El Gobierno de México busca reducir gradualmente el uso de efectivo mediante una nueva Ley de Economía Digital, mientras acelera la digitalización de trámites y prepara infraestructura tecnológica para ampliar la conectividad y los servicios públicos.
La digitalización de los pagos se perfila como uno de los nuevos instrumentos con los que el Gobierno de México pretende modificar la relación cotidiana entre ciudadanos, empresas y servicios financieros. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves los alcances de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa enviada al Congreso como parte del paquete de propuestas económicas para 2027.
La propuesta busca aprovechar infraestructura que ya existe, principalmente el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI, y el esquema Cobro Digital, CoDi, para facilitar que las personas puedan pagar o recibir dinero desde un teléfono celular. El objetivo planteado por el Gobierno es reducir gradualmente el uso de efectivo, ampliar la inclusión financiera y facilitar la incorporación de pequeños comercios a la economía formal.
La iniciativa todavía se encuentra en proceso legislativo, por lo que sus disposiciones podrían modificarse antes de su eventual aprobación y entrada en vigor. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya inició su análisis y ha señalado que el proyecto busca reducir la brecha entre la infraestructura digital disponible y el uso que actualmente hacen las personas de estos medios de pago.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que uno de los objetivos consiste en hacer más sencillo el cobro digital mediante códigos QR y transferencias inmediatas. Para los pequeños negocios, la intención es que puedan recibir pagos desde un teléfono sin necesidad de adquirir infraestructura especializada.
La lógica es sencilla: si una persona puede cobrar lo mismo que hoy cobra en efectivo, pero mediante una transferencia inmediata y con un mecanismo fácil de utilizar, la operación queda registrada. Esa trazabilidad puede facilitar posteriormente el acceso a servicios financieros, créditos y otros mecanismos de formalización.
De acuerdo con información presentada por el Gobierno, la iniciativa también pretende facilitar la apertura de cuentas bancarias mediante medios electrónicos y aprovechar las capacidades de SPEI y CoDi para ampliar los pagos digitales. La propuesta contempla además extender progresivamente estos mecanismos a los pagos que se realizan al propio Gobierno.
El contexto ayuda a entender el alcance de la medida. La Comisión de Hacienda señaló que una parte importante de las compras cotidianas en México todavía se realiza en efectivo. La Jornada, al informar sobre la presentación de la iniciativa, reportó que Peña Merino señaló que alrededor de 85 por ciento de los pagos menores a 500 pesos en comercios se realizan de esa manera.
El cambio no se plantea únicamente como una cuestión tecnológica. Sheinbaum ha relacionado la reducción del efectivo con objetivos de seguridad, eficiencia y formalización, mientras que la Agencia de Transformación Digital sostiene que una mayor utilización de medios electrónicos puede generar historiales financieros y facilitar el acceso posterior a servicios bancarios.
La iniciativa forma parte de una estrategia digital más amplia. En los primeros dos años del actual Gobierno, la Agencia reporta que se han intervenido más de 4 mil trámites y que mil 947 han sido eliminados. También afirma que el promedio de requisitos pasó de seis a dos y que el tiempo promedio de resolución se redujo de 44 a 22 días.
Entre los servicios con mayor utilización se encuentra el Registro Civil, con alrededor de 23 millones de usuarios, mientras que los trámites de pasaporte acumulan unos 5 millones de usuarios. En los consulados, la Agencia reporta 2.5 millones de personas que han realizado gestiones en línea.
Otro de los pilares es Llave MX, plataforma que, según la ATDT, suma alrededor de 30 millones de cuentas y está vinculada con 266 trámites y servicios. El Gobierno también prepara el Expediente Llave MX, cuya puesta en marcha está prevista para octubre, con la intención de que los documentos digitales puedan reutilizarse en distintos procedimientos sin que las personas tengan que presentar una y otra vez los mismos papeles.
La infraestructura detrás de esta transformación también está creciendo. La ATDT reporta que Nube MX aloja alrededor de 450 sistemas gubernamentales y que diariamente se realizan cerca de 2 millones de trámites digitales. A ello se suma el Repositorio Nacional de Tecnología, diseñado para permitir que desarrollos tecnológicos públicos puedan reutilizarse en distintas dependencias y entidades.
En paralelo, México mantiene proyectos de mayor escala. Uno de ellos es Coatlicue, la supercomputadora pública que comenzó su proceso de construcción en 2026 y cuya entrada en operación está prevista para 2028. El proyecto contempla una capacidad de 314 PetaFLOPS, equivalente a 314 mil billones de operaciones por segundo, y una inversión pública aproximada de 6 mil millones de pesos, según la información oficial difundida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
La conectividad es el otro frente. La ATDT informó que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se han conectado 10 mil 136 teleescuelas y 5 mil 153 clínicas del IMSS-Bienestar, mientras que la cobertura móvil alcanza cerca de 37 mil localidades. La agencia también reportó ahorros por 842 millones de pesos derivados de la colaboración con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El Gobierno prepara además la contratación de un nuevo satélite mexicano de telecomunicaciones, con lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2030. De acuerdo con la información presentada por Peña Merino, el aparato tendría una capacidad de 250 gigabits por segundo y estaría destinado, entre otros objetivos, a mejorar la conectividad en zonas alejadas.
Todo este entramado apunta a una misma dirección: digitalizar no solo los trámites, sino también buena parte de las operaciones económicas y de los servicios públicos. Sin embargo, el desafío será que la tecnología no se convierta en una nueva barrera para quienes todavía tienen dificultades para acceder a internet, utilizar servicios bancarios o contar con dispositivos adecuados.
La nueva Ley de Economía Digital tendrá que superar ahora el proceso legislativo. Mientras tanto, el Gobierno ya ha colocado sobre la mesa una transformación que pretende llevar los pagos electrónicos desde las aplicaciones bancarias hasta la tienda de barrio, el trámite gubernamental y las comunidades con menor conectividad.