Dos presidentes municipales de Puebla fueron detenidos en acciones distintas del Operativo Enjambre, una estrategia federal que investiga presuntos vínculos entre autoridades locales y estructuras criminales dedicadas al robo de transporte de carga, extorsión y otros delitos de alto impacto.
La ofensiva contra las redes que presuntamente utilizan estructuras municipales para facilitar actividades criminales llegó este lunes a Puebla. Autoridades federales confirmaron la detención de dos alcaldes en el marco del Operativo Enjambre, aunque cada caso está relacionado con investigaciones distintas.
Uno de los detenidos es Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, quien fue capturado durante un operativo realizado en ese municipio. La acción incluyó 23 órdenes de cateo ejecutadas de manera simultánea por instituciones federales y autoridades estatales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rodríguez Ochoa está entre las nueve personas detenidas por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos también se encuentran Abigail Contreras Camacho, quien hasta el 1 de septiembre se desempeñaba como directora de Seguridad Pública municipal, y Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde. Las autoridades investigan si existía una posible red de protección que facilitaba las operaciones de la organización criminal.
El despliegue permitió además asegurar 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos, cuatro de ellos blindados, así como otro vehículo con blindaje artesanal y torreta. También fueron decomisados ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
La carretera Puebla-Veracruz se encuentra entre los corredores de mayor importancia para el transporte de mercancías del país y también ha sido escenario recurrente de robos a transportistas. El problema no solo representa pérdidas económicas para las empresas, sino que expone a conductores y pasajeros a situaciones de violencia y secuestro.
La investigación apunta a una estructura conocida como Los Zúñiga, señalada por autoridades como responsable de numerosos robos en esa zona y con presuntos vínculos con otros grupos delictivos. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser acreditados ante las autoridades judiciales.
La segunda detención corresponde a Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, quien fue detenido el 4 de septiembre. La Jornada informó que el alcalde, integrante de Movimiento Ciudadano, enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
La situación de Godos Luna es distinta a la investigación contra Rodríguez Ochoa, aunque ambas detenciones fueron presentadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como parte de la misma estrategia federal contra posibles redes de protección criminal desde gobiernos locales.
El Gobierno de Puebla respaldó el despliegue y aseguró que existe coordinación entre las autoridades estatales y federales. El gobernador Alejandro Armenta reiteró que la administración estatal mantendrá una política de cero impunidad y apego a la ley ante cualquier posible vínculo entre servidores públicos y grupos delictivos.
El Operativo Enjambre busca precisamente intervenir en ese punto vulnerable: las relaciones que pueden establecerse entre funcionarios, corporaciones de seguridad y organizaciones criminales. La estrategia contempla cateos y órdenes de aprehensión contra servidores públicos cuando existen investigaciones que apuntan a posibles actos de corrupción, protección criminal o participación directa en delitos.
La magnitud del despliegue en Esperanza muestra el alcance de la operación. Nueve personas fueron detenidas y se realizaron 23 cateos, mientras que el arsenal y los vehículos asegurados dan cuenta del nivel de organización que las autoridades atribuyen a la estructura investigada.
Pero las acusaciones todavía deben atravesar el proceso judicial. La detención de un funcionario no equivale por sí misma a una sentencia y corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de cada uno de los señalados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
El caso, sin embargo, vuelve a poner bajo los reflectores la seguridad de los municipios poblanos y la necesidad de revisar la actuación de sus cuerpos policiales. El propio Gobierno estatal ha llamado a fortalecer la coordinación institucional, mientras que legisladores locales y federales han reclamado que las investigaciones se realicen con transparencia y sin distinciones partidistas.
La jornada deja así una señal política y de seguridad contundente. Dos alcaldes de Puebla están detenidos y una investigación federal busca establecer hasta dónde llegaron las presuntas redes de protección alrededor de organizaciones dedicadas a delitos que afectan directamente a uno de los principales corredores carreteros del centro del país.
