En 2024 México iniciará con sólidas bases económicas, impulsado por la inversión que generará el nearshoring
NOTIPRESS.- En su más reciente reporte de riesgo del país, Allianz Trade, accionista de Solunion México, destacó la preocupación por la política proteccionista y estatal que podría persistir en el próximo gobierno mexicano. Según señaló, esta postura podría ser una limitante para el desarrollo económico. Por lo cual, la compañía optó por mantener la disciplina fiscal que ha caracterizado al país durante el actual sexenio.
De acuerdo con el análisis de Allianz Trade, al cual NotiPress tuvo acceso, México iniciará el año 2024 con sólidas bases económicas, impulsado por la inversión que generará el nearshoring. A pesar de las expectativas de una desaceleración económica a nivel mundial el próximo año, la firma destaca que México cuenta con un historial de políticas macroeconómicas prudentes, las cuales respaldan su estabilidad.
La compañía resaltó la importancia de mantener la prudencia fiscal, reconociendo que el país ha logrado reducir los déficits fiscales moderadamente en los últimos años. Sin embargo, advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2024 hay un aflojamiento significativo en las finanzas. Por lo cual, anticipó un posible déficit fiscal del -4.1% del PIB en 2023 y del -2.7% del PIB en 2024.
Respecto al perfil externo, Allianz Trade destaca la solidez de México, a pesar de la desaceleración en Estados Unidos y la economía global. La cuenta corriente registró un superávit del 0.9% del PIB en 2022. Además, los riesgos políticos internos, junto con la incertidumbre sobre la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), contribuyen a la volatilidad en los mercados mexicanos.
El informe también destacó que, según la encuesta Índice de Libertad Económica 2022 de la Heritage Foundation, México se sitúa en el puesto 67 entre 177 países. Es decir, tiene sólidos puntajes en aspectos como la carga tributaria, el gasto gubernamental y la libertad fiscal. La puntuación menos favorable del país fue en derechos de propiedad, eficacia judicial e integridad gubernamental. Esto indica desafíos persistentes, como un estado de derecho débil y políticas perjudiciales para el sector privado.
Otras debilidades son la dependencia fiscal del petróleo, una distribución sesgada del ingreso y niveles de pobreza aún elevados. Las cuestiones de seguridad relacionadas con el narcotráfico, la percepción del estado de derecho y un control de la corrupción por debajo del promedio de América Latina, también fueron identificados como factores de riesgo.
