La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene la protección para cuatro comunidades indígenas ante la persistencia de amenazas, ocupaciones territoriales y desplazamientos forzados. También reprocha que el Estado nicaragüense no haya informado sobre las medidas adoptadas desde 2022.
La violencia contra los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua continúa sin encontrar una respuesta institucional capaz de garantizar su seguridad y preservar sus territorios ancestrales. Así lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que resolvió mantener bajo seguimiento las medidas cautelares otorgadas a integrantes de las comunidades de Polo Paiwas, Naranjal, Cocal y Suniwas, ante la persistencia de amenazas, ocupaciones de tierras, desplazamientos forzados y otras agresiones que comprometen su supervivencia colectiva.
Mediante la Resolución de Seguimiento y Levantamiento Parcial 90/2026, adoptada el 4 de noviembre y difundida el 11 de noviembre, la Comisión concluyó que continúan presentes, prima facie, los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad previstos en el artículo 25 de su Reglamento. La decisión no representa el cierre del expediente ni el retiro general de la protección: por el contrario, confirma que las condiciones de riesgo siguen vigentes y que se requieren acciones inmediatas para proteger a las comunidades.
El territorio como centro de una disputa que amenaza la supervivencia comunitaria
El problema va mucho más allá de una controversia por la propiedad de la tierra. Para los pueblos indígenas miskitus y mayangnas, el territorio constituye la base material de su alimentación, su organización social, sus prácticas culturales y su continuidad como comunidades. Perder el acceso a las parcelas de cultivo, los bosques y los espacios tradicionales de subsistencia significa también debilitar las condiciones que permiten mantener su identidad colectiva.
La información presentada ante la CIDH describe una dinámica de ocupación progresiva por parte de colonos armados. Entre las prácticas denunciadas se encuentran la invasión de tierras comunales, la apertura de caminos, la destrucción de cultivos, la instalación de asentamientos, las restricciones a la movilidad y la apropiación de infraestructura comunitaria. También se reportaron presuntas negociaciones y documentos de posesión sobre terrenos indígenas sin el consentimiento de sus habitantes.
La resolución recoge, por ejemplo, información sobre la ocupación de miles de manzanas de tierra en comunidades como Cocal, Naranjal y Polo Paiwas, así como amenazas contra quienes intentan recuperar sus parcelas. En algunos casos, las familias han dejado de trabajar sus propios terrenos por temor a sufrir agresiones. El resultado es una cadena de consecuencias: pérdida de cosechas, inseguridad alimentaria, desplazamiento y dependencia de terceros para conseguir los recursos indispensables para vivir.
La situación de Polo Paiwas ilustra la dimensión humana de esta crisis. Después de que la comunidad fuera incendiada en 2015, sus habitantes tuvieron que refugiarse durante años fuera de su territorio. Aunque en 2022 algunas familias regresaron con la expectativa de reconstruir sus viviendas y recuperar sus medios de subsistencia, las denuncias posteriores describieron nuevas ocupaciones, amenazas armadas y destrucción de parcelas. El retorno, por tanto, no significó recuperar plenamente la seguridad ni la vida comunitaria.
Mujeres, niñas y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados
La CIDH también puso especial atención en las consecuencias que esta violencia tiene para mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Entre los hechos reportados figuran situaciones de acoso y violencia sexual, amenazas contra adolescentes, desplazamientos familiares y dificultades para acceder a servicios médicos y alimentos.
La dimensión de género resulta particularmente preocupante. La Comisión retomó información sobre intentos de agresión sexual contra adolescentes y sobre la exposición de mujeres y niñas a distintas formas de violencia en territorios donde los grupos armados ejercen control y restringen la movilidad. En estos escenarios, las familias terminan asumiendo tareas de protección que deberían contar con una respuesta efectiva de las instituciones públicas.
La infancia también enfrenta consecuencias que no pueden reducirse a la inseguridad inmediata. La pérdida de tierras de cultivo, el desplazamiento de familias y la ocupación de espacios comunitarios afectan el acceso a la alimentación, la salud y la educación. La resolución refiere incluso la ocupación de una escuela en Polo Paiwas, con afectaciones para alrededor de 30 estudiantes.
En el caso de las personas mayores, la precariedad alimentaria y el deterioro de las condiciones de vida agravan una vulnerabilidad acumulada durante años de despojo y desplazamiento. La Comisión recoge información sobre fallecimientos de personas mayores en Cocal en condiciones asociadas, según lo informado por la representación, a la desnutrición y al deterioro emocional.
