Bogotá, 2 mar (EFE).- La Procuraduría (Ministerio Público) pidió este sábado que la designación como “gestor de paz” del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que llegó esta semana a Colombia deportado de EE.UU., no afecte sus compromisos con la Ley de Justicia y Paz.
“En manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo son y seguirán siendo las víctimas”, afirmó la coordinadora de nacional de Justicia y Paz del órgano de control, citada en un comunicado.
Mancuso llegó el martes a Bogotá procedente de EE.UU., de donde fue deportado tras cumplir una condena por narcotráfico, y aseguró que acatará “las condiciones restrictivas” que le imponga la Justicia de su país.
El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó en un vuelo chárter de deportados que aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y ahora tendrá que comparecer ante la Justicia por decenas de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Mancuso fue designado “gestor de paz” por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el Gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento frustrados
El viernes asistió a la primera parte de una audiencia a una audiencia, que se prevé termine el lunes, ante una jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz de la capital colombiana, que decide si lo deja en libertad o no.
En ese sentido, la Procuraduría considera que si se le concede la libertad a Mancuso se le debe restringir la movilidad en Colombia para garantizar los derechos de las víctimas.
Para el Ministerio Público no fijarle restricciones a sus desplazamientos supondrá “una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.
Vida criminal de Mancuso
Mancuso dejó las armas en 2006, al igual que el grueso de los integrantes de las AUC, grupo responsable de la mayoría de los crímenes cometidos durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad.
Su desmovilización se hizo tras una negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que lo extraditó en 2008 a Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares porque seguían dedicados al narcotráfico.
En ese país, Mancuso fue condenado en 2015 a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico.
Sin embargo, en marzo de 2020 el juez estadounidense que lo sentenció dio por cumplida la pena al convalidarle como parte de la condena los dos años que estuvo encarcelado en Colombia así como los que pasó en prisión en Estados Unidos a la espera de juicio.
Como parte del acuerdo de las AUC con el Gobierno, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
