SHANGHÁI/TAIPÉI, 24 dic (Reuters) – China expresó su enfado el sábado por una nueva ley estadounidense de autorización de defensa que aumenta la ayuda militar a Taiwán, mientras que Taipéi la aplaudió por contribuir a reforzar la seguridad de la isla.
China, que considera Taiwán su propio territorio, expresó su “fuerte insatisfacción y decidida oposición” a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de Estados Unidos, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.
En él se afirma que la medida de gasto militar de 858.000 millones de dólares, que autoriza hasta 10.000 millones de dólares en ayuda a la seguridad y la adquisición acelerada de armamento para Taiwán, contiene disposiciones que “causan graves daños a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”.
China nunca ha renunciado a utilizar la fuerza para someter a Taiwán. La isla rechaza enérgicamente las reivindicaciones de soberanía de China y afirma que sólo sus 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro.
El Ministerio de Defensa de Taiwán expresó su agradecimiento por la legislación estadounidense, afirmando que mostraba la importancia que Washington concede a los lazos entre Taiwán y Estados Unidos y al fortalecimiento de la seguridad de la isla.
Taipéi discutirá los detalles de la ley con Washington e “impulsará gradualmente la formulación del presupuesto y el desembolso real de las diversas disposiciones favorables a Taiwán”, declaró el ministerio, sin dar más detalles.
Estados Unidos es el principal patrocinador internacional y proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la ausencia de lazos diplomáticos formales. Las ventas de armas estadounidenses a Taiwán son una constante irritante en las relaciones de Pekín con Washington.
El ejército de Taiwán se ve empequeñecido por el de su vecino, China. Su fuerza aérea, en particular, se ha visto sometida a una gran presión al tener que intervenir repetidamente para repeler las incursiones chinas cerca de la isla en los últimos tres años.
La ley de defensa contenía una enmienda que restringía las compras del gobierno estadounidense de productos que utilizaran chips informáticos fabricados por un grupo de empresas chinas.
“El caso ignora los hechos para exagerar una ‘amenaza china’, interfiere gratuitamente en las relaciones internas de China y ataca y difama al Partido Comunista Chino, lo que constituyen graves provocaciones políticas a China”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
