El Senado aprobó una reforma constitucional que impediría a personas con doble nacionalidad aspirar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México; el proyecto todavía debe completar el proceso de aprobación constitucional.
El Senado de la República aprobó el 29 de septiembre una reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes pretendan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. El dictamen obtuvo 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, y fue enviado a las legislaturas de las entidades federativas.
El cambio modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. De acuerdo con el proyecto, quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento, no tener otra nacionalidad y, en caso de contar con ella, acreditar su renuncia antes de solicitar el registro como candidatos. La iniciativa también plantea que, durante el ejercicio del cargo, no puedan adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto. El argumento del Ejecutivo federal ha sido que quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales deben mantener una relación jurídica exclusiva con México. La Presidencia sostuvo que la legislación vigente dejaba margen a interpretaciones sobre la situación de quienes ya poseían otra nacionalidad.
El antecedente constitucional es relevante. Desde finales de la década de 1990, México reconoce la posibilidad de conservar la nacionalidad mexicana aun cuando una persona adquiera otra. Esa modificación tuvo especial importancia para las comunidades mexicanas residentes en el extranjero y para quienes obtienen una segunda nacionalidad por nacimiento.
La reforma aprobada por el Senado no elimina esa posibilidad para la población en general. Su alcance se concentra en determinados cargos ejecutivos de elección popular. Esa diferencia es uno de los principales puntos del debate legislativo.
Los partidos de oposición cuestionaron precisamente esa restricción. Durante la discusión en el Senado, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la medida puede limitar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de personas que emigraron al extranjero o que adquirieron una segunda ciudadanía desde su nacimiento.
La discusión también alcanzó a las organizaciones vinculadas con la comunidad mexicana y estadounidense. La American Society of Mexico manifestó su preocupación por la reforma y sostuvo que la doble nacionalidad no elimina la identidad mexicana ni, por sí misma, demuestra una falta de compromiso con el país. La organización también cuestionó que el proceso legislativo no hubiera incorporado un espacio más amplio de consulta con las personas potencialmente afectadas.
El debate adquiere una dimensión particular por el tamaño de la comunidad mexicana en el exterior. La doble nacionalidad forma parte de una realidad jurídica y social vinculada con millones de familias que mantienen relaciones económicas, culturales y familiares con México mientras desarrollan parte de su vida en otros países.
La iniciativa, sin embargo, no se encuentra todavía plenamente vigente. Al tratarse de una reforma constitucional, debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas antes de continuar con las etapas necesarias para su publicación. El Congreso de Ciudad de México y el Congreso de Tabasco estuvieron entre los primeros órganos locales que reportaron la aprobación de la minuta durante la misma jornada.
De completarse el procedimiento constitucional, las nuevas disposiciones están planteadas para aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028. El Congreso de la Unión y las entidades federativas tendrían además un plazo de 90 días naturales para adecuar la legislación secundaria correspondiente.
La reforma coloca así en el centro de la discusión una cuestión que va más allá de los requisitos para una candidatura: hasta dónde puede establecerse una condición especial de nacionalidad para quienes ejercen los poderes ejecutivos sin modificar el reconocimiento general de la doble nacionalidad de los mexicanos.
El resultado del proceso legislativo determinará si la llamada nacionalidad única se convierte en un requisito constitucional para los principales cargos ejecutivos de elección popular. Por ahora, el Senado ha dado un paso decisivo, pero el cambio todavía depende de la aprobación de las legislaturas estatales.