Las primeras lluvias del invierno han inundado miles de refugios improvisados y agravado las condiciones de vida de una población sometida al desplazamiento y la escasez. En Gaza, 1.4 millones de personas enfrentan hambre aguda, más de 1.7 millones permanecen desplazadas y decenas de miles de tiendas han resultado dañadas. Sin embargo, los suministros necesarios para proteger a la población siguen esperando autorización para ingresar. La tragedia no es únicamente consecuencia de una guerra: también exhibe la incapacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir sus propias normas y compromisos.

La imagen de Samar, una niña de siete años que permanece descalza dentro de la tienda inundada de su familia en Nuseirat, resume una realidad que ninguna declaración diplomática puede suavizar. El agua lodosa cubre el suelo, sus pertenencias están empapadas y el refugio que debería protegerla del invierno se ha convertido en otra amenaza para su supervivencia.

El 17 de noviembre, organismos de Naciones Unidas advirtieron que las primeras lluvias fuertes de la temporada habían dañado o destruido decenas de miles de refugios improvisados en la Franja de Gaza. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de al menos cinco personas fallecidas tras el derrumbe de un banco de arena sobre tiendas de campaña. También se reportó la muerte de dos niños en incendios accidentales provocados por familias que intentaban calentarse y cocinar dentro de sus refugios. Un bebé habría muerto por causas relacionadas con el frío.

No se trata de una contingencia inesperada. Las organizaciones humanitarias habían advertido durante meses que la población necesitaba tiendas resistentes, materiales de construcción, sistemas de drenaje, combustible, medicamentos y espacios seguros antes de la llegada del invierno. La emergencia era previsible; lo que faltó fue la capacidad política para evitar que miles de familias enfrentaran las lluvias sin protección.

El hambre y el deterioro de las condiciones de vida

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula que alrededor de 1.4 millones de palestinos en Gaza, aproximadamente dos tercios de la población, enfrentan hambre aguda. La situación se ha agravado porque la asistencia alimentaria disponible ha tenido que reducirse. En los campamentos, donde antes se distribuía una comida caliente diaria, ahora muchas personas reciben una cada dos días.

La crisis no se limita a la falta de alimentos. Las inundaciones destruyeron reservas que algunas familias conservaban dentro de sus tiendas; el gas y la leña son escasos o demasiado caros, y numerosas personas recurren a quemar basura para preparar sus alimentos. Con las lluvias, incluso esos residuos están mojados. A ello se suman los problemas de saneamiento, la acumulación de agua contaminada y la falta de condiciones mínimas para prevenir enfermedades.

El PMA estima que necesita alrededor de 436 millones de dólares durante los próximos seis meses para sostener sus operaciones de asistencia a dos millones de personas en Palestina. Por su parte, la OIM enfrenta un déficit cercano a 173 millones de dólares para atender las necesidades de refugio durante el invierno. Son cantidades considerables, pero el financiamiento no explica por sí solo la dimensión del problema: aunque los suministros estén disponibles y los recursos puedan reunirse, la ayuda no llega si no existe acceso humanitario efectivo.

La ayuda existe, pero permanece fuera de Gaza

Uno de los datos más indignantes es que más de 100 mil tiendas de campaña esperan fuera de la Franja, principalmente en Egipto y Jordania, mientras cientos de miles de personas necesitan un refugio adecuado. La OIM ha señalado que las tiendas que han conseguido ingresar durante los últimos años suelen durar entre seis y nueve meses debido a las condiciones extremas y al desplazamiento constante. Al menos 60 mil requieren reemplazo.

Kerem Shalom, en el sur, continúa siendo el único paso autorizado para el ingreso de mercancías humanitarias y comerciales, de acuerdo con los organismos de Naciones Unidas. La concentración de operaciones en un solo punto genera congestión, encarece los traslados y limita la capacidad de distribución. Además, las restricciones de circulación y el deterioro de las rutas dificultan que los camiones lleguen a las comunidades del norte.

