La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles actos de tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco. La protesta exigía una solución a los problemas de calidad del agua que denuncian habitantes de la zona metropolitana y terminó con 39 personas detenidas, según cifras oficiales.
Solicitan investigar las detenciones y posibles agresiones
La denuncia fue presentada el jueves 15 de octubre y está firmada por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente para América Latina y el Caribe de la CIDHPDA. El documento solicita investigar posibles delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso de autoridad, detención arbitraria y otras presuntas irregularidades en el desempeño de servidores públicos.
La organización pidió que las autoridades federales esclarezcan las circunstancias de las detenciones y determinen si hubo agresiones contra los manifestantes. También solicitó que se garantice a las personas involucradas el acceso a defensa jurídica, atención médica y protección de sus derechos fundamentales.
La CIDHPDA planteó, además, que se revise el uso de recursos públicos destinados a infraestructura hidráulica, saneamiento y potabilización del agua. Asimismo, pidió la intervención de los organismos nacional y estatal de derechos humanos.
La presentación de la denuncia no significa que los delitos señalados estén acreditados. Corresponderá a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas.
La protesta terminó en enfrentamientos y detenciones
La movilización se realizó el domingo 11 de octubre y reunió a miles de personas que recorrieron calles de Guadalajara para reclamar agua de mejor calidad en sus hogares. La concentración concluyó frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se registraron enfrentamientos con elementos de seguridad.
Durante el operativo, policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes. Las autoridades reportaron 39 detenciones, mientras que personas detenidas y organizaciones civiles denunciaron agresiones y posibles irregularidades en el procedimiento.
El gobernador Pablo Lemus defendió inicialmente la actuación policial y atribuyó los incidentes a la presencia de un supuesto grupo de choque. Sin embargo, el 13 de octubre reconoció deficiencias en el operativo, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, y anunció investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.
Para el 13 de octubre, el gobierno estatal había informado que las 39 personas detenidas recuperaron su libertad. La liberación, sin embargo, no resuelve por sí misma las denuncias sobre el trato recibido durante el operativo ni determina si hubo violaciones a los derechos humanos.
La calidad del agua mantiene la inconformidad ciudadana
La manifestación se originó en las denuncias de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara sobre el agua que reciben en sus viviendas, a la que describen como turbia, con mal olor y, en algunos casos, con características que consideran incompatibles con su uso doméstico seguro.
Organizaciones civiles han señalado que el problema afecta a numerosas colonias y han cuestionado la infraestructura de distribución y los procesos de potabilización. También han difundido denuncias sobre la posible presencia de contaminantes, aunque la composición y el nivel de riesgo deben establecerse mediante análisis técnicos de las muestras y la información de las autoridades sanitarias y del agua.
La crisis hídrica ha incrementado la presión sobre el gobierno estatal para que garantice el suministro de agua de calidad y transparente las medidas adoptadas para atender las fallas del sistema.
Continúan las investigaciones sobre la actuación policial
Además de la denuncia presentada ante la FGR, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió actuaciones relacionadas con los hechos y solicitó medidas para proteger la integridad y los derechos de las personas detenidas.
Por su parte, el gobierno estatal anunció una revisión interna del operativo policial. La investigación federal solicitada por la CIDHPDA busca determinar si los hechos denunciados constituyen delitos de competencia federal o si deben remitirse a otras autoridades conforme a sus atribuciones.
El caso mantiene abiertas dos exigencias ciudadanas: esclarecer las posibles violaciones a los derechos humanos durante la protesta y ofrecer respuestas verificables a las denuncias sobre la calidad del agua en Guadalajara y su zona metropolitana.
