La protección de los océanos ganó protagonismo en la COP31, donde nuevas investigaciones revelaron que más del 95 por ciento de los países costeros e insulares incorporan medidas marinas en sus planes climáticos. Sin embargo, más del 60 por ciento de esos compromisos depende de financiamiento externo o asistencia técnica. Mientras científicos impulsan nuevas herramientas para estudiar la biodiversidad y 23 países respaldan un plan de prevención de incendios forestales basado en conocimientos indígenas y científicos, las negociaciones internacionales siguen divididas sobre la financiación y la reducción de emisiones.
Los océanos, que absorben cerca del 90 por ciento del exceso de calor generado por el calentamiento global, comienzan a ocupar un lugar más visible en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. En la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, el 17 de noviembre, científicos, organizaciones ambientales y representantes de comunidades costeras insistieron en que proteger los ecosistemas marinos no puede seguir siendo una promesa secundaria dentro de las estrategias nacionales de adaptación.
La discusión tiene una razón de fondo: los mares han funcionado como uno de los principales reguladores del sistema climático, pero esa capacidad tiene consecuencias sobre sus propios ecosistemas. El calentamiento del agua, la acidificación y la degradación de los arrecifes amenazan la biodiversidad, las pesquerías y los medios de subsistencia de millones de personas que dependen directamente de las costas.
El encuentro climático de este año refleja un cambio en la agenda internacional. Los océanos aparecen con mayor claridad en los compromisos nacionales, pero la distancia entre lo que los gobiernos anuncian y lo que realmente pueden ejecutar continúa siendo considerable.
El financiamiento, el principal obstáculo para proteger los mares
Un análisis presentado durante la COP31 encontró que más del 95 por ciento de las naciones costeras e insulares incluye medidas relacionadas con los océanos en sus planes climáticos. Sin embargo, más del 60 por ciento de esos compromisos está condicionado a recibir financiamiento adicional o asistencia técnica.
La Plataforma Océano y Clima advirtió que el problema ya no consiste solamente en convencer a los gobiernos de incorporar los mares en sus estrategias ambientales, sino en proporcionarles los recursos necesarios para cumplir lo que han prometido. Marine Lecerf, responsable de Política Internacional de esa organización, sostuvo que la prioridad es acelerar la implementación de los compromisos existentes, no multiplicar las declaraciones.
La situación se observa en comunidades que han comenzado a financiar sus propias medidas de adaptación. En la aldea de Naidiri, en Fiyi, sus habitantes han aportado recursos para establecer un área marina protegida y restaurar arrecifes de coral y poblaciones de peces. Aunque estas acciones muestran capacidad de organización comunitaria, también evidencian una desigualdad: las poblaciones que menos recursos tienen no deberían asumir individualmente el costo de proteger ecosistemas que cumplen una función ambiental de importancia mundial.
La brecha financiera es especialmente preocupante para los países insulares y las economías en desarrollo, donde la protección de los arrecifes, manglares y zonas pesqueras está directamente vinculada con la alimentación, el turismo, la infraestructura y la seguridad de las comunidades costeras.
Una taza de agua puede revelar la biodiversidad del océano
Otro de los temas destacados fue el uso del ADN ambiental, una herramienta científica que permite identificar especies a partir de los rastros genéticos que dejan en el agua. El procedimiento puede detectar material biológico procedente de células, mucosidad y otros residuos sin necesidad de capturar o extraer los organismos de su entorno.
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO impulsa el programa Expediciones ADNe, que trabaja en 25 sitios marinos de distintas regiones del mundo. Cada tres meses, equipos locales recolectan muestras de agua que posteriormente son analizadas para identificar la presencia de especies y observar cambios en la biodiversidad.
La tecnología puede resultar especialmente útil ante el desplazamiento de especies provocado por el calentamiento de los mares. Si determinadas poblaciones comienzan a modificar sus hábitats, los registros genéticos pueden ayudar a identificar esos movimientos y ofrecer información para decidir qué zonas necesitan mayor protección.
El desafío es ampliar la vigilancia científica. Los satélites permiten observar grandes extensiones oceánicas, pero no pueden revelar por sí solos toda la vida que existe debajo de la superficie. Además, una parte considerable del fondo marino todavía no cuenta con cartografía detallada. Por ello, especialistas de la UNESCO insistieron en la necesidad de financiar programas de observación sostenidos, en lugar de depender exclusivamente de investigaciones aisladas y de corta duración.
En esa misma dirección, Canadá y la Unión Europea respaldaron la iniciativa internacional OceanEye, orientada a fortalecer la vigilancia y el conocimiento científico de los océanos. Turquía, por su parte, presentó una plataforma de acción contra la basura marina, con atención especial a redes de pesca abandonadas que pueden atrapar tortugas, aves y otras especies.
