La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución que exige poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque la iniciativa volvió a recibir el respaldo mayoritario de los Estados miembros, el resultado representa una disminución considerable respecto de años anteriores y refleja cambios en la posición diplomática de varios países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a pronunciarse contra el embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas. En su sesión del 28 de octubre de 2026, el principal órgano deliberativo de la organización aprobó una resolución que solicita poner fin a las restricciones económicas, comerciales y financieras impuestas a la isla.
La iniciativa, presentada por el Gobierno cubano, obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. El resultado confirma que la mayoría de los países participantes continúa respaldando el levantamiento de las medidas estadounidenses, aunque el apoyo fue considerablemente menor que en las votaciones de años anteriores.
De acuerdo con la transcripción oficial de la sesión de la Asamblea General, la resolución A/81/L.5 fue aprobada tras un debate en el que distintas delegaciones expusieron sus posiciones sobre las consecuencias económicas y humanitarias del embargo, sus efectos extraterritoriales y las responsabilidades del Gobierno cubano frente a la crisis que atraviesa el país.
La votación constituye una nueva expresión de la posición mayoritaria de la Asamblea General sobre este asunto, que se somete a consideración del organismo desde 1992. Sin embargo, la resolución no pone fin por sí misma al embargo, pues se trata de un pronunciamiento de la Asamblea que no sustituye las decisiones que corresponden adoptar al Gobierno y a las autoridades legislativas estadounidenses.
Menos votos a favor y cambios en la posición internacional
Uno de los aspectos más relevantes de la votación de 2026 es la reducción del respaldo respecto del año anterior. Mientras que en 2025 la resolución obtuvo 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones, en esta ocasión el apoyo descendió a 130 votos, con un incremento de los rechazos y las abstenciones.
La diferencia refleja un cambio en la distribución de las posiciones diplomáticas frente al embargo. Entre los países latinoamericanos que votaron en contra de la resolución figuran Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. Por su parte, Chile, República Dominicana, Honduras y Perú se abstuvieron.
El resultado contrasta con el respaldo alcanzado durante el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos impulsado durante la administración del presidente Barack Obama. En 2015, la resolución obtuvo 191 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. Un año después, en 2016, Estados Unidos se abstuvo por primera vez, en una votación que coincidió con los esfuerzos por normalizar las relaciones bilaterales.
La reducción del apoyo internacional en 2026 no significa que la mayoría de los Estados haya cambiado su posición histórica sobre el embargo. Sin embargo, sí evidencia una modificación en el comportamiento de varias delegaciones, que ahora se distribuyen entre el respaldo, el rechazo y la abstención.
La votación también pone de manifiesto que el debate sobre Cuba no se limita a las relaciones entre La Habana y Washington. Involucra cuestiones relacionadas con el comercio internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación económica y las consecuencias de las sanciones unilaterales sobre terceros países.
La resolución cuestiona las consecuencias extraterritoriales del embargo
El documento aprobado por la Asamblea General se fundamenta en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación.
Uno de los puntos centrales es la preocupación por las disposiciones estadounidenses que pueden afectar a empresas, instituciones financieras y ciudadanos de terceros países que mantienen relaciones comerciales con Cuba. La resolución menciona específicamente la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, que reforzó el marco jurídico del embargo y amplió sus posibles consecuencias para determinadas actividades económicas relacionadas con la isla.
Estas disposiciones han sido cuestionadas por el Gobierno cubano y por diversos Estados, que consideran que las medidas con efectos extraterritoriales pueden interferir en sus relaciones económicas legítimas y limitar su capacidad para establecer vínculos comerciales con otros países.
En ese sentido, la resolución exhorta a los Estados a abstenerse de promulgar o aplicar normas que produzcan efectos de esa naturaleza y solicita a los países que mantengan disposiciones similares que las deroguen o dejen sin efecto, de conformidad con sus obligaciones internacionales.
El texto también pide al secretario general de las Naciones Unidas que continúe examinando la aplicación de estas medidas y sus consecuencias, con el propósito de presentar un informe ante la Asamblea General en el siguiente periodo de sesiones.
La iniciativa se produce en un contexto de dificultades económicas y energéticas en Cuba, donde los problemas de abastecimiento de combustible, las interrupciones del suministro eléctrico y las limitaciones en el acceso a productos esenciales han agravado las condiciones de vida de la población.
Estados Unidos atribuye la crisis a la gestión del Gobierno cubano
Durante el debate, el representante estadounidense Mike Waltz rechazó que el embargo sea la causa principal de la crisis cubana y responsabilizó al Gobierno de la isla por sus problemas económicos y sociales.
Waltz sostuvo que la existencia de intercambios comerciales entre Estados Unidos y Cuba, así como las operaciones de otros países con la isla, demuestra que no existe un bloqueo absoluto. En su intervención, afirmó que las exportaciones estadounidenses a Cuba superaron los 876 millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026.
El representante también argumentó que la crisis económica no puede explicarse únicamente por las restricciones externas y acusó a las autoridades cubanas de concentrar los recursos económicos en beneficio de las élites dirigentes, en detrimento de la población.
Al justificar el voto estadounidense en contra de la resolución, Waltz sostuvo que respaldar el texto favorecería la posición política del Gobierno cubano. Asimismo, cuestionó la estructura económica y el sistema político de la isla.
