La extorsión fue el delito con mayor cifra oculta en México durante 2025, con 97.5% de los casos sin denuncia o sin una carpeta de investigación, mientras empresarios y especialistas advierten que el fenómeno también afecta la inversión, la competitividad y las actividades productivas.
La dimensión de la extorsión en México vuelve a quedar expuesta en las cifras oficiales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 del INEGI, 97.5% de las extorsiones ocurridas durante 2025 no fueron denunciadas o, aun cuando hubo denuncia, no derivaron en el inicio de una carpeta de investigación.
El dato es todavía más significativo porque convierte a la extorsión en el delito con la mayor cifra oculta entre los principales ilícitos medidos por la encuesta. El promedio nacional de cifra oculta para todos los delitos fue de 93.4%, mientras que en la extorsión alcanzó 97.5%. Dicho de otra manera, las estadísticas oficiales solo alcanzan a reflejar una pequeña parte del fenómeno.
El INEGI estima que durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos en México. La extorsión se ubicó como el segundo delito más frecuente, detrás del fraude, con una tasa de 6,831 casos por cada 100,000 habitantes y un incremento de 14.4% respecto de 2024.
La diferencia entre los casos que ocurren y los que llegan al sistema de justicia ayuda a explicar por qué las estadísticas de carpetas de investigación pueden mostrar una imagen mucho más reducida del problema. La cifra oculta no significa simplemente que una víctima haya decidido guardar silencio: la metodología del INEGI también considera aquellos delitos denunciados que no terminaron con una investigación formal.
El fenómeno fue uno de los asuntos abordados durante la Quinta Convención Binacional México-Estados Unidos de la American Society of Mexico, celebrada el 23 de septiembre en Ciudad de México. En una mesa dedicada a la nueva estrategia de seguridad entre ambos países participaron empresarios, exfuncionarios y especialistas para analizar los efectos de la delincuencia transnacional y las posibilidades de cooperación.
Durante ese encuentro, Armando Zúñiga, presidente de Grupo IPS y de ASUME, además de vicepresidente de Coparmex, sostuvo que la extorsión dejó de ser únicamente un asunto de seguridad pública. Desde su perspectiva, también se convirtió en un problema económico porque modifica los costos de operación, afecta la competitividad y puede influir en las decisiones de inversión.
La preocupación del sector privado no es aislada. Coparmex ha advertido durante 2026 sobre el incremento de la extorsión contra empresarios y señaló que el delito se ha convertido en una de las principales amenazas para las pequeñas y medianas empresas. En agosto, el organismo reportó que durante el primer semestre del año se registraron 6,562 víctimas de extorsión a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El impacto puede observarse también en sectores específicos. Un análisis publicado por El Economista con información de la Cámara Minera de México señaló que las compañías mineras destinaron alrededor de 108.7 millones de dólares a seguridad durante 2025. Aunque esa cifra incluye distintos riesgos delictivos y no exclusivamente extorsiones, muestra cómo la inseguridad puede trasladarse directamente a los costos de operación.
Para los negocios pequeños, el problema puede sentirse de una manera todavía más directa. Una llamada amenazante, el cobro periódico de dinero o la exigencia de modificar horarios y rutas puede terminar incorporándose al costo cotidiano de mantener abierto un establecimiento. Cuando la víctima decide no denunciar, esa experiencia desaparece de las estadísticas oficiales y el ciclo se vuelve más difícil de dimensionar.
El miedo y la desconfianza aparecen entre los factores que explican el bajo nivel de denuncia. Estudios y reportes empresariales publicados durante 2026 han señalado que las víctimas pueden evitar acudir ante las autoridades por temor a represalias, por considerar que el trámite no tendrá consecuencias o por falta de confianza en las instituciones.
El problema, además, tiene una dimensión territorial. Los registros oficiales solo representan los casos conocidos por las autoridades, mientras que la ENVIPE permite aproximarse al universo que permanece fuera de las carpetas. Por ello, ambas fuentes cumplen funciones distintas: una registra los delitos denunciados y la otra busca estimar la victimización que ocurre aunque no llegue al sistema de justicia.
En paralelo, México cuenta desde noviembre de 2025 con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El nuevo ordenamiento establece un marco nacional para prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, además de fijar mecanismos de coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno.
La ley también contempla acciones de prevención y coordinación institucional, por lo que uno de los retos centrales será su aplicación efectiva en las entidades federativas. El desafío no termina con la creación de un marco jurídico: requiere que las autoridades locales cuenten con capacidades para recibir denuncias, investigar los casos y proteger a las víctimas.
La cooperación con Estados Unidos constituye otro de los puntos discutidos durante la Convención Binacional. Chad Wolf, exsecretario interino de Seguridad Nacional estadounidense y participante del encuentro, sostuvo que la cooperación debe orientarse a fortalecer las capacidades mexicanas mediante capacitación, recursos y tecnología. Entre las herramientas mencionadas estuvieron los sistemas aéreos no tripulados.
Otros participantes plantearon que la respuesta bilateral debe mantener reglas claras y respeto al marco jurídico y a los derechos humanos. Maricela Morales Ibáñez, exprocuradora General de la República, señaló durante el foro que la delincuencia organizada opera más allá de las fronteras y que la cooperación institucional también debe hacerlo.
La seguridad, en este contexto, deja de ser un asunto limitado a policías y fiscalías. Cuando la extorsión obliga a una empresa a gastar más en protección, modifica sus rutas, reduce operaciones o incluso considera cerrar un establecimiento, el efecto alcanza al empleo, la inversión y al precio final de bienes y servicios.
La verdad es que el dato de 97.5% no describe por sí solo toda la dimensión de la extorsión, pero sí muestra con claridad la enorme distancia entre el delito que ocurre y el que llega al sistema de justicia. Reducir esa brecha dependerá tanto de las capacidades de investigación como de la confianza de las víctimas para denunciar.
El reto para las autoridades será convertir la nueva legislación y los mecanismos de cooperación en resultados verificables. Para las empresas, mientras tanto, la extorsión seguirá siendo una amenaza que no solo afecta su seguridad, sino también la posibilidad de operar, invertir y crecer en determinadas regiones del país.