La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para proteger a adolescentes recluidos en un centro socioeducativo de Río de Janeiro, Brasil, ante denuncias de agresiones físicas y psicológicas, instalaciones insalubres, falta de agua y atención médica deficiente. El organismo advirtió que persisten riesgos graves para su vida e integridad, incluso después de las medidas correctivas informadas por las autoridades brasileñas.
La privación de la libertad de un adolescente no significa la pérdida de sus derechos fundamentales. Sin embargo, las denuncias sobre las condiciones en que permanecen jóvenes bajo custodia del Estado brasileño han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir para exigir medidas urgentes de protección en un centro socioeducativo de Río de Janeiro.
El organismo internacional aprobó el 7 de noviembre de 2026 la Resolución 91/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de los adolescentes privados de libertad en el Centro Socioeducativo Profesora Marlene Henrique Alves, conocido como CENSE-CAMPOS, ubicado en Campos dos Goytacazes.
La decisión responde a una solicitud presentada el 4 de mayo de 2026 por la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro, que documentó una serie de situaciones que, de acuerdo con las denuncias recibidas, ponen en riesgo la vida, la integridad personal y la salud de los jóvenes internados.
La CIDH consideró que existe una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para los beneficiarios. No se trata solamente de deficiencias administrativas o problemas de mantenimiento en una instalación pública: las denuncias describen condiciones de internamiento que podrían comprometer derechos humanos esenciales de personas que se encuentran bajo responsabilidad directa del Estado.
Instalaciones insalubres, falta de agua y deficiencias en la atención médica
La información presentada ante la Comisión describe un escenario preocupante. Los adolescentes permanecerían durante períodos prolongados en alojamientos con condiciones inadecuadas de higiene, infraestructura deteriorada y acceso insuficiente a servicios básicos.
Entre las deficiencias señaladas se encuentran colchones en mal estado, sanitarios sin mobiliario adecuado, filtraciones, humedad, presencia de moho y falta de ventilación. También se reportó la presencia de ratas, cucarachas y ciempiés que ingresan por desagües sin protección, además de temperaturas elevadas y cableado eléctrico expuesto.
La falta de suministro continuo de agua representa otro problema fundamental. En un espacio donde las personas no pueden decidir libremente dónde permanecer ni acceder por sus propios medios a servicios externos, garantizar agua potable, higiene y condiciones sanitarias adecuadas constituye una obligación elemental de las autoridades responsables.
A estas circunstancias se suman las deficiencias en la atención médica. La solicitud presentada ante la CIDH señaló que varios adolescentes habían registrado episodios de autolesiones y que no existían garantías suficientes de atención oportuna, particularmente en materia de salud mental.
El problema adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se considera que los adolescentes privados de libertad se encuentran en una etapa de desarrollo físico y psicológico que exige atención especializada. La falta de acompañamiento médico y psicológico puede agravar situaciones de vulnerabilidad que deberían recibir atención prioritaria.
Las denuncias de agresiones por parte del personal del centro
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación en la Comisión fue la denuncia de agresiones físicas, psicológicas y morales presuntamente cometidas por agentes socioeducativos del propio establecimiento.
La parte solicitante señaló que estos episodios no serían hechos aislados, sino prácticas reiteradas que involucran a trabajadores encargados precisamente de garantizar la protección y el acompañamiento de los adolescentes bajo custodia estatal.
Esta circunstancia resulta particularmente grave porque coloca a los jóvenes en una situación de indefensión. Cuando las personas responsables de su vigilancia y cuidado son señaladas como posibles agresoras, la institución tiene la obligación de establecer mecanismos efectivos de prevención, supervisión, denuncia e investigación.
La CIDH expresó especial preocupación por la posible participación de agentes estatales en los hechos denunciados. También solicitó que se garantice el funcionamiento y la cobertura adecuada de las cámaras de seguridad, así como información sobre las investigaciones abiertas y sus resultados.
Es importante precisar que las medidas cautelares no constituyen una sentencia ni determinan responsabilidades individuales. La Comisión no declaró culpables a funcionarios específicos, sino que identificó una situación de riesgo que requiere protección inmediata y esclarecimiento de los hechos.
Brasil informó sobre medidas correctivas, pero la CIDH considera que el riesgo continúa
Durante el procedimiento, el Estado brasileño presentó información sobre las acciones emprendidas para atender los problemas señalados. La Comisión reconoció que el CENSE-CAMPOS se encontraba bajo supervisión activa durante 2026 y que existían investigaciones en curso por las denuncias de malos tratos.
Las autoridades también informaron sobre modificaciones en los procedimientos para facilitar el traslado de los adolescentes a consultas médicas, la reorganización de las agendas de atención y la resolución de los casos de dermatosis identificados en el establecimiento.
