El Alto Comisionado señala que cualquier restricción impuesta por las autoridades debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación y que los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas para detener la violencia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo este viernes un llamamiento a que cualquier medida de emergencia para abordar la violencia en Ecuador sea “proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad”.
“Cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”, declaró Volker Türk a través de un comunicado publicado por su portavoz, Liz Throssell.
Türk especificó que las facultades otorgadas a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y subordinadas ante las autoridades civiles, a quienes se debe rendir cuentas.
“Todas las operaciones de las fuerzas de seguridad deben basarse en el principio de no discriminación y alinearse con el derecho internacional. Esto también es crucial para mantener la confianza pública y la cohesión social durante dichas operaciones“, añadió el Alto Comisionado.
Asimismo, recordó que los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas para detener la violencia. Esto incluye abordar las causas estructurales y el origen de ésta.
Incidentes violentos en diferentes puntos del país
En el país andino, se ha registrado un aumento de la violencia vinculada a grupos del crimen organizado y, en respuesta, el gobierno ha anunciado un estado de excepción de 60 días, declarando la existencia de “un conflicto armado interno” y desplegado al ejército.
Según la Oficina del Alto Comisionado, en los últimos días se han reportado incidentes violentos en diferentes puntos del país, autos incendiados y distintas explosiones. Han muerto al menos 12 personas, incluidos dos agentes de policía. Además, se reportó que unos 150 funcionarios penitenciarios y 20 trabajadores administrativos fueron tomados como rehenes por reclusos en siete prisiones diferentes.
“Entendemos que la Fiscalía ha abierto varias investigaciones sobre la violencia reciente y hacemos un llamado para que estas sean rápidas, transparentes, exhaustivas e independientes, para garantizar que los responsables rindan cuentas, conforme a estándares internacionales“, señaló Volker Türk.
El máximo responsable para los derechos humanos aseveró que el país claramente enfrenta enormes desafíos para abordar la violencia. Ya durante su misión al país el año pasado, Türk puso de relieve el deterioro de la situación de seguridad como resultado del crimen organizado transnacional y el impacto en las personas más vulnerables.
“Nuestra Oficina sigue comprometida a trabajar con Ecuador en materia de derechos humanos”, concluyó.
Esfuerzo conjunto de la ONU
Por su parte, el equipo de las Naciones Unidas en Ecuador, dirigido por la coordinadora residente Lena Savelli, se reunió el pasado jueves con las autoridades, para ofrecer apoyo a medida que el país aborda los desafíos críticos de seguridad.
Como parte de los esfuerzos en curso, además de capacitar a la policía nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) está apoyando a las autoridades en la recopilación de datos y el seguimiento de la dinámica de los cultivos ilícitos, desde su producción hasta el tráfico de drogas, señaló el portavoz. La Oficina también está prestando asistencia técnica para la próxima Estrategia Nacional contra la delincuencia organizada.
Además, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNODC están reforzando las medidas locales para fortalecer las capacidades institucionales, centrando su esfuerzo en la prevención de la violencia y los conflictos y el reclutamiento. El PNUD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se enfocan en aumentar las oportunidades de empleo para los jóvenes y ayudarles en la transición del empleo informal al formal.
Asimismo, están colaborando con los sectores público y privado para abordar las causas profundas de la participación en actividades ilícitas.
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