La relatora especial de Naciones Unidas Mariana Katzarova acusó a Rusia de extender contra sus críticos en el extranjero prácticas de vigilancia, intimidación y represalias que, según su nuevo informe, forman parte de un patrón de represión que se ha intensificado desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
La represión contra críticos del Gobierno ruso ya no se limita al territorio de la Federación Rusa. Así lo sostuvo este lunes Mariana Katzarova, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Rusia, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos un informe dedicado a la llamada represión transnacional.
El documento, basado en cerca de 400 casos documentados, describe acusaciones de vigilancia, intimidación, agresiones, envenenamientos y asesinatos contra personas que se encuentran fuera de Rusia. Katzarova afirmó que estas acciones deben entenderse como una extensión de las restricciones y mecanismos represivos que, según sus informes anteriores, se han desarrollado dentro del país.
La relatora sostuvo que Rusia se encuentra entre los países que más recurren a este tipo de prácticas. Según el informe, ocupa el tercer lugar entre un grupo de diez Estados responsables de más del 70 por ciento de los incidentes de represión transnacional documentados durante la última década.
El término tiene un significado específico. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos define la represión transnacional como el uso de mecanismos estatales o de terceros para silenciar, intimidar o perjudicar a personas que viven fuera de las fronteras de un país. Entre las prácticas documentadas internacionalmente figuran la vigilancia digital, el acoso en línea, las amenazas contra familiares, el uso abusivo de procedimientos judiciales o migratorios y, en los casos más graves, secuestros, detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos selectivos.
El informe de Katzarova coloca a Rusia dentro de ese fenómeno y sostiene que su alcance aumentó después de que Moscú iniciara la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. La relatora considera que las restricciones contra la libertad de expresión y la disidencia dentro de Rusia han encontrado una prolongación fuera del territorio nacional.
Una parte importante del contexto está relacionada con el éxodo de ciudadanos rusos. El nuevo informe citado por Reuters estima que entre 650 mil y 900 mil personas abandonaron Rusia desde 2022. No todas ellas son opositoras políticas ni todas han sido objeto de persecución, pero una parte de la diáspora incluye periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y personas críticas del Gobierno.
Para quienes han abandonado el país, el exilio no necesariamente elimina los riesgos. La ONU ha documentado previamente que la vigilancia digital, las amenazas a familiares que permanecen en el país de origen y el uso de mecanismos legales o administrativos pueden utilizarse para ejercer presión sobre personas que se encuentran en otros territorios.
La propia Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido que estas prácticas se han vuelto más sofisticadas con el uso de tecnologías digitales. La vigilancia remota, el acoso coordinado en redes sociales y el uso de información obtenida mediante medios electrónicos permiten ejercer presión sin que el objetivo se encuentre físicamente en el territorio del Estado que pretende intimidarlo.
El señalamiento de Katzarova se suma a una serie de informes anteriores sobre el deterioro de las libertades civiles en Rusia. El mandato de la relatora especial fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 y posteriormente renovado. En sus informes, Katzarova ha documentado restricciones contra periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, abogados, opositores políticos y personas que expresan posiciones contrarias a la guerra.
La Asamblea General de Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales también han expresado preocupación por las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión en Rusia. Entre los señalamientos aparecen además el uso de leyes relacionadas con seguridad nacional, extremismo y terrorismo contra personas y organizaciones críticas del Gobierno.
Rusia no respondió de inmediato a las acusaciones presentadas durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos y su asiento permaneció vacío durante la intervención de Katzarova, según informó AFP.
La relatora especial es una experta independiente y no habla en nombre de la ONU como organización ni de sus Estados miembros. Sus informes forman parte de los mecanismos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y se basan en información recopilada mediante entrevistas, documentación y comunicaciones con distintas fuentes. Por ello, sus conclusiones deben distinguirse de una sentencia judicial o de una determinación de responsabilidad penal.
El contexto internacional también incluye nuevas denuncias sobre violaciones de derechos humanos relacionadas con la guerra en Ucrania. El 18 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe que documentó mil cuatro casos de violencia sexual desde el inicio de la invasión a gran escala hasta julio de 2026. De los casos verificados, 89 por ciento fueron atribuidos a autoridades rusas y 11 por ciento a autoridades ucranianas.
Ese informe no trata sobre represión transnacional y corresponde a un ámbito diferente de investigación, pero muestra que la ONU mantiene varios mecanismos de documentación activos respecto de la conducta de las autoridades rusas dentro y fuera de Rusia.
La preocupación por la represión transnacional tampoco se limita a Rusia. Naciones Unidas ha señalado que gobiernos de distintas regiones han recurrido a herramientas de vigilancia, procedimientos legales abusivos y amenazas contra personas que viven en el extranjero. El fenómeno plantea además problemas para los países que reciben a exiliados, porque puede afectar la libertad de expresión, la protección internacional y la seguridad de las comunidades de la diáspora.
En el caso ruso, Katzarova plantea que la respuesta internacional debe reconocer que la protección de los derechos humanos no termina en las fronteras nacionales. Cuando una persona abandona un país, sus derechos no desaparecen con ella y, al mismo tiempo, los Estados donde busca refugio deben contar con mecanismos capaces de detectar y responder a posibles actos de intimidación extranjera.
La presentación del informe abre ahora una nueva etapa de discusión dentro del Consejo de Derechos Humanos. El desafío será determinar cómo responder a los casos documentados, mejorar la protección de quienes se encuentran en riesgo y evitar que herramientas digitales, mecanismos judiciales o redes de terceros se conviertan en instrumentos para trasladar conflictos políticos más allá de las fronteras de Rusia.