistos por Reuters. Actualmente están siendo juzgados y han mantenido su inocencia.
En los documentos, las autoridades alegan que la red también se benefició al aceptar sobornos de Net&Com para expulsar a los competidores de telecomunicaciones de los barrios en los que ahora opera la empresa. Net&Com y sus ejecutivos no han sido acusados.
Pedro Santiago, abogado de Net&Com, dijo que la empresa es un operador honrado que ha sido “víctima de una caza de brujas” y agregó que había revisado muchas horas de escuchas telefónicas de la policía y que éstas no mostraban ningún vínculo entre la empresa y elementos criminales.
La policía refuta esa caracterización en documentos judiciales vistos por Reuters, citando como evidencias equipos supuestamente robados y conversaciones entre co-conspiradores que mencionan el supuesto papel de Net&Com.
Pessanha, el fiscal estatal de Río, dijo que la investigación continúa. “Internet es el nuevo oro para el inframundo criminal”, señaló.