La ausencia de respuestas del Estado agrava la preocupación internacional
Uno de los aspectos más delicados de la resolución es la falta de información proporcionada por el Estado nicaragüense. La CIDH señala que ha solicitado explicaciones sobre la implementación de las medidas cautelares en distintas ocasiones, incluida una comunicación del 24 de abril de 2026, sin recibir respuesta. De acuerdo con el documento, Nicaragua no informa sobre este asunto desde 2022 y tampoco ha acreditado qué acciones habría emprendido para proteger a las personas beneficiarias.
Esta ausencia de información impide comprobar si las medidas de protección existen, si se aplican o si han producido algún resultado. Además, la Comisión advierte que no cuenta con elementos aportados por el Estado que permitan concluir que el riesgo ha disminuido. La falta de respuesta institucional, por tanto, no es un detalle administrativo: obstaculiza la supervisión internacional y dificulta la evaluación de la seguridad de las comunidades.
El señalamiento adquiere mayor relevancia cuando se considera que la representación de las comunidades denunció presuntas omisiones de autoridades policiales, territoriales y municipales, e incluso posibles actuaciones que habrían facilitado procesos de ocupación de tierras. Estas afirmaciones forman parte de la información examinada por la Comisión y deben entenderse como denuncias que requieren investigación; sin embargo, la falta de explicaciones estatales deja sin aclarar aspectos fundamentales de los hechos reportados.
La problemática tampoco es reciente ni se limita a estas cuatro comunidades. En octubre de 2025, la propia CIDH publicó un informe regional sobre la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. En ese documento identificó un patrón histórico de despojo territorial, ataques armados, amenazas, violencia sexual y desplazamientos, y advirtió que la falta de saneamiento y titulación efectiva ha favorecido la expansión de actores armados sobre territorios ancestrales.
El informe también abordó las obligaciones del Estado respecto de la propiedad colectiva, la identidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas a vivir en sus territorios. Entre los instrumentos internacionales relevantes se encuentran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La protección territorial, en consecuencia, no puede tratarse como una concesión administrativa: forma parte de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos.
La CIDH exige protección, atención básica e investigaciones efectivas
En su resolución, la Comisión solicitó a Nicaragua adoptar de manera inmediata medidas para garantizar la seguridad de las personas beneficiarias, con un enfoque étnico-cultural, de edad y de género. Entre las acciones requeridas destacan la protección de la vida y la integridad personal frente a amenazas, violencia y posibles situaciones de trabajo forzado; la prevención de agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes; y el acceso a alimentación, agua potable y servicios de salud, particularmente para quienes han sido desplazados o viven en condiciones de precariedad.
También pidió concertar las medidas de protección con las propias comunidades, de modo que sus integrantes puedan vivir con seguridad en sus territorios, y realizar investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia denunciados para evitar que permanezcan en la impunidad y vuelvan a repetirse.
La resolución incluyó, además, el levantamiento de las medidas cautelares para dos personas. En el caso de Delvin Rosalio Colomer, la CIDH tomó nota de que había fallecido el 24 de enero de 2020, por lo que la protección individual perdió su objeto. Respecto de Deborah Escobar Lackwood, consideró que se había desvinculado voluntariamente de la organización CEJUDHCAN y que no existía información actualizada sobre su situación desde hacía aproximadamente tres años. La Comisión concluyó que no contaba con elementos recientes para mantener la protección individualizada en su favor. Estas decisiones no modifican la continuidad de las medidas para las comunidades indígenas.
La CIDH otorgó a las partes un plazo de 30 días, contado a partir de la resolución, para presentar la información requerida. Asimismo, recordó que la adopción de medidas cautelares no constituye una sentencia ni prejuzga sobre la existencia de violaciones a la Convención Americana; se trata de un mecanismo de protección ante situaciones de gravedad y urgencia que pueden ocasionar daños irreparables.
Una protección internacional que no sustituye la responsabilidad estatal
El seguimiento de estas medidas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta esencial: ¿qué significa reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas cuando las comunidades no pueden transitar con seguridad, cultivar sus tierras o regresar a sus hogares sin exponerse a nuevas amenazas?
La protección internacional es indispensable, pero no sustituye la obligación del Estado de garantizar la vida, la integridad y los derechos colectivos de su población. Las resoluciones de la CIDH tampoco pueden convertirse en simples documentos que se acumulan mientras las familias pierden sus cosechas, abandonan sus viviendas y ven debilitadas sus formas de organización comunitaria.
En la Costa Caribe Norte de Nicaragua, el conflicto territorial tiene consecuencias concretas y cotidianas: una parcela que ya no puede sembrarse, una familia obligada a desplazarse, una adolescente expuesta a la violencia o una comunidad que pierde los espacios donde reproduce su cultura. La persistencia de estos hechos exige algo más que declaraciones oficiales. Requiere protección efectiva, restitución de derechos, investigaciones independientes y garantías para que los pueblos indígenas puedan permanecer y vivir dignamente en sus territorios ancestrales.
