El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en la etapa de testimonios de la defensa con dos especialistas en adicciones que cuestionaron que el consumo de sustancias, por sí solo, justificara una internación involuntaria.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes una etapa decisiva. Después de varios meses de testimonios y peritajes presentados por la acusación, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro empezó a escuchar a los testigos convocados por las defensas de los siete profesionales de la salud acusados por el fallecimiento del exfutbolista.
Los primeros en declarar fueron Damián Barreiro, psicólogo especializado en adicciones, e Ignacio O’Donnell, sociólogo vinculado con centros de rehabilitación. Ambos fueron propuestos por la defensa de Carlos Díaz, el psicólogo que formaba parte del equipo que atendió a Maradona durante sus últimos días.
La estrategia de la defensa apunta a cuestionar uno de los aspectos centrales de la acusación: que el estado de Maradona y sus antecedentes de consumo hacían necesaria una internación en una institución médica y no un tratamiento domiciliario.
O’Donnell sostuvo ante el tribunal que una persona con un problema de consumo no queda automáticamente incapacitada para decidir sobre su tratamiento. Según su declaración, cuando el paciente no se encuentra consumiendo y existe un entorno capaz de acompañarlo, un tratamiento ambulatorio puede ser una alternativa válida.
Barreiro coincidió con ese planteamiento y señaló que una internación contra la voluntad del paciente debe ser una medida excepcional. En su testimonio sostuvo que, para justificarla, debe existir un riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros.
Los especialistas aclararon que sus intervenciones fueron realizadas desde una perspectiva general sobre las adicciones y las modalidades de tratamiento y que no estaban reconstruyendo directamente las circunstancias médicas específicas de Maradona.
Ese matiz es importante. Los testimonios no determinan por sí mismos si el tratamiento aplicado al exfutbolista fue correcto ni establecen la responsabilidad de los acusados. Su valor dentro del juicio consiste en aportar criterios profesionales que los jueces deberán contrastar con el resto de la evidencia.
La acusación sostiene una visión diferente. Durante las semanas anteriores, especialistas convocados por la fiscalía señalaron que Maradona debía haber sido internado y que su estado físico y psicológico presentaba señales que requerían una atención médica más intensiva.
Uno de esos peritos, el toxicólogo Carlos Damín, había declarado en agosto que el exfutbolista tendría que haber sido internado contra su voluntad. En septiembre, otros integrantes de la Junta Médica Interdisciplinaria cuestionaron distintos aspectos del tratamiento recibido durante la internación domiciliaria.
El psiquiatra José Luis Covelli, por ejemplo, calificó de correcto el tratamiento farmacológico recibido por Maradona, mientras que el médico clínico Ramiro Larrea puso el acento en las condiciones de abstinencia y en la falta de equipamiento médico que, a su juicio, debía existir en la vivienda donde permanecía el paciente.
La controversia gira así alrededor de una pregunta fundamental: ¿era suficiente un tratamiento domiciliario centrado en las adicciones o las condiciones de salud de Maradona exigían una internación hospitalaria con vigilancia médica permanente?
Maradona había sido operado el 3 de noviembre de 2020 por un hematoma subdural. Después de recibir el alta, fue trasladado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde permaneció bajo un esquema de internación domiciliaria.
El 25 de noviembre de ese año fue encontrado sin vida en su habitación. La autopsia determinó que murió por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca, una conclusión que forma parte de la discusión médica desarrollada durante el juicio.
La Fiscalía sostiene que los integrantes del equipo sanitario actuaron de manera inadecuada, deficiente y temeraria y que omitieron intervenciones que, según la acusación, podían haber evitado el desenlace. La defensa, en cambio, intenta demostrar que las decisiones adoptadas se encontraban dentro de alternativas médicas posibles y que no existe una relación penalmente atribuible entre esas decisiones y la muerte.
El psicólogo Carlos Díaz ocupa un lugar particular en esa discusión. Se incorporó al equipo que atendía a Maradona aproximadamente un mes antes de su muerte y estaba encargado de trabajar sobre sus problemas de consumo. De acuerdo con información recogida durante el juicio, Díaz había establecido medidas para impedir el ingreso de alcohol a la vivienda.
La estrategia de sus abogados busca, por tanto, separar el tratamiento de las adicciones de la acusación general sobre la atención médica. Los testimonios de Barreiro y O’Donnell intentan respaldar la idea de que un tratamiento ambulatorio no es, por definición, una atención negligente.
El proceso tiene como acusados, además de Díaz, al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.
Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual. Esta figura implica que la acusación debe demostrar que los imputados conocían el riesgo que podían generar sus conductas u omisiones y que, pese a ello, continuaron actuando de la manera cuestionada.
El proceso actual no es el primer juicio por la muerte del ídolo argentino. El debate anterior fue declarado nulo después del escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, quien permitió la realización de un documental relacionado con el proceso sin autorización de las partes. La decisión obligó a reiniciar el juicio desde cero.
El nuevo proceso comenzó en abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Desde entonces, el tribunal ha escuchado a familiares, allegados, profesionales médicos, personal de seguridad y otros testigos vinculados con los últimos meses de vida de Maradona.
Ahora el calendario entra en su tramo final. De acuerdo con la información difundida por medios argentinos, las defensas tienen plazo hasta el 22 de septiembre para completar la presentación de pruebas y los alegatos están previstos a partir del 29 de septiembre. El veredicto podría conocerse durante octubre.
La recta final promete ser especialmente relevante porque las defensas tendrán la oportunidad de confrontar las conclusiones de los peritos y testigos de la acusación con sus propios especialistas. La discusión ya no gira únicamente alrededor de lo que ocurrió en la vivienda de Tigre, sino también de qué decisiones médicas eran razonables dadas las condiciones que presentaba Maradona.
La verdad es que el caso enfrenta dos interpretaciones profundamente distintas de los mismos últimos días del exfutbolista. Para la acusación, existieron señales de deterioro que exigían una intervención médica mayor; para las defensas, el tratamiento domiciliario formaba parte de alternativas aceptables y no puede convertirse, por sí solo, en prueba de una conducta criminal.
El tribunal tendrá que determinar cuál de esas interpretaciones encuentra respaldo suficiente en la evidencia. Y esa decisión será crucial para establecer si alguno de los siete acusados puede ser considerado penalmente responsable por la muerte de uno de los futbolistas más importantes de la historia.
