La empresa North American Blue Energy Partners mostró los avances de sus operaciones en el lago de Maracaibo, donde busca reactivar campos petroleros deteriorados. El proyecto forma parte de un acuerdo estratégico con Washington que concede al Gobierno estadounidense participación accionaria y acceso preferencial a parte de la producción.
La recuperación de la industria petrolera venezolana comienza a mostrar nuevos movimientos en el lago de Maracaibo, una de las regiones históricamente más importantes para la producción de hidrocarburos del país. North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, abrió sus instalaciones y permitió a un grupo de periodistas conocer los trabajos de rehabilitación de pozos, plataformas y equipos que permanecieron durante años en condiciones de deterioro.
La visita, realizada el 12 de noviembre, permitió observar instalaciones renovadas, maquinaria importada y materiales destinados a sustituir infraestructura submarina. En los patios de la empresa, ubicados en Bachaquero, estado Zulia, destacan carretes de tuberías flexibles, vehículos nuevos y equipos que forman parte de un programa de recuperación de campos petroleros. La operación busca restablecer la capacidad productiva de una zona que durante décadas fue fundamental para la economía venezolana.
El proyecto tiene una dimensión que trasciende la actividad empresarial. NABEP se convirtió en la pieza central de un acuerdo energético anunciado el 31 de agosto de 2026 entre el Gobierno de Estados Unidos y las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez. La operación forma parte de la nueva estrategia de Washington para participar directamente en la explotación de los recursos petroleros del país sudamericano.
Un acuerdo que modifica el control del petróleo venezolano
El convenio contempla derechos de explotación y desarrollo sobre 17 campos petroleros, con reservas estimadas superiores a los 65.000 millones de barriles. La Casa Blanca informó que NABEP obtuvo concesiones de largo plazo y que el Gobierno estadounidense tendrá derechos sobre una participación accionaria del 35 % en la empresa matriz de la compañía.
El acuerdo también establece que Estados Unidos podrá adquirir, a precio de costo de producción, el 20 % del petróleo que comercialice NABEP, una vez considerada la participación correspondiente a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Washington contará, además, con derechos preferenciales sobre el resto de la producción, de acuerdo con los términos divulgados por la administración estadounidense.
Esta distinción es fundamental para comprender el alcance de la operación: no significa que Venezuela haya entregado directamente el 20 % de sus reservas petroleras a Estados Unidos. Se trata de derechos sobre la participación accionaria de una empresa privada y sobre una parte de la producción de los campos que tiene asignados. Sin embargo, el peso de esos derechos plantea interrogantes sobre el control efectivo de un recurso estratégico para la soberanía económica venezolana.
La Casa Blanca presentó el acuerdo como una inversión histórica, con un compromiso cercano a los 100.000 millones de dólares para desarrollar infraestructura, ampliar la producción y fortalecer el suministro energético estadounidense. NABEP, por su parte, sostiene que ha invertido alrededor de 1.000 millones de dólares en sus operaciones iniciales y que pretende elevar progresivamente su producción hasta alcanzar un millón de barriles diarios. Estas cantidades corresponden a compromisos y objetivos anunciados, no a inversiones ya ejecutadas ni a resultados garantizados.
La recuperación de los campos y el desafío de producir más
La empresa afirma que ha incrementado su producción desde aproximadamente 18.000 barriles diarios en 2024 hasta más de 200.000 durante 2026. En un recorrido por las instalaciones del lago de Maracaibo, sus representantes mostraron pozos rehabilitados y trabajos de recuperación en campos como Ceuta, donde se extrae crudo de entre 20 y 30 grados API, una clasificación que corresponde a petróleo relativamente ligero y de mayor facilidad de procesamiento que los crudos extrapesados predominantes en otras regiones venezolanas.
La recuperación de estos yacimientos requiere mucho más que reactivar los pozos. La infraestructura petrolera venezolana arrastra años de desinversión, fallas de mantenimiento y pérdida de capacidad técnica. Por ello, el proyecto contempla reparar líneas submarinas, recuperar equipos de perforación, restablecer sistemas de compresión de gas y rehabilitar instalaciones de generación eléctrica.