A estas dificultades se agregan los procedimientos de autorización impuestos por las autoridades israelíes. Diversos artículos indispensables para la respuesta humanitaria —bombas de agua, tuberías, maquinaria para retirar escombros, combustible, aceite de motor, generadores y materiales de construcción— enfrentan restricciones o procesos de revisión prolongados bajo el argumento de que podrían tener un uso militar.

El caso de las tiendas de campaña ilustra hasta qué punto la burocracia puede convertirse en un obstáculo para la supervivencia. Según los responsables humanitarios, incluso el diámetro de los postes puede determinar si un refugio recibe autorización: estructuras más resistentes, con postes superiores a 38 milímetros, han enfrentado impedimentos para ingresar. Mientras tanto, las familias continúan expuestas a lluvias, frío y condiciones insalubres.

El derecho internacional no puede quedar reducido a declaraciones

La responsabilidad no se agota en la denuncia humanitaria. También existe un marco jurídico que establece obligaciones concretas. El artículo 55 del IV Convenio de Ginebra dispone que la potencia ocupante debe garantizar, en la medida de los medios de que disponga, el abastecimiento de alimentos y suministros médicos a la población del territorio ocupado. El artículo 59 establece que, cuando esa población se encuentre insuficientemente abastecida, deben facilitarse los programas de socorro humanitario.

La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del 22 de octubre de 2025 sobre las obligaciones de Israel respecto de la presencia y las actividades de Naciones Unidas y otros organismos en el territorio palestino ocupado, reiteró que la potencia ocupante debe permitir y facilitar los mecanismos de asistencia humanitaria. También precisó que las facultades de control por razones de seguridad no pueden utilizarse para obstaculizar de manera general la entrega de ayuda.

Esto no significa que los procedimientos de seguridad estén prohibidos. Significa que deben respetar los límites del derecho internacional y no pueden convertirse en una justificación para impedir que la población reciba los bienes indispensables para sobrevivir. La protección de la población civil no es una concesión política ni una decisión discrecional: constituye una obligación jurídica.

La responsabilidad internacional también tiene consecuencias

La situación de las mujeres y los niños revela otra dimensión de esta emergencia. ONU Mujeres ha advertido que los hogares encabezados por mujeres —aproximadamente uno de cada cuatro— tienen mayor probabilidad de encontrarse en refugios inadecuados y enfrentan cargas adicionales para conseguir alimentos, agua y protección. Para la infancia, el invierno representa un riesgo especialmente grave: UNICEF informó que durante la temporada anterior murieron 11 niños por hipotermia en Gaza.

La comunidad internacional no puede limitar su respuesta a expresar preocupación, convocar reuniones o anunciar fondos que después no se traducen en asistencia efectiva. Los Estados que tienen capacidad de influencia deben exigir el ingreso oportuno y suficiente de ayuda, respaldar a los organismos humanitarios y utilizar los instrumentos diplomáticos y jurídicos disponibles para que las obligaciones internacionales se cumplan.

También es necesario distinguir entre la ayuda de emergencia y una solución política. Las tiendas de campaña, los alimentos y los medicamentos pueden salvar vidas, pero no sustituyen la reconstrucción de viviendas, hospitales, redes de agua y servicios públicos. Tampoco resuelven el problema del desplazamiento ni garantizan el futuro de una población que necesita seguridad, derechos y condiciones para reconstruir su vida.

El invierno apenas comienza. Cada lluvia encontrará a miles de familias en refugios vulnerables, cada día de retraso reducirá las posibilidades de atender a quienes más lo necesitan y cada decisión que impida la llegada de suministros tendrá consecuencias humanas concretas.

El fracaso internacional no consiste únicamente en haber sido incapaz de detener la tragedia. Consiste también en permitir que continúe cuando existen normas, organismos, recursos y mecanismos para aliviarla. Si el derecho internacional solo se invoca cuando no incomoda a los gobiernos poderosos, deja de ser un instrumento de protección para convertirse en un discurso vacío. Y en Gaza, quienes pagan el precio de esa contradicción no son los diplomáticos ni los responsables políticos: son las familias que intentan sobrevivir bajo una lona, con hambre, frío y agua hasta los pies.