Los conocimientos indígenas también forman parte de la solución
La protección de la naturaleza no depende exclusivamente de nuevas tecnologías. Durante la COP31, 23 países respaldaron el Plan de Acción de Antalya sobre Gestión Integrada del Fuego, una iniciativa que busca combinar conocimientos científicos, experiencias comunitarias y prácticas tradicionales para prevenir incendios forestales.
La propuesta, impulsada por Turquía y respaldada por Brasil y Corea del Sur, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), plantea fortalecer la prevención, la cooperación internacional, el manejo de los paisajes y el acceso a recursos técnicos y financieros.
La defensora climática indígena Hindou Oumarou Ibrahim, originaria de Chad, recordó que los pueblos indígenas han desarrollado durante generaciones conocimientos para interpretar las señales de la naturaleza y anticipar cambios ambientales. Entre las prácticas que pueden aportar a la prevención de incendios se encuentran las quemas controladas, utilizadas bajo condiciones específicas para reducir la acumulación de material combustible y mantener determinados ecosistemas.
El planteamiento cuestiona una visión que suele considerar el conocimiento científico moderno como la única fuente válida para enfrentar las crisis ambientales. La experiencia acumulada por las comunidades que habitan y cuidan los territorios también puede contribuir a diseñar estrategias de prevención y adaptación, siempre que se respeten sus derechos y se garantice su participación.
El costo humano de los fenómenos extremos
La discusión ambiental estuvo acompañada por la presentación del Índice de Riesgo Climático 2027, elaborado por la organización Germanwatch. El informe identificó a Dominica, Myanmar y Honduras como los países más afectados por fenómenos meteorológicos extremos durante el periodo 1996-2025.
De acuerdo con el estudio, durante esas tres décadas los fenómenos extremos provocaron más de 916 mil muertes y afectaron a aproximadamente 5 mil 500 millones de personas en todo el mundo. Las pérdidas económicas directas superaron los 4.7 billones de dólares, calculados con ajuste por inflación.
El informe también examinó los impactos correspondientes a 2025. Jamaica ocupó el primer lugar entre los países más afectados, seguida de Sri Lanka y España, en un año marcado por eventos meteorológicos destructivos, incluido el huracán Melissa.
Las olas de calor representaron alrededor del 40 por ciento de las muertes registradas durante el periodo de 30 años, mientras que las inundaciones afectaron al mayor número de personas. Germanwatch advierte que estas cifras deben interpretarse considerando las limitaciones de los registros internacionales, especialmente en países con sistemas de información menos desarrollados.
La presencia de Honduras entre los tres países más afectados durante el periodo analizado también constituye una advertencia para América Latina y el Caribe. La vulnerabilidad no depende únicamente de la intensidad de los fenómenos naturales, sino de la capacidad económica e institucional para prevenir daños, proteger a la población y reconstruir después de una emergencia.
Negociaciones climáticas bajo presión
Mientras científicos y organizaciones presentaban propuestas de protección ambiental, las negociaciones de la COP31 continuaban enfrentando diferencias importantes. El primer borrador de un posible acuerdo, distribuido el lunes 16 de noviembre, tiene 18 páginas y reúne propuestas que todavía generan desacuerdos entre los países participantes.
Entre los asuntos más controvertidos se encuentran el lenguaje sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles, los objetivos de electrificación y el financiamiento que las economías desarrolladas deben proporcionar a los países con menos recursos para enfrentar los impactos climáticos.
La inclusión de los océanos en el debate representa un avance, pero todavía no garantiza compromisos financieros ni mecanismos suficientes para ejecutar las medidas anunciadas. La COP31 tiene previsto concluir el 20 de noviembre, por lo que los próximos días serán decisivos para determinar qué propuestas lograrán incorporarse al resultado final.
La discusión tiene implicaciones directas para países como México, cuya economía, biodiversidad y comunidades dependen de extensos territorios costeros. La conservación de arrecifes, manglares y zonas pesqueras no puede separarse de las políticas de adaptación, la protección de las comunidades y la planeación económica de largo plazo.
La crisis climática exige reconocer que los océanos no son una reserva inagotable de recursos ni un territorio ajeno a las decisiones humanas. Son parte fundamental del equilibrio ambiental y sostienen actividades económicas y alimentarias indispensables. Si los gobiernos reconocen su importancia, deben demostrarlo con presupuestos, vigilancia científica, protección de ecosistemas y participación efectiva de las comunidades.
La COP31 ha puesto sobre la mesa herramientas científicas, conocimientos tradicionales y nuevas propuestas de cooperación. La pregunta pendiente es si los países estarán dispuestos a financiar lo que ya reconocen como necesario. Porque proteger los océanos no consiste solamente en incluirlos en los discursos climáticos: significa asumir la responsabilidad de conservarlos antes de que el deterioro vuelva irreversibles sus consecuencias.