Asimismo, se comunicó la implementación de cursos de capacitación profesional y la existencia de mecanismos de diálogo entre las distintas áreas del centro para mejorar la atención proporcionada a los jóvenes.
Sin embargo, la Comisión consideró que estas acciones no eran suficientes para demostrar que los factores de riesgo habían desaparecido. En particular, señaló que no contaba con información que acreditara mejoras estructurales en los dormitorios y sanitarios, la sustitución de colchones deteriorados, la eliminación de filtraciones y moho o la garantía de un suministro permanente de agua en condiciones adecuadas.
Tampoco encontró información suficiente sobre medidas que garantizaran la atención médica externa oportuna y el acceso a servicios de salud mental de acuerdo con las necesidades individuales de los adolescentes.
En otras palabras, el reconocimiento de algunas acciones correctivas no elimina la obligación estatal de resolver las condiciones que dieron origen a la intervención internacional.
Cuatro obligaciones para proteger a los adolescentes
Con fundamento en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó al Estado brasileño implementar cuatro líneas de actuación:
1. Proteger la vida, la integridad personal y la salud de los adolescentes, garantizando condiciones de internamiento compatibles con los estándares internacionales, atención médica oportuna, servicios de salud mental y acceso suficiente a agua de calidad. Las medidas deben considerar la edad y las necesidades de accesibilidad de los beneficiarios.
2. Garantizar su seguridad frente a posibles agresiones, intimidaciones, actos de violencia y represalias por parte de agentes estatales. Para ello, deberán funcionar adecuadamente las cámaras de vigilancia y proporcionarse información sobre las investigaciones de las denuncias presentadas.
3. Acordar las medidas de protección que se implementarán con la parte solicitante, de manera que las acciones respondan efectivamente a las necesidades identificadas.
4. Informar sobre las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados y las acciones emprendidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Estas disposiciones buscan que la intervención no se limite a corregir temporalmente las deficiencias materiales, sino que también establezca mecanismos de prevención y rendición de cuentas frente a las posibles agresiones cometidas dentro del establecimiento.
La privación de libertad no suspende los derechos de la infancia
El caso de CENSE-CAMPOS vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión fundamental para los sistemas de justicia juvenil de América Latina: el Estado no puede justificar condiciones indignas de internamiento bajo el argumento de que los adolescentes se encuentran cumpliendo una medida impuesta por las autoridades judiciales.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de libertad de una persona menor de edad debe utilizarse como último recurso y durante el período más breve que proceda. También reconoce el derecho de los niños y adolescentes privados de libertad a recibir un trato humano, mantener su dignidad y contar con condiciones adecuadas para su desarrollo.
Por su parte, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, conocidas como Reglas de La Habana, establecen estándares específicos sobre alojamiento, higiene, alimentación, atención médica, educación y protección frente a cualquier forma de violencia o abuso.
Estos instrumentos parten de un principio esencial: una medida de internamiento no debe convertirse en una forma adicional de castigo ni en una oportunidad para vulnerar derechos. Su finalidad debe estar vinculada a la protección, la reintegración social y el desarrollo integral de los adolescentes.
En este sentido, las autoridades brasileñas tienen la responsabilidad de garantizar que el funcionamiento de sus centros socioeducativos respete los estándares internacionales y que cualquier denuncia de violencia sea investigada de manera independiente, diligente y efectiva.
La intervención de la CIDH también resulta relevante para el resto de América Latina. Las condiciones de los centros de internamiento juvenil representan un indicador de la capacidad de los Estados para garantizar derechos incluso a quienes se encuentran bajo medidas restrictivas de libertad.
La existencia de instalaciones deterioradas, la falta de servicios médicos o las denuncias de agresiones institucionales no pueden considerarse problemas secundarios frente a las estadísticas de seguridad pública. Cuando un gobierno priva de libertad a un adolescente, asume una responsabilidad reforzada sobre su vida, su integridad y su dignidad.
La resolución de la CIDH no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad internacional de Brasil por los hechos denunciados. Sin embargo, establece que los riesgos identificados requieren respuestas inmediatas y verificables.
El verdadero desafío será comprobar que las autoridades transformen las medidas solicitadas en cambios concretos, que las investigaciones permitan esclarecer las denuncias y que los adolescentes puedan permanecer en condiciones compatibles con sus derechos fundamentales.
Porque la justicia de un Estado no se demuestra únicamente por su capacidad para sancionar a quienes infringen la ley. También se demuestra por la manera en que trata a las personas que mantiene bajo su custodia, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Ninguna medida de internamiento puede convertir la dignidad humana en un derecho condicionado.
