El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa; Torres rechaza los señalamientos y anunció que buscará aclarar su situación ante las autoridades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 29 de septiembre una nueva ronda de sanciones contra una red que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), está relacionada con el Cártel de Sinaloa. La medida alcanzó a 21 personas y 25 empresas, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlo de acciones de las autoridades en Baja California. La dependencia también lo vinculó con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado por Estados Unidos como integrante de una facción relacionada con Los Mayos.
Las acusaciones forman parte de una designación administrativa estadounidense y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial. Torres rechazó públicamente cualquier relación con organizaciones o actividades criminales y afirmó que colaborará para esclarecer los señalamientos.
La OFAC sostiene además que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir que la organización operara con relativa libertad en Baja California. Mendivil también fue incluido en la lista de sancionados.
Según el Departamento del Tesoro, Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, habría participado en la recepción y lavado de recursos provenientes de esos pagos mediante empresas y campañas políticas. Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas y exasesor legislativo del Gobierno de Baja California, también fue incluido en la medida estadounidense.
La acción forma parte de una operación más amplia dirigida contra la estructura que Estados Unidos atribuye a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”. El Tesoro señaló que la red incluye operadores de distintas zonas de Baja California, presuntos lavadores de dinero y personas a las que atribuye funciones de protección política y financiera.
Las sanciones de la OFAC tienen consecuencias económicas específicas. Los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados. También se restringen determinadas transacciones con las personas y entidades incluidas en la lista.
En el caso de Carlos Torres, el Departamento del Tesoro recordó que el Departamento de Estado estadounidense ya le había revocado la visa en mayo de 2025. La nueva designación amplía ahora las consecuencias financieras que pueden derivarse de los señalamientos estadounidenses.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila se deslindó de las acusaciones contra su exesposo. En declaraciones a medios, señaló que desconoce todos los elementos que sustentan la acusación estadounidense y sostuvo que corresponde a las autoridades proporcionar información sobre los hechos investigados.
El Gobierno de Baja California también precisó que la mandataria no aparece entre las personas sancionadas por la OFAC. Ávila ha enfatizado que está legalmente divorciada de Torres y que el vínculo que mantienen actualmente está relacionado con su hijo.
El gobierno estatal anunció además que verificará si alguna de las empresas sancionadas por Estados Unidos ha tenido contratos o relaciones comerciales con la administración de Baja California. Los expedientes que eventualmente correspondan serían remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión.
Uno de los elementos empresariales que ha adquirido relevancia en la cobertura del caso es Vida Orgánica Tijuana, una empresa relacionada con el exmatrimonio. Documentos corporativos revisados por medios mexicanos muestran que Marina del Pilar Ávila participó originalmente en la constitución de la sociedad en 2020 y que posteriormente cedió su participación.
De acuerdo con documentación citada por medios de comunicación, la cesión de las acciones fue formalizada en 2023, aunque el cambio quedó registrado públicamente hasta septiembre de 2026. La empresa fue incluida por la OFAC entre las entidades sancionadas en esta operación. Este hecho ha generado cuestionamientos políticos y mediáticos adicionales, aunque la existencia de una participación empresarial previa no demuestra por sí misma conocimiento o participación en las actividades ilícitas que Estados Unidos atribuye a la empresa o a otras personas.
Torres ha señalado que la inclusión en la lista estadounidense deriva, según su versión, de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025. También afirmó que no ha sido citado para comparecer en relación con esos señalamientos y anunció que realizará gestiones ante las autoridades estadounidenses para presentar su versión.
La respuesta de la gobernadora se produjo en un contexto político particularmente delicado para Baja California. Las sanciones estadounidenses involucran a personas que ocuparon cargos públicos en el estado y plantean acusaciones de corrupción vinculada con organizaciones criminales. El Departamento del Tesoro sostiene que la influencia de estas redes habría alcanzado diferentes niveles de la administración pública, pero esas afirmaciones corresponden a la posición oficial de Estados Unidos y deberán distinguirse de hechos acreditados judicialmente.
El caso también vuelve a colocar en el centro de la relación bilateral el uso de sanciones financieras estadounidenses contra actores mexicanos señalados por vínculos con organizaciones criminales. Estas medidas pueden afectar cuentas, propiedades, operaciones empresariales y relaciones comerciales sujetas a la jurisdicción estadounidense, aun cuando el proceso tenga una naturaleza distinta de un procedimiento penal mexicano.
Por ahora, Carlos Torres mantiene su negativa a las acusaciones y ha anunciado que buscará presentar elementos para controvertirlas. La gobernadora, por su parte, sostiene que no forma parte de las personas sancionadas y que su administración continuará colaborando con las autoridades correspondientes. El alcance de las acusaciones y la eventual existencia de responsabilidades penales en México dependerán de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.