La Congregación de los Legionarios de Cristo publicó su sexto informe anual «Verdad, justicia y sanación», correspondiente a 2025, en el que reconoce cinco nuevas denuncias, seis procedimientos canónicos pendientes al cierre del año y 64 acuerdos de reparación económica acumulados desde 2022. El documento también reconoce fallas en la atención a las víctimas y establece ocho líneas de trabajo para dar continuidad a sus compromisos de prevención, justicia y reparación.
La Congregación de los Legionarios de Cristo presentó su sexto informe anual sobre abusos y atención a víctimas, un ejercicio de rendición de cuentas que documenta las acciones realizadas durante 2025 en materia de acompañamiento, reparación del daño, procedimientos canónicos y prevención. El documento, titulado «Verdad, justicia y sanación», fue publicado el 5 de noviembre de 2026 y representa la continuidad de los compromisos institucionales asumidos desde 2020.
El informe fue elaborado por la Comisión Interáreas de la Dirección General y comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Su publicación coincide con el cierre de la etapa de gobierno 2020-2026 y el inicio de una nueva administración encabezada por el sacerdote mexicano Carlos Gutiérrez López, elegido superior general durante el Capítulo General celebrado entre enero y febrero de 2026.
En la carta que acompaña el documento, Gutiérrez López reconoció que la congregación ha aprendido tanto de sus aciertos como de sus errores. También sostuvo que la búsqueda de verdad, justicia y sanación no debe entenderse como una tarea concluida, sino como un compromiso permanente de su misión religiosa.
El nuevo superior general reiteró, además, que las puertas de la institución permanecen abiertas para escuchar y acompañar a las personas afectadas. No obstante, el informe reconoce que las medidas adoptadas hasta ahora no pueden borrar el daño causado y que todavía existen desafíos importantes para garantizar una atención adecuada.
Cinco nuevas denuncias y seis procedimientos canónicos abiertos
Uno de los principales datos del informe es la recepción de cinco nuevas denuncias durante 2025. Al cierre de ese año, la congregación reportó seis procedimientos canónicos en curso. Durante el mismo periodo se iniciaron cinco nuevos procedimientos y concluyeron cuatro de los cinco que permanecían abiertos desde el informe anterior.
La institución informó que en todos los procedimientos activos se establecieron medidas cautelares contra los acusados, sin que ello implique una declaración anticipada de culpabilidad, en respeto a la presunción de inocencia y a las garantías del proceso canónico.
El documento también actualiza la situación de 25 casos relacionados con sacerdotes que no habían sido incluidos en el informe histórico de 1941 a 2019. De acuerdo con el balance institucional, en nueve de esos casos no fue posible constatar la existencia de abuso; dos sacerdotes fueron separados de la congregación y del estado clerical, y siete permanecen en proceso. Otros dos casos están a la espera de la conclusión de procedimientos civiles, aunque sus procesos canónicos ya finalizaron.
Asimismo, tres casos no pudieron ser procesados por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe: uno debido al fallecimiento del acusado y dos porque los señalados habían abandonado la congregación y el estado clerical antes de presentarse las denuncias. En otros dos expedientes no ha sido posible identificar a los acusados por falta de información suficiente.
Estas cifras muestran la complejidad del seguimiento institucional, pero también hacen necesario distinguir entre denuncias recibidas, procedimientos abiertos, casos concluidos y situaciones en las que no fue posible acreditar los hechos. No todos esos registros representan resoluciones judiciales o canónicas de responsabilidad.
Eshmá y los mecanismos de reparación a las víctimas
Otro de los apartados centrales corresponde al canal independiente Eshmá, creado para recibir denuncias y proporcionar acompañamiento a personas afectadas por abusos. Desde su puesta en marcha en 2022, este mecanismo ha atendido a 62 víctimas y, al cierre del informe, mantenía el acompañamiento activo de 31 personas.
En materia de reparación económica, el programa institucional, implementado en cinco territorios, incorporó dos nuevos convenios durante 2025. Con ello, alcanzó un acumulado de 64 acuerdos firmados desde su creación en 2022.
La reparación económica constituye una de las medidas contempladas por la congregación para responder a las consecuencias de los abusos. Sin embargo, el acompañamiento no se limita a compensaciones financieras, pues también incluye atención personalizada y otras acciones orientadas a atender las necesidades de las personas afectadas.
El informe reconoce que estos procesos requieren continuidad y que las respuestas deben adaptarse a las circunstancias de cada víctima. La existencia de acuerdos de reparación, por sí sola, no permite determinar el grado de satisfacción de las personas afectadas ni sustituye la necesidad de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
La congregación reconoce errores y plantea ocho compromisos
Uno de los aspectos relevantes del documento es el reconocimiento explícito de fallas en la aplicación de los compromisos institucionales. El nuevo gobierno general pidió perdón por las ocasiones en que la atención a las víctimas no llegó con la rapidez o sensibilidad necesarias, así como por las dificultades para armonizar la transparencia con el respeto a la presunción de inocencia y a la buena fama de las personas acusadas.
Este reconocimiento forma parte de una valoración más amplia realizada durante el Capítulo General de 2026, en la que la congregación admitió que, aunque se han registrado avances en los protocolos de prevención y atención, los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado.
Para dar continuidad al proceso, los Legionarios de Cristo establecieron ocho ejes de trabajo: escucha, reparación, justicia, transparencia, prevención, eficiencia, colaboración y ejercicio evangélico de la autoridad y la obediencia.
Además, el Capítulo General encargó al superior general actualizar el documento normativo «Proteger y sanar», vigente desde 2020, con el propósito de incorporar los cambios recientes del derecho canónico, particularmente los relacionados con el Libro VI del Código de Derecho Canónico.
Avances en la acreditación de ambientes seguros
El informe también presenta resultados relacionados con la creación de entornos seguros en las comunidades e instituciones de la congregación. Durante 2025 obtuvieron acreditación los territorios de Europa Occidental y Central, Italia y la Delegación de Roma.
Por otra parte, Brasil inició su primer proceso de acreditación, mientras que los territorios de Colombia-Venezuela y Chile-Argentina comenzaron sus respectivos procedimientos de reacreditación. Estas evaluaciones forman parte de las medidas institucionales destinadas a fortalecer los mecanismos de protección, supervisión y prevención de abusos.
Otro avance fue la conclusión de los trabajos de la Comisión de Estudio sobre Autoridad y Obediencia, constituida en 2023. El grupo entregó el documento «Autoridad y obediencia en la Legión de Cristo: camino de renovación evangélica», presentado como material de reflexión para el Capítulo General de 2026.
La publicación del sexto informe representa un nuevo ejercicio de transparencia institucional, aunque su alcance debe valorarse considerando que se trata de un documento elaborado por la propia congregación. Sus cifras permiten conocer los procedimientos y compromisos que la institución reconoce, pero la evaluación de sus resultados también requiere atender la experiencia de las víctimas, la independencia de los mecanismos de acompañamiento y el seguimiento efectivo de las medidas de reparación y prevención.
Después de seis años de informes consecutivos, el desafío de los Legionarios de Cristo consiste en convertir los compromisos anunciados en resultados verificables y sostenidos. La confianza institucional no depende únicamente de reconocer los errores, sino de garantizar que las denuncias sean investigadas, las víctimas reciban atención adecuada y los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes.
