Una jueza federal de Nueva York determinó que la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países excedió las facultades legales del secretario de Estado Marco Rubio y ordenó dejar sin efecto la política adoptada por el Gobierno de Donald Trump.
Una jueza federal de Manhattan asestó este viernes un nuevo revés a la política migratoria de Donald Trump al anular la suspensión de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que el Departamento de Estado había justificado por el supuesto riesgo de que los solicitantes terminaran dependiendo de ayudas públicas en Estados Unidos.
La jueza Jeannette Vargas, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, consideró que la política era contraria a la legislación migratoria estadounidense y que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido la autoridad que le corresponde. Reuters informó que la magistrada calificó la medida como manifiestamente ilegal y cuestionó que se utilizara la nacionalidad del solicitante como criterio prácticamente automático para impedir la emisión de una visa.
La decisión tiene un alcance relevante porque la medida suspendida no afectaba únicamente a un pequeño grupo de casos. La política había sido aplicada desde enero a ciudadanos de 75 países de América Latina, África, el Caribe, Medio Oriente, Asia y otras regiones. Entre los países afectados se encontraban Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia, Rusia, Pakistán y Bangladesh.
El Gobierno de Trump había argumentado que los ciudadanos de esos países presentaban un mayor riesgo de convertirse en una «carga pública», es decir, de depender de determinados programas de asistencia del Gobierno estadounidense. Con ese argumento, el Departamento de Estado ordenó suspender la tramitación de visas de inmigrante, incluidas las destinadas a personas que buscaban reunirse con familiares o trasladarse a Estados Unidos para trabajar.
Pero la jueza Vargas encontró un problema fundamental en la manera en que se aplicó la medida. La legislación estadounidense contempla una evaluación individual del solicitante cuando se analiza si podría convertirse en una carga pública. Esa valoración debe considerar factores como los recursos económicos, la edad, la salud, las habilidades, la situación familiar y otros elementos relevantes.
La política cuestionada, en cambio, establecía un filtro basado en el país de origen. Según documentos incorporados al expediente y revisados por el tribunal, los funcionarios consulares recibieron instrucciones para rechazar solicitudes aun cuando el interesado aportara información adicional que pudiera demostrar que no dependía de asistencia pública.
«El resultado está predeterminado», escribió Vargas en su resolución. En otras palabras, el problema señalado por la magistrada no era únicamente la posibilidad de que una persona fuera considerada una carga pública, sino que la decisión podía quedar prácticamente resuelta antes de estudiar las circunstancias particulares del solicitante.
Associated Press explicó que el fallo reafirma el principio de que las decisiones sobre visas de inmigrante deben seguir el procedimiento establecido por el Congreso y no quedar sujetas a una prohibición general basada en la nacionalidad. La organización Catholic Legal Immigration Network y otros grupos habían impugnado la política junto con personas directamente afectadas.
Entre los demandantes había ciudadanos estadounidenses que habían iniciado procesos para que sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía pudieran obtener visas de inmigrante. También participaron ciudadanos colombianos que habían solicitado visas relacionadas con empleo.
La medida tampoco debe confundirse con una prohibición general de entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de esos 75 países. La suspensión afectaba las visas de inmigrante, es decir, aquellas vinculadas con la residencia permanente. Las visas de no inmigrante, como las de turismo o estudios, no estaban incluidas en esta política específica.
El fallo llega además en un momento en que la administración Trump enfrenta varios litigios relacionados con su estrategia de endurecimiento migratorio. La política de visas forma parte de un conjunto más amplio de medidas destinadas a reducir tanto la inmigración irregular como determinadas vías de inmigración legal.
La Casa Blanca ha defendido estas políticas como parte de su estrategia para reforzar la seguridad y limitar el uso de recursos públicos por parte de inmigrantes. Sin embargo, organizaciones de derechos migratorios sostienen que algunas de las medidas han terminado restringiendo derechos y utilizando criterios demasiado amplios para determinar quién puede ingresar o permanecer legalmente en el país.
El caso también tiene un antecedente jurídico importante. En julio, otro juez federal había considerado ilegal una política similar del Departamento de Estado relacionada con las mismas 75 nacionalidades. La existencia de decisiones judiciales coincidentes incrementa la presión sobre la administración para revisar el mecanismo utilizado para suspender la tramitación de las visas.
Vargas, designada durante la presidencia de Joe Biden, dio ahora a las partes hasta el 11 de septiembre para presentar propuestas sobre los asuntos que permanecen abiertos en el litigio. El Gobierno puede recurrir la decisión, por lo que el conflicto legal todavía no ha terminado.
Por ahora, la resolución supone un alivio para miles de personas cuyos procesos migratorios habían quedado paralizados por una política aplicada de manera generalizada. Reuters señaló que el Departamento de Estado no había respondido inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el fallo.
La importancia del caso va más allá de los 75 países incluidos en la suspensión. El debate central es hasta dónde puede llegar el Ejecutivo estadounidense al establecer criterios generales para la concesión de visas y en qué momento una política migratoria deja de ser una evaluación individual para convertirse, en la práctica, en una exclusión basada en la nacionalidad.
La decisión de Vargas establece, al menos por ahora, un límite judicial a esa estrategia. Para las familias que llevan meses esperando una respuesta consular, el fallo abre nuevamente una puerta que había quedado cerrada; para el Gobierno de Trump, representa otro frente legal en su intento por transformar de manera profunda el sistema migratorio estadounidense.