La posición de Washington mantiene que las dificultades de Cuba están relacionadas, en buena medida, con las decisiones internas de sus autoridades y que el levantamiento de las restricciones no resolvería por sí mismo los problemas estructurales de su economía.
Por su parte, diversas delegaciones que respaldaron la resolución señalaron que las restricciones comerciales y financieras sí contribuyen a agravar las dificultades de la población, especialmente cuando afectan el acceso a combustibles, medicamentos, alimentos y otros productos esenciales.
Cuba denuncia efectos sobre la salud y los servicios básicos
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió a los argumentos estadounidenses y defendió la necesidad de poner fin al embargo. Durante su intervención, presentó cifras sobre el costo económico acumulado de las restricciones y sostuvo que las medidas han limitado la capacidad de la isla para adquirir productos y mantener servicios fundamentales.
Rodríguez Parrilla destacó particularmente las dificultades que enfrenta el sistema sanitario cubano. Según sus declaraciones, las restricciones han contribuido a agravar la escasez de medicamentos, retrasar intervenciones quirúrgicas y dificultar el acceso a tratamientos para pacientes con enfermedades graves.
El canciller también mencionó las dificultades para adquirir determinados medicamentos oncológicos y las limitaciones que, según el Gobierno cubano, enfrentan algunos productos farmacéuticos desarrollados en la isla para su comercialización en el extranjero.
Asimismo, responsabilizó al embargo de una parte importante de las dificultades económicas que afectan a la población y sostuvo que las restricciones financieras y comerciales limitan las posibilidades de recuperación del país.
Al concluir su intervención, Rodríguez Parrilla defendió el derecho de Cuba a desarrollar sus relaciones económicas y políticas sin las restricciones impuestas por Washington. Su postura coincide con el argumento central de la resolución, que considera necesario poner fin a las medidas unilaterales y favorecer el diálogo entre ambos países.
No obstante, la situación económica cubana también está relacionada con factores internos, entre ellos problemas de productividad, desequilibrios macroeconómicos y dificultades estructurales de su sistema económico. La discusión internacional mantiene abiertas las diferencias sobre el peso relativo de estos factores y el impacto concreto de las sanciones estadounidenses.
La crisis energética agrava las dificultades de la población
Uno de los asuntos que concentró la atención de las delegaciones fue el deterioro de las condiciones de abastecimiento energético en Cuba. Las restricciones para acceder a combustibles, sumadas a las limitaciones económicas y a las dificultades de la infraestructura eléctrica, han contribuido a prolongados cortes de electricidad y a interrupciones de servicios esenciales.
Durante el debate, representantes de distintos países señalaron que estas condiciones afectan el funcionamiento de hospitales, escuelas, sistemas de distribución de agua y redes de transporte. También advirtieron que la escasez de combustible repercute en la distribución de alimentos y en las actividades económicas cotidianas.
La delegación de México reiteró su rechazo a las medidas económicas unilaterales que considera contrarias a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En su intervención, sostuvo que las restricciones han dificultado el desarrollo económico y social de Cuba y han tenido consecuencias directas sobre el bienestar de sus habitantes.
Otras delegaciones que respaldaron la resolución defendieron la necesidad de facilitar el acceso a bienes esenciales y proteger la asistencia humanitaria, al tiempo que señalaron que su voto favorable no implica necesariamente un respaldo a las políticas internas del Gobierno cubano.
Esta distinción resulta importante para comprender el alcance de la votación. El rechazo al embargo puede responder a consideraciones relacionadas con el derecho internacional, la libertad de comercio o las consecuencias humanitarias de las sanciones, sin que ello signifique una aprobación de todas las decisiones adoptadas por las autoridades de Cuba.
Una resolución que mantiene abierto el debate diplomático
La nueva votación confirma que el embargo estadounidense contra Cuba continúa siendo motivo de desacuerdo en el ámbito multilateral. La Asamblea General volvió a solicitar su eliminación, pero la diferencia entre el respaldo obtenido en 2025 y el registrado en 2026 introduce un elemento relevante en la evolución de las posiciones internacionales.
Para los países que respaldan la resolución, el levantamiento de las restricciones permitiría reducir obstáculos al comercio, ampliar las posibilidades de financiamiento y facilitar el acceso de la población cubana a productos esenciales. Desde esta perspectiva, el embargo representa un impedimento para el desarrollo económico y una fuente adicional de presión sobre las condiciones de vida de la población.
Estados Unidos, en cambio, mantiene su rechazo a la resolución y sostiene que las dificultades de Cuba se explican principalmente por las decisiones de su Gobierno. Washington defiende sus restricciones como parte de su política hacia la isla y cuestiona que el levantamiento del embargo sea suficiente para resolver los problemas económicos y sociales cubanos.
La discusión, por tanto, continúa marcada por dos interpretaciones distintas sobre las causas de la crisis y las medidas necesarias para superarla. Mientras no se produzcan cambios en la política estadounidense o avances significativos en las relaciones bilaterales, las resoluciones de la Asamblea General seguirán funcionando como expresión de la posición mayoritaria de los Estados miembros, pero no como un mecanismo capaz de poner fin directamente al embargo.
Después de más de tres décadas de votaciones sobre este asunto, el desafío diplomático consiste en transformar los pronunciamientos internacionales en avances concretos que reduzcan las tensiones entre ambos países y atiendan las necesidades de la población cubana.
