La Fiscalía General de la República aseguró en dos bodegas de Miguel Hidalgo documentos que, según la investigación, podrían ayudar a reconstruir el mecanismo utilizado en una presunta red de contrabando de combustibles por ferrocarril relacionada con Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas.
La investigación federal por el llamado huachicol fiscal ferroviario sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía General de la República informó que localizó en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, documentos que podrían aportar información relevante sobre la manera en que habría operado una presunta estructura dedicada al contrabando de combustibles.
El aseguramiento ocurrió después de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada obtuvo de un juez federal una orden de cateo. De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, ministerios públicos y peritos de la FGR, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encontraron en los inmuebles pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos.
La propia Fiscalía señaló que parte de esa documentación estaba oculta y que su revisión preliminar permitió identificar indicios relacionados con operaciones de comercio exterior de la empresa Ingemar. Según la información oficial, el material podría ayudar a reconstruir el modus operandi de la estructura investigada y abrir nuevas líneas de investigación.
La Jornada y El Universal confirmaron por separado los detalles del cateo y coincidieron en que los documentos serán incorporados a las carpetas de investigación. Entre ellos figuran registros corporativos y comerciales que podrían ser relevantes para determinar cómo se estructuraban las operaciones de importación y distribución de hidrocarburos.
El caso tiene como uno de sus principales nombres al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso. La FGR sostiene que existe una relación entre Ruffo y la empresa investigada; sin embargo, se trata de una acusación que deberá ser acreditada durante el proceso judicial y no de una responsabilidad penal determinada de manera definitiva.
La Fiscalía informó que la investigación alcanza a 25 personas en total y que nueve de ellas ya han sido detenidas. Entre los imputados también se encuentra Guadalupe “N”, identificada en reportes periodísticos como apoderada legal de Ingemar y quien fue vinculada a proceso por delitos relacionados con hidrocarburos.
La historia comenzó mucho antes del cateo de esta semana. Según la información difundida por la FGR y retomada por N+, las pesquisas se activaron después del hallazgo, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las autoridades detectaron hidrocarburos en su interior y comenzaron a seguir la ruta de los cargamentos.
A partir de esas indagatorias, la Fiscalía planteó la existencia de un esquema en el que presuntamente se declaraban ante las autoridades aduaneras cantidades menores de combustible a las realmente transportadas o se reportaban productos diferentes. La finalidad, según la hipótesis ministerial, habría sido reducir o evadir el pago de impuestos.
Ese mecanismo es conocido en México como huachicol fiscal. A diferencia del robo tradicional de combustible directamente desde ductos o instalaciones, este tipo de operación puede involucrar documentación comercial, importaciones, aduanas, empresas y movimientos financieros para introducir o comercializar hidrocarburos de manera irregular.
La FGR ha señalado además que parte del combustible presuntamente irregular era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y posterior distribución. La hipótesis contempla la participación de empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y posibles servidores públicos, aunque la responsabilidad concreta de cada persona tendrá que establecerse con pruebas dentro de los procesos correspondientes.
El hallazgo de los documentos en Miguel Hidalgo puede ser importante precisamente por esa razón. Los registros corporativos, contratos y pedimentos pueden ayudar a conectar personas, empresas, operaciones de comercio exterior y movimientos de mercancías. Es decir, más que tratarse de papeles aislados, la Fiscalía busca reconstruir una cadena de operaciones.
La Jornada señaló que entre la documentación asegurada existen elementos relacionados con la empresa Ingemar, en la que Ruffo Appel tiene participación accionaria. N+ había documentado previamente que la compañía fue constituida en 2018 y que el exgobernador se incorporó posteriormente a su estructura societaria.
El expediente también ha abierto un frente relacionado con la situación jurídica del exgobernador. Ruffo Appel permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano, mientras su defensa ha buscado que pueda continuar el proceso bajo una medida cautelar distinta, incluida la posibilidad de prisión domiciliaria.
Sobre este punto, Ernestina Godoy afirmó que la FGR no había sido notificada, hasta el momento de su declaración del 26 de agosto, de una solicitud formal de la defensa para modificar la medida cautelar. También aseguró que el exgobernador recibe la atención médica correspondiente y que sus derechos son respetados durante su internamiento.
La versión de la Fiscalía contrasta con los señalamientos públicos de la familia de Ruffo Appel. En una entrevista publicada por El País, su hija Verónica Ruffo sostuvo que su padre es un “chivo expiatorio” y un preso político, además de cuestionar las condiciones de su reclusión y negar que haya participado en una estructura criminal de la magnitud que plantea la acusación.
La defensa y la familia mantienen, por tanto, una posición frontalmente distinta a la de la Fiscalía. Ese elemento resulta relevante para entender el caso completo: mientras el Ministerio Público sostiene que existen indicios de una red organizada de contrabando de hidrocarburos, el entorno del exgobernador cuestiona tanto la acusación como la forma en que se ha desarrollado el proceso.
Por ahora, los nuevos documentos no representan por sí mismos una sentencia ni prueban de manera definitiva la responsabilidad de las personas investigadas. Su valor dependerá del análisis pericial, de la información que pueda ser corroborada y de la manera en que la Fiscalía logre vincular esos registros con hechos concretos.
Y es que la investigación apenas abre nuevas preguntas. Los documentos pueden ayudar a establecer quién autorizaba determinadas operaciones, qué empresas intervenían, cómo se declaraban los cargamentos y qué papel desempeñaban los distintos participantes. También podrían conducir a nuevas personas o compañías que hasta ahora no aparezcan formalmente en el expediente.
La FGR adelantó que continuará informando sobre los avances de la investigación y sobre otras posibles redes relacionadas con el huachicol fiscal. El desafío será convertir los indicios encontrados en pruebas sólidas que resistan el proceso judicial y permitan determinar responsabilidades individuales.
