Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Albert Ho recibieron penas de entre cinco y siete años de prisión por incitación a la subversión, en un caso que organizaciones internacionales consideran un nuevo golpe a las libertades civiles en Hong Kong.
Recordar a las víctimas de la represión de Tiananmén puede costar ahora años de prisión en Hong Kong. Tres de los principales organizadores de las antiguas vigilias conmemorativas fueron condenados este viernes bajo la Ley de Seguridad Nacional, en uno de los casos más emblemáticos de la transformación política que vive el territorio desde 2020.
Lee Cheuk-yan, de 69 años, recibió una condena de siete años; Chow Hang-tung, de 41, fue sentenciada a siete años y tres meses, mientras que Albert Ho, de 74, recibió cinco años y dos meses después de declararse culpable. Los tres eran dirigentes de la desaparecida Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, organización que durante décadas estuvo detrás de las multitudinarias vigilias del 4 de junio.
Las condenas son la culminación de un proceso iniciado en 2021. Lee y Chow fueron detenidos ese año y se declararon inocentes. Ho, por su parte, admitió su culpabilidad en enero de 2026. En agosto, el Tribunal Superior de Hong Kong declaró culpables a Lee y Chow de incitación a la subversión bajo la legislación de seguridad nacional.
El tribunal consideró especialmente relevante que la Alianza hubiera llamado a “poner fin a la dictadura de partido único”. Los jueces interpretaron esa consigna como una intención de cuestionar el liderazgo del Partido Comunista de China y, por tanto, como una conducta susceptible de caer dentro del delito de subversión.
Reuters informó que el tribunal sostuvo que los activistas mantuvieron esa postura después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, aun cuando las autoridades ya habían advertido que determinadas actividades podían ser consideradas contrarias al orden constitucional.
La organización que encabezaban había tenido durante años un papel singular. Hong Kong era uno de los pocos lugares bajo soberanía china donde podía realizarse públicamente una conmemoración de la represión del 4 de junio de 1989. Cada año, decenas de miles de personas acudían al Parque Victoria para encender velas y recordar a quienes murieron durante la intervención militar en Pekín.
Esa tradición terminó después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, tras las grandes protestas prodemocráticas de 2019. La última gran vigilia se celebró en 2019. Desde entonces, las autoridades han impedido la celebración de actos públicos relacionados con Tiananmén.
La Unión Europea calificó las condenas de una nueva señal del deterioro de las libertades de expresión y reunión en Hong Kong. En una declaración posterior a la sentencia de agosto, el bloque señaló que la Alianza había organizado durante años las vigilias, que llegaron a reunir a más de 100 mil personas, y pidió preservar el espacio para una sociedad civil independiente.
Human Rights Watch también ha cuestionado el proceso. La organización sostiene que la condena de los dirigentes de la Alianza convierte en delito expresiones públicas de duelo y conmemoración y pidió que las sentencias sean anuladas.
La preocupación internacional no se limita a las organizaciones no gubernamentales. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había recibido información sobre la detención de Lee y Chow y sobre denuncias relacionadas con sus condiciones de encarcelamiento y la prolongada negativa a concederles libertad bajo fianza.
Las autoridades de Hong Kong defienden una interpretación completamente distinta. El jefe del Ejecutivo, John Lee, ha sostenido que la seguridad nacional no puede ser utilizada como pretexto para actuar contra el país y que las libertades deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley. Los jueces también rechazaron que los acusados hubieran sido procesados simplemente por sus opiniones políticas.
El caso tiene además una dimensión simbólica que va más allá de las penas de prisión. La Alianza administraba un museo dedicado a Tiananmén y estaba vinculada con el mantenimiento del “Pilar de la Vergüenza”, una escultura del artista danés Jens Galschiøt que conmemora a las víctimas de la represión de 1989.
La escultura fue retirada de la Universidad de Hong Kong en 2021 y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades. La fiscalía ha solicitado que tanto la obra como los archivos relacionados con el museo sean confiscados. El juez Alex Lee indicó que el destino de la estatua se resolverá después de determinar quién tiene su propiedad.
Galschiøt ha calificado de escandalosa la posibilidad de que su obra sea confiscada o destruida. Para el artista, eliminarla supondría también borrar una parte de la memoria histórica de la represión de Tiananmén.
Y es precisamente la memoria lo que convierte este caso en algo más profundo que un proceso penal. Chow Hang-tung ha sostenido que el juicio busca borrar el recuerdo del 4 de junio y reducir toda una tradición de conmemoración a determinadas consignas políticas. Sus palabras resumen una disputa que lleva años desarrollándose en Hong Kong: quién tiene derecho a contar la historia y qué espacio queda para hacerlo públicamente.
Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, el antiguo espacio político de Hong Kong se ha reducido de manera drástica. La legislación ha sido utilizada contra dirigentes prodemocráticos, activistas y figuras de la sociedad civil, mientras las autoridades argumentan que su aplicación es necesaria para preservar la estabilidad y el orden constitucional.
Las condenas de Lee, Chow y Ho marcan otro capítulo de ese proceso. También muestran hasta qué punto la conmemoración de Tiananmén, que durante décadas fue una expresión pública característica de Hong Kong, se ha convertido en una actividad perseguida bajo las nuevas reglas de seguridad.
Para sus defensores, los tres activistas están pagando un precio extraordinariamente alto por mantener viva una memoria que las autoridades quieren mantener fuera del espacio público. Para el Gobierno hongkonés, el caso demuestra que la libertad de expresión tiene límites cuando, a su juicio, entra en conflicto con la seguridad nacional.
La sentencia deja así una pregunta que trasciende el tribunal: qué ocurrirá con la memoria del 4 de junio en una ciudad donde las vigilias ya no pueden celebrarse y sus principales organizadores están en prisión. Por ahora, la respuesta parece estar en los archivos, las obras retiradas y las voces de quienes, pese a las consecuencias, siguen intentando recordar.
