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Prohibición de maíz transgénico ‘decepciona’ a Estados Unidos

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México prohibirá el maíz genéticamente modificado para alimentar animales

 

NOTIPRESS.- Estados Unidos dijo estar ‘decepcionado’ por el anuncio del Gobierno de México, de dar marcha atrás en el plazo para la prohibición de maíz genéticamente modificado (GMO) para alimentación animal y uso industrial. Sin embargo, México mantuvo sus planes de prohibir el grano transgénico para el consumo humano.

Andrés Manuel López Obrador instruyó el lunes 13 de febrero de 2023 a las autoridades de bioseguridad a revocar y negar autorizaciones para el uso de grano de maíz GMO para uso humano. La decisión del mandatario mexicano entró en vigor el 14 de febrero, de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, dijo que estaba eliminando su fecha límite de enero 2024 para poner fin a las importaciones de maíz GMO para alimentar animales. El país compra alrededor de 17 millones de toneladas de maíz, en su mayoría transgénico de Estados Unidos cada año.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsak, dijo estar revisando “cuidadosamente” el nuevo decreto mexicano en relación con el producto agrícola. Asimismo, aseguró que trabajará con el Representante de Comercial de Estados Unidos (USTR) para asegurar que el comercio basado en ciencia esté “firme”.

Tras el decreto, el gobierno estadounidense dio al gobierno de México hasta el jueves para explicar la razón científica detrás de su decisión.

Alexis Taylor, subsecretaria FAS del Departamento de Agricultura, aseguró que la prohibición puede provocar pérdidas bilaterales al sector agrícola por miles de millones de dólares. En entrevista con NotiPress en agosto de 2022, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado (CANAMI), señaló que la decisión representaría un faltante de 18 millones de toneladas del producto.

Prohibir el maíz GMO podría costarle a México más de 11 millones de dólares en crecimiento, según un estudio de World Perspectives. Después de 10 años de que la política entrará en vigor, el país podría perder más de 56 mil empleos.