Mientras Naciones Unidas llama en 2026 a invertir en paz, el aumento del gasto militar, la modernización de arsenales nucleares y la expansión de las operaciones digitales obligan a revisar hasta dónde llegan las herramientas jurídicas y diplomáticas creadas para contener los conflictos.
El 21 de septiembre no es una fecha simbólica más en el calendario internacional. Desde 1981, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Paz y, desde 2001, lo concibe además como una jornada de cesación del fuego y no violencia. En 2026, el lema es «Invertir en la paz, para todos, en todas partes y todos los días», una convocatoria que adquiere especial significado en un escenario internacional marcado por conflictos armados, rivalidades estratégicas y nuevas formas de confrontación.
El propio secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció este 21 de septiembre que los conflictos están creciendo en escala y complejidad y que algunos están desbordando las fronteras. La organización insiste, al mismo tiempo, en que la diplomacia, el diálogo, la negociación y las operaciones de mantenimiento de la paz continúan siendo instrumentos fundamentales para prevenir y contener la violencia.
Sin embargo, los indicadores de seguridad internacional muestran una realidad difícil de ignorar. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI, calculó que el gasto militar mundial alcanzó 2.887 billones de dólares en 2025, un aumento real de 2.9 por ciento respecto de 2024 y el undécimo incremento anual consecutivo. El gasto mundial representó 2.5 por ciento del producto interno bruto.
El ámbito nuclear presenta otro contraste. Según el Yearbook 2026 de SIPRI, al comenzar este año los nueve Estados con armas nucleares poseían aproximadamente 12,187 ojivas. Todos continuaron modernizando sus arsenales durante 2025. Al mismo tiempo, la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 2026 concluyó sin un documento final consensuado. Estos datos no significan que el sistema internacional haya abandonado el desarme, pero sí muestran las dificultades para alcanzar acuerdos entre Estados con intereses de seguridad divergentes.
La amenaza contemporánea tampoco se limita a misiles, tropas o fronteras. Las operaciones cibernéticas pueden dirigirse contra infraestructuras críticas, servicios públicos y sistemas esenciales para la población. El Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que el derecho internacional humanitario es aplicable a las operaciones cibernéticas realizadas durante conflictos armados y advierte sobre los posibles efectos de estas acciones sobre civiles e infraestructura indispensable.
El debate jurídico, no obstante, está lejos de haber terminado. Naciones Unidas estableció en 2026 un nuevo Mecanismo Global sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto de la seguridad internacional. Durante las reuniones celebradas en julio, los Estados discutieron, entre otros asuntos, la aplicación del derecho internacional, las normas de comportamiento responsable y las medidas de fomento de la confianza.
La cuestión no consiste simplemente en preguntar si existe derecho aplicable al ciberespacio. La ONU y el CICR parten de que las normas internacionales existentes tienen aplicación. El problema práctico aparece al determinar cómo deben interpretarse y aplicarse en situaciones concretas, especialmente cuando se necesita atribuir una operación a un Estado, establecer su gravedad o determinar qué consecuencias jurídicas corresponden.
Ahí surge una de las particularidades de las llamadas amenazas híbridas. Una confrontación puede combinar acciones militares convencionales con operaciones digitales, campañas de influencia, desinformación, presión económica o sabotaje. No todos estos actos constituyen jurídicamente un «ataque armado» ni todos están sujetos al mismo régimen legal. Por ello, utilizar la expresión guerra híbrida como una categoría única puede ocultar diferencias jurídicas importantes.
El sistema internacional tampoco parte de cero. La Carta de Naciones Unidas establece la prohibición del uso de la fuerza contra otros Estados, junto con mecanismos para la solución pacífica de controversias. En el ámbito nuclear existen tratados y mecanismos de verificación; en materia de conflictos armados opera el derecho internacional humanitario. La dificultad está en conseguir que esas reglas sean interpretadas de manera suficientemente compartida y, sobre todo, aplicadas cuando los intereses estratégicos de los Estados entran en conflicto.
Por eso, el Día Internacional de la Paz ofrece una paradoja que merece atención. Mientras la diplomacia continúa construyendo normas y mecanismos de cooperación, los Estados también destinan recursos crecientes a capacidades militares y desarrollan tecnologías que modifican las formas de confrontación.
La paz, en este contexto, no puede entenderse únicamente como ausencia temporal de combates. El reto jurídico y diplomático consiste en conservar canales de diálogo capaces de funcionar cuando las relaciones internacionales se deterioran y en adaptar los mecanismos existentes a escenarios tecnológicos que hace unas décadas eran inimaginables. La pregunta abierta para este siglo no es si las reglas internacionales han desaparecido, sino hasta qué punto pueden seguir ofreciendo límites claros cuando la naturaleza de los conflictos cambia más rápido que los acuerdos destinados a contenerlos.