El CEESP advierte que la deuda pública podría alcanzar 21.8 billones de pesos en 2027 y pide evitar una mayor carga tributaria, mientras Hacienda plantea mantener la deuda en torno a 55 por ciento del PIB y avanzar gradualmente hacia la consolidación fiscal.
Las finanzas públicas de México llegarán a 2027 bajo una presión que difícilmente podrá ignorarse. A pocos días de que el Gobierno federal entregue al Congreso el Paquete Económico del próximo año, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que el crecimiento de la deuda y el costo financiero reducirán todavía más el margen de maniobra del presupuesto.
El organismo empresarial, integrado al Consejo Coordinador Empresarial, considera que la salida no debe descansar en una nueva carga de impuestos para hogares y empresas. En su análisis, plantea que el próximo paquete fiscal debe fortalecer los ingresos, pero al mismo tiempo mejorar la eficiencia del gasto y dirigir una mayor proporción de los recursos hacia inversión productiva.
Los números ayudan a dimensionar el desafío. De acuerdo con las proyecciones de los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzaría 21.8 billones de pesos el próximo año, equivalente a 55 por ciento del Producto Interno Bruto.
La Secretaría de Hacienda confirma esa referencia en sus Pre-Criterios y proyecta que el indicador pase de 54.7 por ciento del PIB al cierre de 2026 a 55 por ciento en 2027. La dependencia sostiene, sin embargo, que la trayectoria seguirá siendo sostenible y que el endeudamiento se utilizará para financiar proyectos que impulsen el crecimiento, mejoren la conectividad y reduzcan desigualdades regionales.
La diferencia entre ambos enfoques es importante. Hacienda habla de una estrategia de normalización gradual del déficit y de un manejo responsable de la deuda; el CEESP, en cambio, pone el acento en el estrecho margen disponible para financiar las necesidades del Gobierno sin aumentar las presiones fiscales.
El problema no está únicamente en cuánto se debe, sino en cuánto cuesta mantener esa deuda. El CEESP estima que el costo financiero podría ascender a 1.6 billones de pesos en 2027, alrededor de 4.3 por ciento del PIB bajo el escenario económico que utiliza el organismo.
Con ese nivel de gasto financiero, una parte considerable de los ingresos públicos tendría que destinarse simplemente al pago de intereses y otros compromisos relacionados con la deuda. Es dinero que, en otras circunstancias, podría utilizarse para infraestructura, salud, educación, seguridad o inversión productiva.
Hacienda, por su parte, reportó que durante el primer semestre de 2026 el costo financiero de la deuda disminuyó 4.8 por ciento real anual y que una estrategia de refinanciamiento permitió generar ahorros por 111 mil millones de pesos frente al monto programado. La dependencia también señaló que la mayor parte de la deuda federal está denominada en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo.
Ese dato ofrece un matiz importante. La presión fiscal existe, pero no significa que México enfrente de manera inmediata una crisis de deuda. El propio Gobierno federal sostiene que el país conserva amortiguadores fiscales y que el nivel de endeudamiento permanece dentro de una trayectoria manejable.
El verdadero desafío está en el espacio que queda para gastar. El CEESP ha advertido que varios componentes del presupuesto tienen poca flexibilidad, entre ellos las pensiones, la nómina pública y el costo financiero de la deuda. Al mismo tiempo, los programas prioritarios del Gobierno representan una proporción elevada del gasto y existe el compromiso de mantener la inversión en infraestructura.
Por eso el organismo empresarial insiste en una llamada “regla de oro” de las finanzas públicas: contratar deuda para financiar proyectos de inversión que generen capacidad productiva y no para cubrir de manera permanente gasto corriente.
Los Pre-Criterios de Hacienda también plantean que el gasto de 2027 deberá ajustarse para cumplir con los criterios de sostenibilidad fiscal, aunque manteniendo como prioridades el gasto social y la inversión estratégica. La dependencia prevé además un crecimiento real de 2.8 por ciento en la recaudación tributaria frente al nivel estimado para 2026.
El panorama de los ingresos, sin embargo, no es completamente favorable. El CEESP ha señalado que el aumento esperado en la recaudación tributaria podría verse acompañado por una reducción de los ingresos petroleros, lo que limitaría el crecimiento de los recursos disponibles para el Gobierno.
En ese escenario aparece uno de los puntos más delicados del debate: los impuestos. El CEESP considera que una miscelánea fiscal agresiva podría afectar el consumo y la estabilidad de los hogares, particularmente en un momento en que el crecimiento económico sigue siendo moderado.
La postura del organismo coincide parcialmente con la señal política enviada por Claudia Sheinbaum. El Gobierno federal ha planteado que buscará fortalecer la recaudación mediante medidas de eficiencia y combate a la evasión antes que recurrir a una reforma fiscal generalizada que eleve de manera significativa las tasas existentes.
Un ejemplo es la propuesta para hacer trazable el pago del IEPS de los combustibles con el propósito de combatir el llamado huachicol fiscal. El objetivo es aumentar la recaudación mediante un mayor control sobre operaciones que actualmente generan pérdidas para el fisco, en lugar de incrementar directamente la tasa que pagan los consumidores.
La discusión llegará a una nueva etapa el martes 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo federal entregue el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión. A partir de entonces se conocerán las cifras definitivas y, sobre todo, la forma en que el Gobierno pretende conciliar tres necesidades que compiten por los mismos recursos: reducir el déficit, mantener los programas sociales y financiar proyectos de inversión.
La tarea no será sencilla. Una deuda mayor implica mayores compromisos futuros; reducir el gasto demasiado rápido puede frenar la inversión y afectar servicios; y aumentar impuestos en una economía de crecimiento moderado puede tener consecuencias sobre hogares y empresas.
El próximo presupuesto será, por ello, algo más que una colección de cifras. Será una prueba para la estrategia económica de la administración de Claudia Sheinbaum y para su capacidad de demostrar que el endeudamiento puede mantenerse bajo control sin sacrificar inversión ni bienestar. La pregunta de fondo será cuánto margen conservará México para enfrentar los problemas de hoy sin trasladar una factura todavía más pesada a los años siguientes.
