Estableció que la pobreza rural ha llevado a situaciones delincuenciales “catastróficas” por operación del narcotráfico como la de Ciudad Juárez y a falta de empleo y educación a los jóvenes, o la existencia de un 30 por ciento de tierras cultivables del país sembradas con estupefaciente, toda vez que los dueños de la tierra las rentan para subsistir y muchas veces son enjuiciados por nexos con el crimen.
A pregunta expresa de si el narcotráfico ha suplido la falta de créditos gubernamentales en el campo, convirtiéndose en uno de los principales financiadores que dotan de semillas lícitas e ilícitas, el también exsubprocurador de la PGR y exsubsecretario de Gobernación en regímenes priístas respondió:
“No quisiera decirlo así, pero sí hace una derrama obviamente en el campo. Hay una especie de sustitución. La verdad es que se requiere de un esfuerzo adicional del Estado para volver a establecer una estrategia completa”.
García Villalobos citó que, durante su desempeño en anteriores cargos así como en el de ahora, ha conversado con campesinos presos acusados de vínculos con el narcotráfico y le han respondido que ellos no hacen nada malo: “Dicen que prestan la tierra para que ahí se siembre, que no consumen nada de lo que ahí se produce, sino que se lo llevan ellos (integrantes de los cárteles de las drogas)”.
“Esta situación ha generado que en alrededor de 30 por ciento de los terrenos del campo mexicano convivan cultivos de productos legales con plantíos de mariguana y amapola”, ratificó el magistrado durante la inauguración del seminario sobre “Seguridad Jurídica en la Inversión, Compra y Participación en Tierras Ejidales y su Ordenamiento en Materia Ambiental”.
En otro orden de ideas, negó la existencia de rezago en juicios agrarios, al asegurar que de 550 mil asuntos revisados, sólo queda pendiente el 6.77 por ciento de los expedientes, gracias a la eficiencia de los juicios orales.
Hizo referencia al municipio de Angangueo, Michoacán como ejemplo de abandono del Estado, “pues la corrupción permitió el deterioro ambiental y el incumplimiento de la ley, lo que está detrás de la tragedia que hoy viven los pobladores de ese sitio”.
Demandó abrir la discusión rumbo a una reforma de carácter agrario, a fin de volver a impulsar el desarrollo, pues señaló que para nadie es secreto que “el minifundio sólo reparte pobreza”, por lo que temas como los contratos en el campo requieren un agregado de ley para garantizar la seguridad jurídica de los campesinos, quienes actualmente se asocian con la iniciativa privada utilizando agregados del derecho mercantil y el derecho civil.
Urgió, antes de una reforma política, detectar lo más urgente para el país, “e invariablemente estará el campo, pues el 75 por ciento de los litorales y el 80 por ciento de los bosques y selvas son tierras ejidales y el desarrollo del país necesariamente pasará por ellas”.
Consideró al campo un tema de seguridad nacional por el actual papel de la delincuencia organizada, toda vez que su presencia en el sector rural dificulta la ejecución de resoluciones jurídicas y cuando éstas no les convienen, amenazan e intimidan con sus huestes armadas.
Dejó en claro su postura de que lo que está en juego es la estabilidad nacional al señalar que se están cerrando las puertas de progreso en el campo, “sector donde viven 25 millones de mexicanos y un campesino que no tiene nada, nada tiene que perder”.
Por su parte Ricardo García Villalobos Reprobó al presidente del Tribunal Superior Agrario, quien declaró el martes pasado que el narco se ha convertido en la fuente de financiamiento de los campesinos.
“Resultan sorprendentes las declaraciones (de García Villalobos), y de manera oficial le solicitaremos la información que posea sobre la localización precisa de los cultivos sobre los que denuncia y los mecanismos de financiamiento ilegales”, dijo.
Mayorga Castañeda comentó que, en efecto, “es cierto y evidente que en el campo hay superficies dedicadas al cultivo de enervantes. Eso es de conocimiento general, pero ¿dónde están esas superficies? Son muy pocas las que están en zonas agrícolas, pues se cultivan en áreas boscosas, en zonas montañosas”, aseguró.
También rechazó que Procampo financie a narcos, ya que en cuanto se descubre un predio que se usa para el cultivo de enervantes, se da de baja del padrón del programa. Pero dijo no saber el total de superficie que se ha excluido por prácticas ilegales.
La presencia del secretario en San Lázaro se singularizó por la custodia de su escolta, incluso dentro de la sala de trabajo en la que fue recibido por los diputados. Negó que la vigilancia especial se deba a que tema por su vida, en la actual circunstancia de combate al narcotráfico.
Sobre la información en la que se da cuenta de narcotraficantes que han recibido subsidios del Procampo, argumentó:
“En el Procampo, cuando un predio se destina a cultivos ilícitos (esa) es una causal para darlo de baja. Otra cosa es cuando las personas propietarias de predios se dedican a actividades ilícitas. Ahí no hay una causalidad para que se dé de baja de Procampo. Son dos cosas diferentes.”
Procampo, lo más evaluado
Expresó el compromiso de cumplir con una efectiva depuración del padrón de Procampo al finalizar 2011, con base en un programa, incluso con el empleo de tecnología de geoposicionadores y fotografías satelitales, que permiten verificar el uso de los predios.
Hay superficies que, de 1992 a la fecha, han cambiado de uso y ahora se destinan para rubros urbanos, tienen industrias o campos de golf. La verificación concluirá con el número de empadronados que han dejado de ser productores.
El presidente de la Comisión de Agricultura del recito legislativo, Cruz López Aguilar, dijo que no conocía las declaraciones de García Villalobos sobre la expansión del narcotráfico en el campo, y consideró que es “temario” decir que 30% de la actividad del sector está financiada por los cárteles.
Como secretario general de la Confederación Nacional Campesina no tiene esa percepción, dijo.
Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo y actual diputado federal del Partido Acción Nacional dijo que cuando fue titular del ramo, la información que manejó del sector en ningún sentido apuntaba a lo que acusa García Villalobos. Lamentó que daños a la economía rural por la crisis que dejen a la población en situación vulnerable en todos sentidos.
