Las barreras para obtener documentos, conseguir empleo, acceder a servicios y continuar los estudios están convirtiendo la permanencia en México en un desafío tan complejo como el propio trayecto hacia Estados Unidos.
Para miles de personas migrantes, la frontera con Estados Unidos ya no comienza en el norte de México. En muchos casos empieza mucho antes, desde el momento en que intentan regularizar su situación, conseguir un empleo, rentar una vivienda o acceder a servicios básicos.
Un nuevo diagnóstico sobre integración migratoria pone cifras a esa realidad. El índice Semillas en Trayectoria, elaborado por Racismo MX, Hispanics in Philanthropy y Casa Centroamérica, coloca en 0.6 sobre 1 el nivel de integración de las personas en situación de movilidad en México, cuatro décimas por debajo de la población local.
La medición no analiza únicamente qué tan capaces son los migrantes de adaptarse. También observa las condiciones que ofrece la sociedad que los recibe. Y ahí aparece una de las principales conclusiones: la integración no depende exclusivamente de quien llega, sino también de las instituciones, las empresas y la comunidad que encuentran a su alrededor.
El estudio, basado principalmente en información de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024, analiza aspectos como empleo, inclusión financiera, educación, vivienda, seguridad, acceso a la justicia y salud.
Los resultados son difíciles de ignorar. Alrededor de 60 por ciento de las personas en movilidad reportó haber enfrentado discriminación al buscar empleo y 59 por ciento señaló experiencias similares en centros de salud. Además, 35 por ciento de los mexicanos consultados manifestó que no rentaría una habitación a una persona migrante, mientras que 22 por ciento mostró poca o ninguna disposición para contratarla.
La situación tampoco es igual para todos. El índice coloca a los migrantes internos con el nivel más alto de integración, con 0.7, seguidos por las personas provenientes de Estados Unidos, con 0.64. En contraste, quienes nacieron en otros países registran 0.55, el nivel más bajo entre los grupos analizados.
José Antonio Aguilar, director de Racismo MX y coautor del estudio, ha planteado que México dejó de ser únicamente un territorio de tránsito y se convirtió también en un país de destino y retorno. Esa transformación obliga a mirar la migración desde otra perspectiva: no todos quienes llegan al país continúan su viaje hacia el norte. Muchos terminan viviendo, trabajando o intentando reconstruir su vida en territorio mexicano.
Y es precisamente en ese punto donde la falta de documentos puede convertirse en una barrera decisiva.
La activista Amarilis Eunice, subdirectora de Comunidad y Acompañamiento de Casa Centroamérica, relató que después de llegar a México en 2024 huyendo de la persecución política en Nicaragua tardó casi nueve meses en obtener los documentos que necesitaba para comenzar de nuevo. Durante ese periodo no pudo abrir una cuenta bancaria ni conseguir empleo.
Su experiencia, sin embargo, no es la más prolongada. Eunice ha documentado casos de personas que llevan más de un año esperando una resolución migratoria. Uno de ellos corresponde a una mujer que obtuvo dos becas para cursar una maestría, pero que no ha podido inscribirse porque carece de una resolución que regularice su situación.
El problema tiene una dimensión que va más allá del trámite burocrático. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la falta de documentación constituye uno de los principales factores que incrementan los riesgos de protección para las personas en movilidad en México. En su monitoreo de 2024, ACNUR encontró que 83 por ciento de la población encuestada no tenía ningún documento expedido por las autoridades mexicanas.
La propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reconoce que la documentación, la regularización migratoria y el acceso a servicios forman parte de los procesos necesarios para favorecer la integración. En otras palabras, un papel que puede parecer meramente administrativo puede determinar si una persona logra trabajar, estudiar, recibir atención médica o avanzar hacia una vida estable.
La emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias también muestra el tamaño del desafío. Según datos de ACNUR citados por El Economista, México pasó de emitir 128 mil 974 de estas tarjetas en 2023 a 3 mil 755 entre enero y noviembre de 2024, una reducción de 97 por ciento.
Al mismo tiempo, el contexto regional ha cambiado. El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses ha reducido considerablemente el flujo hacia la frontera norte, mientras México enfrenta una mayor presión para contener a quienes intentan avanzar hacia Estados Unidos. El Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte ha señalado que el país atraviesa precisamente esa transformación, al convertirse simultáneamente en territorio de tránsito, destino y retorno.
José Antonio Aguilar utiliza una expresión particularmente gráfica para describir esta situación: México se ha convertido en un “muro virtual” de Estados Unidos. No se trata de una barrera física de concreto o acero, sino de un conjunto de controles, demoras y obstáculos que pueden detener a una persona durante meses en un país al que quizá nunca tuvo previsto llegar para quedarse.
La metáfora resulta especialmente significativa cuando se observa lo que ocurre después de la llegada. Para quien huye de la violencia o la persecución, alcanzar México no necesariamente significa haber llegado a un lugar seguro y estable. Puede comenzar entonces otra carrera, esta vez contra los trámites, la discriminación y la incertidumbre.
El reto para las autoridades mexicanas es cada vez más evidente. Si una persona permanece en el país durante meses o años, las políticas públicas no pueden limitarse a controlar su movilidad. También deben crear condiciones para que pueda trabajar legalmente, estudiar, acceder a servicios de salud, encontrar una vivienda y desarrollar vínculos con la comunidad.
La COMAR cuenta con mecanismos de asistencia que incluyen apoyo para la integración, capacitación laboral, regularización migratoria y acceso a servicios. Sin embargo, los datos disponibles muestran que la existencia de estos instrumentos no garantiza por sí misma que los derechos puedan ejercerse de manera efectiva.
La verdadera dimensión del problema aparece justamente en esa distancia entre el derecho reconocido y la posibilidad real de ejercerlo. Tener derecho a estudiar sirve de poco si un trámite pendiente impide la inscripción. Tener capacidad para trabajar pierde valor cuando la falta de documentación cierra las puertas del empleo. Y contar con servicios públicos resulta insuficiente si una persona teme ser discriminada al intentar utilizarlos.
El índice Semillas en Trayectoria ofrece una fotografía relevante, aunque sus propios autores advierten que sus principales datos corresponden a información levantada antes de 2025. Por ello, sus resultados no permiten medir por sí solos el impacto de las políticas migratorias más recientes.
Eso no disminuye la importancia de sus hallazgos. Al contrario, deja una pregunta abierta sobre lo que podría estar ocurriendo actualmente. Si las condiciones de movilidad y control migratorio cambiaron después de ese periodo, también será necesario conocer cómo han evolucionado las posibilidades de integración.
México enfrenta así una paradoja cada vez más visible. Mientras el país intenta responder a las presiones migratorias provenientes del exterior, miles de personas que permanecen dentro de su territorio necesitan algo mucho más básico: la oportunidad de reconstruir una vida con documentos, trabajo, educación, vivienda y seguridad.
La frontera, en ese sentido, no siempre está hecha de garitas. A veces también aparece en una ventanilla, en una cuenta bancaria que no puede abrirse, en una escuela que no puede recibir a un estudiante o en un empleador que decide no contratar a alguien por su condición migratoria. Y esas fronteras, aunque sean invisibles, pueden ser igual de difíciles de atravesar.