NABEP informó que pretende ampliar su flota de taladros y que diversos equipos están siendo reparados en Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. La compañía también ha señalado que busca rescatar maquinaria pesada que todavía puede utilizarse en las operaciones petroleras del país.
El contexto productivo ayuda a dimensionar el desafío. Venezuela comunicó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo una producción cercana a 1,2 millones de barriles diarios durante octubre. Sin embargo, las estimaciones de fuentes secundarias recogidas por la Agencia Internacional de Energía sitúan la producción venezolana de ese mes alrededor de 1,14 millones de barriles diarios. La diferencia responde a las distintas metodologías de medición y confirma la necesidad de distinguir entre cifras oficiales y estimaciones independientes.
El país llegó a producir alrededor de 3,5 millones de barriles diarios durante su etapa de mayor expansión petrolera. Recuperar una parte de esa capacidad exige inversiones sostenidas, estabilidad eléctrica, personal especializado, seguridad jurídica y una infraestructura de transporte y refinación que permita colocar el crudo en los mercados internacionales.
Un empresario bajo cuestionamiento judicial
El protagonismo de Alejandro Betancourt también genera controversia. El empresario venezolano ha sido investigado en España y Suiza por presuntos delitos relacionados con blanqueo de capitales y operaciones financieras vinculadas con recursos de PDVSA. Las investigaciones se relacionan con un supuesto esquema de desvío de fondos públicos y movimientos de dinero a través de estructuras empresariales internacionales.
En España, la investigación judicial incluye operaciones financieras relacionadas con un préstamo de 4.350 millones de dólares otorgado por PDVSA a una empresa privada. La Fiscalía Anticorrupción ha examinado si parte de esos recursos terminó financiando inversiones inmobiliarias y societarias en territorio español. En Suiza, las autoridades también han investigado posibles operaciones de blanqueo de capitales.
Betancourt ha negado haber cometido irregularidades. La existencia de investigaciones no equivale a una declaración de culpabilidad y, hasta la fecha de esta publicación, no se ha acreditado una condena penal en su contra por esos hechos. No obstante, su incorporación como socio estratégico de Washington plantea preguntas sobre los criterios de selección, los mecanismos de supervisión y la transparencia de una operación que involucra recursos naturales de enorme valor.
El petróleo como instrumento de influencia geopolítica
El acuerdo entre Washington y Caracas representa un cambio significativo en la relación entre ambos gobiernos. Después de años de confrontación política, sanciones económicas y restricciones a la actividad petrolera, Estados Unidos ha pasado a respaldar un esquema de participación directa en proyectos de explotación venezolanos.
La operación también tiene implicaciones para otros actores internacionales que durante años mantuvieron presencia en el sector energético venezolano, particularmente empresas y acreedores vinculados con China y Rusia. La reasignación de campos petroleros y el fortalecimiento de compañías respaldadas por Washington modifican las condiciones de competencia por uno de los mayores recursos energéticos del planeta.
En este escenario, la recuperación del lago de Maracaibo puede representar una oportunidad para reactivar empleos, atraer tecnología y recuperar parte de la capacidad productiva venezolana. Sin embargo, el crecimiento de la producción no garantiza por sí mismo una mejora en las condiciones de vida de la población ni una distribución equitativa de los beneficios económicos.
La cuestión central será determinar quién controla las decisiones estratégicas, bajo qué condiciones se comercializa el petróleo y qué proporción de los ingresos permanece efectivamente en Venezuela. Si el país logra reconstruir su industria, pero pierde capacidad para decidir sobre el destino de sus recursos, la recuperación productiva podría convertirse en una nueva forma de dependencia económica.
La exhibición de pozos rehabilitados y maquinaria nueva constituye una señal de actividad en una industria que sufrió un prolongado deterioro. Pero las fotografías de plataformas en funcionamiento no bastan para medir el éxito de un acuerdo de esta magnitud. La verdadera evaluación deberá considerar la producción sostenida, las inversiones efectivamente realizadas, los ingresos públicos, las condiciones laborales y, sobre todo, la capacidad de los venezolanos para beneficiarse de su principal riqueza natural.
