La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó un proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a fin de regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.
Recalcó que la iniciativa que plantea es la que presentó el senador Pablo Gómez Álvarez, también del PRD, el 13 de abril de 2010, con el propósito de plantear una política salarial del gobierno que en estos momentos de recorte presupuestal, evitaría la discrecionalidad existente en la política de sueldos de la llamada “alta burocracia”.
Desde la tribuna senatorial, apuntó que un modo de dignificar la función pública es otorgar sueldos adecuados y transparentes, evitar prebendas y privilegios de los funcionarios de altos niveles, “quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al Poder Legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley”.
La legisladora se pronunció por la eliminación de privilegios como seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago del seguro de separación y eliminar plazas.
Además, propuso dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos por telefonía celular; remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para los funcionarios, son compromisos ineludibles en un estado democrático.
La propuesta plantea definir el concepto de servidor público de la Federación, así como precisar que las remuneraciones que reciba sean las adecuadas con el desempeño de sus funciones y proporcional a sus responsabilidades.
Además, establece que el concepto de remuneración o retribución como toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación; liquidación por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran por razón del cargo.
Entre otros planteamientos, prevé determinar las bases para las remuneración de los servidores públicos, en donde nadie reciba una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la Republica en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que nadie tenga una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, así como establecer que las remuneraciones se determinarán anualmente en el PEF.
Cabe destacar que la senadora recordó que, desde el 24 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución, para establecer las bases de un criterio que ordene las percepciones de servidores públicos y se erradique todo tipo de discreción con que se asignen los salarios de funcionarios públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles.
No obstante, a casi cinco años sin que se haya aprobado la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de dicha reforma, se sigue violentando la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población.
